Israel ha intensificado sus bombardeos y devastadores ataques en toda Gaza tras conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la ONU. La ofensiva ha tenido como principales objetivos Rafah, junto a la frontera egipcia y donde se agolpan centenares de miles de desplazados, y Jan Yunis, la mayor ciudad de la mitad sur de la Franja de Gaza, donde Tel Aviv quiere aniquilar la última resistencia de Hamás a su invasión, aún a costa de acabar también con la población civil.

Los hospitales en Jan Yunis son objetivo militar para los soldados israelíes y la situación en instalaciones sanitarias como las del centro Nasser es desesperada, sin medios ya para atender a las decenas de heridos que ingresan de forma continuada. Las lluvias de los últimos días han agravado las pésimas condiciones en que viven los desplazados, con infecciones respiratorias que se suman a las enfermedades estomacales por el consumo de agua no potable.

En Jan Yunis, ciudad de 90.000 habitantes, se habían refugiado cerca de medio millón de desplazados del norte de Gaza, expulsados de sus casas por el Ejército israelí. Ahora, las fuerzas ocupantes pretenden que todos esos palestinos salgan también de Jan Yunis y huyan hacia el extremo sur de la Franja, pese a que está igualmente bajo las bombas israelíes.

Un genocidio “verosímil”, pero que no amerita un alto el fuego

El dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dejó claro este viernes que hay pruebas para concluir que algunas de las acusaciones de genocidio vertidas sobre Israel "son plausibles". Una realidad de perogrullo que se masca en Gaza desde hace casi cuatro meses de guerra. Más de 26.000 muertos civiles, de ellos al menos 10.000 niños, y cerca de 65.000 heridos lo evidencian.

Genocidio y limpieza étnica, como muestra también el desplazamiento forzoso del 85% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza, que se encuentran en una ratonera mortal donde no llega apenas ayuda humanitaria.

Ni siquiera aunque lo exija la ONU, a cuyo secretario general, Antonio Guterres, Israel ha descalificado de forma recurrente y sobre cuyos trabajadores en Gaza el Gobierno israelí ha lanzado una sombra de sospecha que amenaza el funcionamiento futuro de Naciones Unidas en los territorios palestinos.

Israel debe "evitar" un genocidio, pero sin detener la guerra

El fallo de La Haya reclama a Israel que adopte "medidas inmediatas y efectivas" para permitir la llegada de asistencia humanitaria a Gaza y "castigar" la incitación al genocidio de los palestinos. Una incitación propagada por ministros israelíes que reclaman la erradicación de todos los palestinos de Gaza y su ocupación por colonos judíos.

La CIJ pide a Israel que haga "todo lo posible" para evitar un genocidio y que no se cometa ningún acto equiparable. Sin embargo, y esta es la victoria de facto de Israel, la CIJ no ha exigido ni siquiera instado a un alto el fuego en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha indicado que ni siquiera la CIJ va a obligar a Israel a detener la guerra. También se ha felicitado de que la CIJ no haya condenado el derecho israelí para defenderse, con lo cual los ataques de este sábado vendrían amparados por la ONU, según la interpretación torticera de Israel. "Estamos luchando una guerra justa", ha alegado Netanyahu.

Ciertamente, a pesar de su carácter universal, la Corte Internacional de Justicia, el máximo instrumento judicial de la ONU, carece de poder para hacer cumplir sus dictámenes, por muy vinculantes que sean. Israel ha ratificado la Convención contra el Genocidio y, aunque fuera por una mera cuestión moral, debería aplicar lo que La Haya falló este viernes.

Pero poca moralidad se le puede exigir a un Estado que ataca hospitales, centros de refugiados, columnas de personas hambrientas que piden comida o barriadas enteras cuya destrucción ha convertido Gaza en un paisaje lunar. Los bombardeos de las últimas horas contra civiles subrayan más si cabe esa intención genocida que no se atrevió La Haya a condenar directamente.

Y menos se puede hacer cuando un Estado ha decidido culpabilizar a toda una población, la palestina, por las atrocidades cometidas en territorio israelí el 7 de octubre por milicianos de Hamás, que dejaron 1.200 muertos, por mucho respaldo que se diera a ese grupo islamista en las elecciones de 2006 que lo llevaron al poder.

Ni siquiera la brutalidad aplicada por Hamás en ese ataque, cargada de torturas, violaciones y asesinato de niños, le da derecho a Israel a desatar una venganza total contra el pueblo palestino. Los 26.000 muertos civiles, con otros 8.000 desaparecidos entre los escombros de las ciudades arrasadas en Gaza, dan muestra de esa desproporción.

