"Desde Izquierda Unida proponemos que haya una modificación del marco general de la regulación del mercado eléctrico en Europa, porque sabemos que es el elemento que permite que haya esta desproporción de precios de la luz". Son palabras de Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida, en octubre del año pasado. La guerra en Ucrania estaba a cuatro meses de estallar, aunque por aquel entonces pocos los vaticinaban. La factura de la luz comenzó ya en el periodo post-coronavirus a dispararse. Y el Gobierno de Pedro Sánchez hizo de la batalla energética su gran apuesta en una Comisión Europea que consideraba la crisis sobre la energía como algo temporal y no estructural.

Las iniciativas presentadas por Madrid se topaban en la capital comunitaria con rechazo, e incluso con sorna. Desde la delegación neerlandesa llegaron a calificar a Sánchez como un "Don Quijote" intervencionista. Y la Comisión Europea reiteraba una y otra vez que el mercado eléctrico, en vigor desde los últimos 30 años, funcionaba a la perfección. El tiempo y, sobre todo, la guerra en el Viejo Continente han terminado dando la razón a la Península Ibérica.

Desde Izquierda Unitaria llevan tiempo advirtiendo que las compañías energéticas están llenando sus bolsillos a costa de los consumidores. Y ya la propia presidenta de la Comisión Europea, alemana y conservadora, asume esta realidad. "Las grandes empresas de petróleo, gas y carbón también están obteniendo enormes beneficios. Y por eso tienen que pagar una parte equitativa: tienen que aportar una contribución contra la crisis", aseguró Von der Leyen hace un mes en su discurso sobre el estado de la Unión.

Bruselas hace suyas muchas demandas de La Moncloa. Unas medidas que los de Sánchez definen como "inspiradas" desde el sur. Aunque lo hace más por obligación que por convicción. Las consecuencias de la guerra han dejado patente que el mercado eléctrico europeo, tal y como está estructurado, opera bajo una gran opacidad y es muy volátil ante escenarios como la incertidumbre energética y los intermitentes cortes de gas ruso orquestados desde el Kremlin.

La gran cita sobre la respuesta a la crisis energética se libra el viernes en la cumbre informal de Praga. Los 27 líderes de Estado y de Gobierno debatirán las medidas para abordar los inciertos inviernos que están por venir. La UE llega con las reservas de gas llenas al 90% de su capacidad. Pero tras esta temporada invernal habrá que volver a inyectarles gas. Y ahí pueden surgir los problemas o las carreras individuales para asegurarse el suministro. Por ello, una de las medidas que propone el Ejecutivo comunitario es orquestar una compra conjunta de gas, como ya se hizo con las vacunas durante los primeros embates del coronavirus. Esta es una de las iniciativas con marca España.

Pero el gran elefante en la habitación es el límite a los precios del gas. Esta es la medida estrella para frenar un mercado que no para de pulverizar récords, aunque en los últimos días se ha estabilizado. Por un lado, la Comisión Europea se abre por primera vez a extender la excepcionalidad ibérica al grueso de la UE. Es decir, a desacoplar el precio del gas del coste total de la electricidad.

Bruselas siempre ha sido escéptica a esta medida alegando que fomenta el consumo de gas. Eso sí, de hacerlo quiere imponerlo de forma temporal y hasta que se acuerde un nuevo índice sorbe Title Transfer Facility (TTF) neerlandés, que marca el precio de referencia global del gas en Europa. El sistema energético europeo actual está estructurado de una forma en la que la energía más cara marca la del resto. Y el gas, que está disparado, arrastra a otras fuentes más baratas.

El gran centro de debate y división en la cumbre informal será, no obstante, el límite al precio del gas. España y otros 14 Estados miembros quieren extenderlo a todo el gas importado. Y Bruselas ya no se cierra en banda como hacía recientemente. Pero otro bloque liderado por Alemania teme que ello produzca desabastecimiento y prefiere continuar pagando altos costes. Todo ello llega en la misma semana en la que el canciller alemán Olaf Scholz ha anunciado un macropaquete de ayudas por valor de 200.000 millones de euros para proteger a sus empresas y consumidores.

Esta bazuca financiera ha desatado enormes preocupaciones en Bruselas y en capitales como Madrid o París, que temen que se distorsione el mercado interior creando una carrera a dos velocidades de sálvese quien pueda. "La política energética no debe dictaminarse por Alemania y debe servir a los intereses de todos los Estados miembros", ha afeado desde Praga Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco.

Sánchez dice "reconocerse" en las medidas presentadas por Bruselas para la cita del viernes: tope al gas, compra conjunta de gas, intervención del mercado y reforma estructural del mercado. La decisión final y cómo se materializará todo ello llegará tras el debate de unos Estados miembros que llegan divididos. Rego ya califica de "insuficientes" estas "medidas que no acaban de concretarse". "No obstante, reconocen, apuntan y señalan algunas cuestiones que desde la izquierda llevamos denunciando y exigiendo que se aborden antes incluso de la guerra para resolver el problema energético de la UE", afirma.

El decálogo de la Izquierda

"Tras un año con los precios de la energía disparados en Europa, las instituciones europeas continúan sin proteger a los hogares y a las compañías con reformas urgentes que van posponiendo mes tras mes. Es el momento de dejar de hablar y cambiar radicalmente en modelo energético de la UE por uno más justo, más limpio y con más control público", asegura la Izquierda en el Parlamento Europeo. 

Así, el grupo parlamentario ha presentado la iniciativa Power to People: un nuevo modelo energético para Europa, que recoge diez medidas para hacer frente a la crisis actual. Entre ellas destaca la adopción de un tope al precio de las energías menor que los 180 euros MegaWatio/Hora que propone la Comisión, teniendo en cuenta que antes de la guerra el costo medio rondaba los 50 euros. 

Una de sus grandes demandas es fortalecer el control público y la transparencia de una industria que opera con mucha opacidad y poca rendición de cuentas. La quinta pasa por acordar un mínimo vital de suministro energético con cuotas que tengan en en cuenta la situación particular de las clases más vulnerables. La otra pata pasa por impulsar la apuesta por las renovables y sacar el gas y la nuclear de la etiqueta de energías limpias. Y la última petición aboga por subir los salarios, el escudo social y las pensiones y no las facturas en un momento de inflación récord.