"No siento la necesidad de hablar ahora sobre lo ocurrido. Tanto la acusación como las alegaciones se hallan todavía en una fase preliminar de investigación, así que he optado por dejar que el proceso siga como está. Ya tendremos la oportunidad de pronunciarnos en el lugar apropiado". Quien habla de ese modo al diario Público es el capitán Vincent Panuelos, uno de los tres policías filipinos a los que la fiscal Honey Delgado imputa el asesinato del empresario y deportista coruñés Diego Bello, abatido a disparos el 8 de enero de 2020 en la isla de Siargao.

Al igual que los otros dos acusados, los sargentos Ronel Azarcon Pazo y Nido Boy Esmeralda Cortés, el supuesto cerebro de la presunta encerrona criminal que terminó con la vida del gallego, disponen de plazo hasta este lunes para presentar las alegaciones oportunas y defenderse de las graves acusaciones recogidas en un informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación (NBI).

Son tantas y tan acreditadas las pruebas que apuntalan su implicación en crimen que los allegados del empresario coruñés no albergan dudas de que los tres terminarán sentándose en un banquillo y respondiendo de sus actos. En todo caso, la decisión final depende todavía de lo que dictamine la Justicia filipina, una vez oídas tanto las alegaciones de los presuntos asesinos como las contraalegaciones que presente después la acusación.

Perjurio y falsificación de pruebas

Además del crimen, la fiscalía filipina les imputa los delitos de perjurio y de falsificación de pruebas. Se apoya, entre otras cosas, en un demoledor informe elaborado por una organización filipina de Derechos Humanos y conocido ya desde hace varios meses. Las pesquisas efectuadas por los investigadores de esa organización independiente desmontaron con testimonios de testigos, pruebas de balística y rigurosos datos forenses la ficción de los agentes que le descerrajaron seis balazos cuando Diego se disponía a entrar a su vivienda de la población de General Luna, de regreso del trabajo, mientras su novia Jinnah le aguardaba con su hija en el interior de casa.

Panuelos se mantiene en su versión de que Diego era un narcotraficante al que dispararon en defensa propia, a pesar de que las nuevas averiguaciones realizadas por el NBI han demostrado de forma fehaciente que el gallego era ajeno al mundo de las drogas y que la pistola que, según la policía, obraba en su poder, no le pertenecía y estaba en realidad inscrita a nombre de un ciudadano de Manila. Ni siquiera la trayectoria de las balas es consistente con la ficción creada ad hoc por los agentes implicados para justificar el crimen.

¿Quiénes son los dos sargentos imputados por la policía junto al capitán? Hasta la fecha, nadie sabe nada de ellos. Ni siquiera aparecen mencionados en el atestado elaborado por Panuelos. Sin embargo, una testigo filipina, próxima a la víctima y a sus allegados, ha reconocido el rostro de Nido Boy Esmeralda Cortés como uno de los policías presentes en la escena del crimen. Se da por hecho que tanto él como el también sargento Ronel Azarcón Pazo fueron los ejecutores directos del crimen. La familia ignora también por qué no se ha imputado al resto de los agentes identificados por el propio informe de Panuelos.

"El atestado no especifica quién hizo los disparos", nos dice el tío de la víctima, Francisco Lafuente. "Panuelos se limita a consignar que respondieron a los tiros de Diego. Aparecen mencionados, aparte del capitán que firma el atestado, otros dos supuestos miembros de la brigada antidrogas y un tercer agente que certifica la legalidad de lo que hicieron". La presunta intervención de agentes de la agencia antidrogas filipina ha sido también desmentida gracias a las pesquisas llevadas a cabo por el NBI, lo que apuntala la idea de que el atestado de Panuelos es una sarta de patrañas de las que deberá ahora responder.

El caso de Diego Bello llevaba el característico marchamo de barbarie de los escuadrones de la muerte apadrinados por el presidente Duterte. Los secuaces del viejo han sembrado de cadáveres todo el país con la intención de limpiarlo de narcóticos y erradicar como a bacterias a los drogodependientes. Nadie entre los amigos del gallego pone en entredicho que su asesinato despiadado se ha intentado encubrir mediante una opaca pantalla de mentiras.