Sin alto el fuego, el dictamen de la CIJ no tiene sentido

Sin un alto el fuego, ninguna de las medidas demandadas por la CIJ a Israel podrá ponerse en práctica, señaló el Gobierno de Sudáfrica, que encabezó la demanda por el genocidio en curso. Aunque los sudafricanos califican el anuncio de la CIJ como "un hito importante en la búsqueda de justicia para el pueblo palestino", si no se puede aplicar queda en papel quemado, como ha llegado a reconocer irónico algún miembro del Gobierno israelí.

Estados Unidos, el mejor aliado de Israel y proveedor de muchas de los proyectiles de artillería, balas y misiles que están siendo utilizadas en Gaza, consideró positivo el dictamen de la CIJ, calificó como "infundadas" las acusaciones de genocidio vertidas contra Israel y valoró que el tribunal no decidiera finalmente pedir un alto el fuego.

La Unión Europea fue más crítica y recordó a Israel que las órdenes de la Corte Internacional de Justicia "son vinculantes", a la par que reclamó su aplicación "inmediata". La mayor parte de los Estados árabes han exigido también a Israel que cumpla los términos del dictamen de la CIJ.

¿Una oportunidad para negociar una tregua?

Todos ellos subrayan que al menos La Haya no desestimó la demanda de Sudáfrica. El asunto no va a cerrarse y se seguirán estudiando en la CIJ los acontecimientos que ocurren en Gaza y las matanzas en las que sigue empeñado Israel.

Una esperanza es que el contexto abierto por el fallo de la CIJ lleve a buen puerto las escabrosas negociaciones para alcanzar un alto el fuego temporal que se llevan a cabo desde fines de diciembre.

Este fin de semana, se reúnen las respectivas cúpulas de los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses junto a mediadores de Catar y Egipto para estudiar una tregua de entre uno y dos meses que incluya la liberación de los 130 rehenes israelíes y de otras nacionalidades aún en poder de Hamás desde el 7 de octubre. Cerca de un centenar de rehenes fueron ya liberados en noviembre, en aquella primera tregua de una semana.

Israel acusa a empleados de la ONU de connivencia con Hamás

En estos momentos hay, sin embargo, un hándicap que puede frustrar cualquier intento de tregua. Israel ha acusado a empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) de haber participado en la masacre del 7 de octubre y de ser miembros de Hamás, la milicia autora de los asesinatos cometidos ese día en territorio israelí.

La ONU ha despedido a la docena de trabajadores bajo sospecha en tanto se dirime su eventual implicación en las matanzas y este paso ha sido el pistoletazo para que varios países, entre ellos EEUU, Canadá, Reino Unido, Australia, Finlandia e Italia, hayan suspendido la entrega de fondos para la UNRWA, la agencia internacional que más ayuda está suministrando a los territorios palestinos, en concreto a Gaza.

Israel ya había acusado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la UNRWA y a algunos países críticos con las masacres israelíes de alinearse con Hamás. Sin embargo, estas nuevas acusaciones han dado a Israel la mejor arma para apuntar a la ONU y desactivar las condenas que este organismo viene realizando contra Tel Aviv desde que lanzó su ofensiva en Gaza.

Hamás ha negado que el personal de la ONU colabore con sus milicias, pero nadie da un ápice de veracidad a una organización calificada como terrorista por EEUU, la Unión Europea e incluso Egipto, e involucrada directamente en las matanzas del 7 de octubre en territorio israelí.

La UNRWA está financiada por las donaciones de los Estados miembros de la ONU. Sus casi 30.000 empleados en Gaza ayudan con refugio, agua, comida y medicinas a la población palestina. Ahora los amigos internacionales de Israel consideran que se puede juzgar todo el trabajo de la UNRWA, que ha salvado la vida a miles de personas, por la posible acción criminal de una docena de sus trabajadores.

Israel ha ido más lejos. Su ministro de Exteriores, Israel Katz, ha acusado a la UNRWA de estar vinculada a Hamás y de proveer refugio a terroristas, por lo que sus directivos "deben ser destituidos e investigados".

La ANP llama al alto el fuego para aplicar los dictámenes de La Haya

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), el otro partido apoderado en territorio palestino, en este caso en las partes no ocupadas de Cisjordania, ha mostrado su indignación ante la credulidad mostrada por los países que han suspendido su financiación de la UNRWA sin que hayan concluido las investigaciones de la ONU sobre sus empleados relacionados con Hamás.

La ANP, preocupada porque estas acusaciones contra la UNRWA acaben tapando el la masacre en curso en Gaza, ha exigido "un alto el fuego inmediato" en la guerra entre Israel y Hamás, como "única manera" de cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En un comunicado, la ANP ha denunciado que "la continuación de la guerra genocida en curso" contra el pueblo palestino responde a "una clara intención israelí de completar la destrucción de la Franja de Gaza a fin de convertirla en un lugar inhabitable".