El presidente electo de Argentina, el peronista Alberto Fernández, reconoce que tiene por delante un Gobierno complicado. El endeudamiento y la falta de confianza en la solvencia financiera del país, que han cerrado cualquier vía de financiación externa, se configuran como las dificultades más urgentes que debe afrontar la próxima gestión para estimular una economía deprimida y evitar la escalada de la pobreza y la desigualdad.

Quizás por eso Fernández ha evitado revelar durante estas semanas quiénes formarán parte de su Gobierno. La prioridad ahora consiste en que el actual presidente del país, Mauricio Macri, pueda llegar al final de su mandato, que expira el 10 de diciembre. Para que el país transite estas semanas sin desmoronarse, ambos líderes están obligados a trabajar en conjunto y a tratar de apaciguar los ánimos de las dos fuerzas que representan, ya de por sí muy polarizadas.

En primer lugar, los dos dirigentes podrían abocarse a renegociar juntos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) los términos del acuerdo que el Ejecutivo saliente acordó con la entidad el año pasado.

Se trata del préstamo más grande concedido por el organismo multilateral en toda su historia: 56.300 millones de dólares, de los que ha entregado hasta el momento 44.400 millones.

En base al programa de contingencia firmado en junio de 2018 que hubo que ampliar y renegociar tres meses después, el Fondo se comprometió a entregar 5.421 millones de dólares para mediados de septiembre. Ese dinero nunca fue transferido a Argentina, a la espera de que lo que sucedería en estas elecciones.

El líder del espacio opositor Frente de Todos, que llegará al Gobierno con la expresidenta y senadora Cristina Fernández como vicepresidenta, ha mantenido un tono duro con el FMI durante su campaña electoral, al punto de responsabilizarlo junto a Mauricio Macri del "estrago" que han causado en la economía argentina.

Tras una reunión que mantuvo con una delegación del organismo a finales de junio, Alberto Fernández advirtió que se habían fugado al exterior más de 30.000 millones de los 39.000 millones de dólares que fueron transferidos hasta el 30 de mayo. El dirigente peronista acusó al FMI de violar su propia Acta Constitutiva, dado que el artículo VI señala que "ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital".

Más allá del reparto de culpas, Fernández no esperará hasta su asunción formal para intentar aliviar el peso de la deuda externa. Sólo para 2020, el país afronta vencimientos de deuda por unos 22.000 millones de dólares. Sin otros acreedores externos, el presidente electo está forzado a dialogar con el FMI, institución que a su vez enfrenta un enorme descrédito por el fracaso de los programas de ajuste que acordó con el Gobierno saliente en pos de conseguir un equilibrio en las cuentas públicas.

La principal incógnita es cómo hará el futuro gobernante para estimular una economía vapuleada por un año y medio de recesión y reducir una inflación interanual del 53,5 % sin que el país tenga acceso a otras fuentes de financiamiento.

La situación de precariedad social que debe encarar Fernández también es muy delicada, con un 35,4 % de la población que malvive en la pobreza, unos 15,9 millones de habitantes. Uno de cada dos niños y adolescentes se ve privado de las garantías mínimas para subsistir con dignidad.

Fernández ha prometido que será una política de Estado el combate contra el hambre al hacer énfasis en la vergüenza que supone para el país el hecho de que pueda alimentar a 400 millones de personas pero no garantice lo indispensable para vivir a su propia población.

Energía y derechos básicos

El próximo presidente de Argentina dice estar preocupado por el cambio climático al tiempo que esboza entre sus prioridades un plan para potenciar la explotación del principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales que tiene el país en la provincia de Neuquén (suroeste), Vaca Muerta, que también fue crucial para el Gobierno de Mauricio Macri. El desarrollo de la minería también tendrá un papel jerárquico.

En el octavo país más grande del mundo, que además presenta condiciones óptimas para expandir la industria eólica o la solar, el líder peronista promete no descuidar las energías renovables, una industria que fue impulsada durante la actual gestión y que consiguió que el 5,9 por ciento de la generación eléctrica provenga de estos recursos.

En el ámbito social, Fernández no tendrá tantos pruritos ideológicos como Macri para garantizar ciertos derechos básicos. El movimiento feminista en Argentina no dejará que pase 2020 sin que se debata en el Congreso la legalización del aborto seguro y gratuito.

Por sus declaraciones, no parece que el presidente electo vaya a desplegar una política punitivista en torno a los estupefacientes. Está a favor de discutir su despenalización, bajo la óptica de que "la guerra a las drogas ha fracasado".

Para conseguir tramitar estas iniciativas y otras medidas de carácter social en el Congreso, Fernández deberá seducir a los 23 gobernadores que tiene el país y que son influyentes sobre buena parte de los legisladores del parlamento.

El dirigente peronista ha subrayado el perfil federal que tendrá su próximo Gobierno al afirmar que gobernará con todos ellos, pero los mandatarios provinciales suelen ser reticentes a impulsar cambios de esta índole por temor a que se erosione su apoyo popular en sociedades del interior que por lo general suelen ser más conservadoras.