Pero el caso de Diego Bello no es el único que la Justicia filipina pretende revisar. En total, son 52 los expedientes reabiertos, lo que induce a pensar a la familia que las gestiones preliminares son más el resultado de la necesidad que tiene el país de lavar su imagen, que de las presiones llevadas a cabo desde las diferentes instituciones españolas para que se esclarezca la muerte del coruñés.

"Supongo que las gestiones hechas desde aquí habrán ayudado, pero está claro que Duterte está respondiendo en realidad a todas las presiones internacionales que se están ejerciendo en vísperas de unas nuevas elecciones presidenciales a las que no puede concurrir de nuevo. Había un informe de la comisión de derechos humanos que no podían ignorar", señala Lafuente. "De momento, los acusados siguen libres y en breve se decidirá si se les encausa o no".

La guerra contra la droga de Duterte se ha cobrado ya, según fuentes no oficiales, más de 30.000 muertes. Diego Bello no es tan siquiera la primera de las víctimas de la policía de Siargao. Un juez llamado Dapa que aparecía en una lista de 163 funcionarios implicados en el tráfico también fue fulminado por los sicarios del presidente.

Villafuerte, de rositas

Por otro lado, aunque la familia y los allegados de la víctima coinciden en que estas gestiones preliminares son un avance relevante respecto a la situación anterior, todos tienen serias dudas acerca de la determinación y capacidad de la Justicia filipina para tirar de la madeja hasta el final y apuntar hacia todos los culpables. Dan por cierto que, en efecto, los tres policías imputados por la fiscalía, y quizá alguno más, fueron los directos ejecutores del supuesto crimen, pero igualmente sobreentienden que la idea de asesinar a Diego no partió de ellos.

"No creo que hubiera órdenes de una instancia superior, pero sí un encargo", apunta su tío. Y entre los nombres de la gente que se habían enfrentado a Diego destaca el de Miguel Luis Reyes Villafuerte, gobernador de Camarines Sur, más conocido como Migz. "Lo que está claro es que Panuelos no tiene escapatoria porque fue él quien firmó ese atestado plagado de falsedades y perjurios. Los otros dos implicados lo tienen mejor porque ni constan en él, ni firmaron nada", añade Lafuente.

De momento, el capitán Panuelos ha seguido llevando su normal existencia, concentrado, sobre todo, en sus labores policiales y en un proyecto agrario para el desarrollo de las comunidades locales de la isla de Siargao al que dedica el grueso de sus intervenciones en las redes sociales. Los allegados del coruñés intuyen, sin embargo, que "se halla en una situación tremendamente complicada" porque, de una parte, siente la amenaza de la Justicia de su país y de otro, la de quien quiera que le encomendara el crimen. Ni siquiera descartan que "termine tirando de la manta para salvar su pellejo".

Entre las verdaderas razones con las que sus amigos especulan existe una que lidera la lista de sus suspicacias: la probada enemistad personal de Diego con el ya citado gobernador Villafuerte y con su novia, una excandidata filipina a Miss Universo llamada Rachel Peters. ¿Fue Bello la víctima de un niñato malcriado e inmaduro, arrogante, prepotente, impulsivo, poderoso y emparentado con una dinastía de políticos muy cercana al sátrapa Duterte? Ni la familia ni los amigos de Diego desean que se descarte tal extremo.

Se sabe, por ejemplo, tal y como se dio a conocer en un amplio reportaje de investigación divulgado en Público hace varios meses, que Migz se presentó con su pareja y un guardaespaldas a la una de la madrugada de un día de agosto de 2019 en La Santa, uno de los negocios que Bello regentaba en Siargao, junto a otro español llamado Arturo, para amenazar de muerte a los españoles. El coruñés se hallaba en aquel momento ingresado con dengue en un hospital de Manila, así que fue Arturo quien habló con Migz.

El gobernador de Camarines y su pareja venían supuestamente a quejarse del volumen de la música que, según decían, producía su negocio. El tono fue cordial por un segundo, pero adquirió enseguida un carácter agresivo que delató la visceralidad de Villafuerte. "¿No sabes quién soy yo? No sabes lo que puedo hacer con vosotros, chicos. Sois tres, ¿no es cierto? ¿Dónde están los otros dos? Puedo dispararos, haceros desaparecer y arrojar [vuestros cadáveres] al manglar", le espetó Migz Villafuerte al socio de Bello, según consta en el informe de la Comisión filipina de Derechos Humanos.

