El infierno tiene mil nombres. Dhahban, para desgracia de sus residentes forzosos, es uno de ellos. Así se llama una de las cárceles más siniestras del régimen saudí: detrás de sus muros se producen toda clase de violaciones a los derechos humanos. La electrocución y flagelación son dos de los métodos favoritos de los carceleros. Lo saben sus víctimas y lo sabe la comunidad mundial, gracias a las denuncias formuladas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Lo sabe también el Gobierno de España, aunque parezca precisamente lo contrario.

Arabia Saudí es sinónimo de dictadura, torturas y persecución política. También de negocio para la industria armamentística española: independientemente de los crímenes que comete dentro y fuera de sus fronteras –en Yemen se calculan ya más de sesenta mil muertos-, el Gobierno de Pedro Sánchez permite que se sigan comercializando productos de guerra con el tiránico régimen de la dinastía Al Saud.

“Estamos hablando de un país donde se cometen gravísimas violaciones de derechos, pero en el que priman los intereses económicos ligados a la venta de armas”, señala a Público el director de la sección española de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán. En su último informe, esta organización destacó que en ese país árabe “se detuvo a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos y personas críticas con el gobierno, y algunos fueron condenados a largas penas de cárcel en juicios sin las debidas garantías”. “Varios activistas chiíes fueron ejecutados, y muchos más fueron condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado”, subrayó.

Para distintos expertos, el reino saudí es la mejor muestra –aunque no la única- del doble rasero que impera en la política de relaciones internacionales desarrollada por España. “Arabia Saudí es, sin dudas, el ejemplo más bestial. En ese país se producen una serie de vulneraciones de derechos civiles que no se registran en Venezuela”, destaca el politólogo Alejandro Pérez.

No muy lejos de Arabia Saudí se encuentra otro régimen absolutista con el que España mantiene relaciones normalizadas: Emiratos Árabes Unidos. “Las relaciones entre España y EAU han sido tradicionalmente excelentes y han conocido en los últimos años un desarrollo notable tras la visita a Abu Dhabi del presidente Rodríguez Zapatero en octubre de 2011, la primera de un presidente de Gobierno española los EAU, y la visita de Estado de SM el rey Juan Carlos I en mayo de 2014”, subraya el Ministerio de Exteriores en la ficha sobre este país. En tal sentido, señala que “la relación bilateral atraviesa por un excelente estado que se plasma en los frecuentes encuentros celebrados entre ambos gobiernos a través del mecanismo de Consultas Políticas, de la Comisión Económica Mixta, de las numerosas visitas y de la colaboración en varios foros”.

El optimismo gubernamental choca con los datos disponibles en el informe 2017-2018 de Amnistía Internacional, en el que se señalaba que allí las autoridades restringen arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación, “valiéndose de leyes antiterroristas y sobre la difamación criminal para detener, enjuiciar, condenar y encarcelar a personas críticas con el gobierno y a un destacado defensor de los derechos humanos”. Además, “continuaban en prisión decenas de personas condenadas en juicios injustos, entre ellas presos y presas de conciencia”, al tiempo que “las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica”.

Israel y Marruecos

Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y autor de varias publicaciones sobre memoria histórica y derechos humanos, cita también otros dos países con los que España mantiene excelentes relaciones: Israel y Marruecos. “Son casos muy flagrantes, donde según Naciones Unidas se vulneran los derechos humanos”, subraya en relación a los ataques contra la población palestina por parte de Israel y la represión salvaje hacia los saharauis a cargo de Marruecos.

“Lo que ocurre es que hay un doble rasero en función del interés: en aquellos sitios donde tenemos potentes intereses económicos, bajamos el estándar, pero lo subimos donde no los tenemos”, afirma Escudero. Por su parte, Gonzalo Fernández, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y coordinador de la ONG Paz con Dignidad-Euskadi, lo resume con otra frase: “El dinero es el dinero”. “Al final, los gobiernos de turno asumen como propio los intereses económicos de las grandes empresas”, sostiene.

Desde las oficinas de la ONG vasca Mugarik Gabe (Sin Fronteras), Jesús González Pazos apunta que ese doble rasero es “evidente” en la propia América Latina. “Guatemala está en una situación de casi autogolpe de estado –subraya-. Su gobierno lleva meses intentando expulsar a la Comisión Internacional de Lucha Contra la Corrupción que se conformó a instancias de las Naciones Unidas, y allí se violan continuamente los derechos humanos”. “En este caso, el Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que el anterior, no ha amenazado ni dado ultimátums”, remarca.