Después del incidente, la propia Rachel Peters anduvo recogiendo firmas de vecinos de los aledaños para protestar por el ruido del local. Se dice que su novio escribió al presidente para informar de que Diego y sus amigos operaban un ruidoso negocio sin licencia que cerraba a altas horas de la madrugada.

La amiga de Diego, Rebeca Díaz, cree que quienes realizaron el encargo del crimen podrían irse de rositas y salir indemnes de la revisión del caso apadrinada por la fiscalía filipina. "Sin embargo, para nosotros es importante que reconozcan que fue un asesinato; que Diego no era un narcotraficante; que no hubo detención ni seguimiento y que, en definitiva, la policía ha mentido, lo que explica que la fiscalía haya reabierto el caso sin que nosotros interpongamos una denuncia".

Más simple de lo que parece

Díaz sostiene asimismo que las brumas que rodean a este caso podrían disiparse cuando se consideran ciertos hechos. "A mi juicio, todo esto es más sencillo de lo que parece. Había un grupo de personas a quienes no les interesaba Diego por lo que fuese y un policía, Vicente Panuelos, que podía beneficiarse y de hecho se benefició de su asesinato. Al poco de su muerte lo ascendieron y le pusieron una medallita y él mismo se descolgó en el Facebook vanagloriándose de la operación. Es decir, en su día, le vino de maravilla", afirma Rebeca. Por el mismo motivo, los amigos del coruñés creen que el capitán se halla amenazado por partida doble y probablemente tiene más que temer de quienes le realizaron el encargo que de la propia Justicia filipina. "Si no tiene miedo, debería tenerlo", afirman.

El coruñés tenía 32 años cuando murió desangrado en los accesos a su casa en la isla. Había pasado desde los diecisiete viajando por el mundo con la esperanza de encontrar un lugar en el que echar raíces. Si ese lugar no era Siargao se le parecía mucho. Pero apenas tuvo tiempo de disfrutar de su descubrimiento. En la isla, donde creó varios negocios de éxito, recaló apenas tres años antes de su muerte.

La familia tampoco alberga dudas de que el jefe de la comisaría de General Luna, Vicente Panuelos, miente para encubrir a los culpables y para ocultar su propia participación en el asesinato, ya sea por acción o por omisión. Existen testigos de que los agentes que presuntamente ejecutaron al gallego no solo no le increparon, sino que dispararon a matar deliberadamente y sin aviso previo. Ni la novia de Diego ni sus vecinos escucharon provocación alguna ni nada diferente al sonido de las balas que acabaron con su vida y una voz que afirmaba: "No, por favor, señor".

Las grabaciones de las cámaras de La Santa probaron tras su asesinato que fue la propia policía quien le plantó la riñonera y la cocaína que dijeron haber hallado en su poder, así como una pistola del calibre 45. Bello ni siquiera aparecía en la lista de traficantes y consumidores de droga del alcalde del barangay. Quienes le conocen y quienes le trataron aseguran que es imposible que hubiera trapicheado. Tendría que haber sido un necio para arriesgarse a atraer la ira de la policía cuando sus negocios navegaban viento en popa.

Tampoco la autopsia que se le practicó halló en su cuerpo rastros de consumo de sustancias durante, al menos, los seis meses precedentes a la fecha de su asesinato. Los forenses no detectaron pólvora en sus manos. El arreglo del jefe de la policía de General León fue una auténtica chapuza. En la única lista de narcotraficantes que aparece es en la del propio Panuelos, aunque no parece que precise pruebas para confeccionarla.

Todas las calumnias que vinculan al surfista coruñés con el tráfico de drogas han partido de él y han sido difundidas con la ayuda inestimable de un periodista local de Mindanews llamado Roel Catoto, el mismo que acusó a Diego de ser un violador y traficar sin pruebas y que omitió, curiosamente, el informe de la comisión independiente del Gobierno filipino que demostraba que Panuelos y sus compañeros están metidos en la trama criminal. Se halla plenamente demostrado que Catoto y Panuelos están conectados por vínculos de amistad.