Las cartas de Amnistía

Tampoco se sabe si el presidente habló de derechos humanos con el presidente de China, Xi Jinping, durante el encuentro que ambos mantuvieron a finales de noviembre pasado en Madrid. Lo cierto es que antes de esa reunión, Amnistía Internacional dirigió una carta al Gobierno español para que tuviera en cuenta ese asunto. Beltrán indica que se trata de una práctica habitual “cada vez que un presidente o el ministro de Asuntos Exteriores se reúne con representantes de un país donde hay graves violaciones de los derechos humanos”. “Lo hicimos con China, lo acabamos de hacer con México, lo hemos hecho con Venezuela y también con la visita del Parlamento Europeo a Nicaragua. También lo haremos con la próxima visita del Rey de Marruecos”, comentó.

El responsable de AI en España remarcó que esta organización “no toma posición ninguna sobre la crisis de legitimidad en Venezuela”, ni tampoco se posiciona “sobre si el Ejecutivo español debe reconocer o no a determinado gobierno”. “No es una cuestión de romper con unos o abrazar a otros, sino que se tenga una cierta coherencia en la política española en materia de derechos humanos en sus relaciones con otros países”, precisó.

Para el politólogo Héctor García, la pregunta debería ser “con qué estados no mantiene relaciones España por violaciones a los derechos humanos”. A su juicio, “la política internacional es muy hipócrita”. Además del caso de Arabia Saudí, el experto también advierte sobre la situación con Marruecos: “se impone siempre el interés de vecindad por encima de las violaciones que comete el régimen, ya sea con su propia población o con el Sahara”.

El ejemplo de Guinea Ecuatorial

A la hora de analizar este asunto, Natalia Millán, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), considera que en materia de política exterior existe una “agenda dura”, marcada por los intereses que tanto los gobiernos del PSOE como del PP han considerado fundamentales: “la economía (básicamente en forma de negocios de las empresas); la provisión energética (mantener relaciones con países de los que dependemos energéticamente) y la lucha contra la inmigración ilegal, que los estados europeos consideran un tema de seguridad y no de derechos humanos”. “Luego hay una agenda blanda de derechos humanos, que se considera secundaria y que se descarta totalmente cuando puede entrar en colisión con la agenda dura”, explica.

En un informe elaborado en 2014 junto al profesor de Ciencias Políticas de la UCM Guillermo Santander, Millán identificó a Guinea Ecuatorial como uno de los ejemplos más claros de la política de España en materia de relaciones exteriores. “Es un país que tiene una dictadura férrea en la que se registra una vulneración sistemática de los derechos humanos”, remarcó a la investigadora a Público. A pesar de ello, los sucesivos gobiernos han mantenido estrechos vínculos con las autoridades de ese país. “A través de las relaciones diplomáticas y económicas, los diversos gobiernos españoles han mostrado su apoyo al régimen del presidente Obiang”, afirmaban ambos expertos en su informe.

Lejos del paraíso

¿Y dentro de casa cómo andamos? España, según coinciden en señalar los expertos consultados, también tiene sus sombras en materia de derechos humanos. Esteban Beltrán pone el foco en los perjuicios provocados por las políticas de austeridad en áreas como la salud o la vivienda, así como los recortes en materia de libertad de expresión que se produjeron gracias a la Ley Mordaza, ), con 73 mil sanciones impuestas en dos años y medio.

“Hablamos también de la inmigración, en la que apreciamos una doble situación: por un lado hay un discurso positivo de este gobierno sobre los inmigrantes, pero por otro lado estamos viendo cómo mantienen de forma injustificada a dos barcos sin que puedan ejercer sus labores de vigilancia en el mar de Libia, o cómo se producen devoluciones en caliente de personas que pueden ser maltratadas en Marruecos”, señaló.

Rafa Escudero agrega a esa lista la situación de las víctimas del franquismo, una materia en la que “Naciones Unidas le dice a España que lleva años sin cumplir la legalidad internacional”, mientras que Jesús Pazos, de la ONG Mugarik Gabe, recuerda que dentro de pocos días habrá varios independentistas catalanes en el banquillo. “Dar lecciones a Venezuela por parte del Gobierno español es, cuando menos, bastante discutible”, añadió.