En lo que va de año, más de 15.000 personas migrantes han sido interceptadas en el Mediterráneo central y devueltas a Libia por los llamados guardacostas de este estado fallido, en constante guerra civil desde 2011. Los números son inferiores a los de 2022, cuando la guardia costera libia frenó y devolvió a 24.700 personas. En 2021, los retornos superaron los 32.400 migrantes, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Este descenso paulatino se debe, entre otros factores, a que Túnez a sustituido este año a Libia como principal puerto de la salida de embarcaciones con migrantes hacia Europa. Las llegadas irregulares de migrantes, sobre todo a Italia, lejos de reducirse, han repuntado con fuerza, superando las 153.000 en lo que va de año, frente a las 105.000 que desembarcaron en 2022. Entre las razones que explican este cambio están las inhumanas condiciones a las que las personas migrantes son sometidas en Libia y la dificultad para cruzar el Mediterráneo sin que los guardacostas libios frustren el intento.

La política migratoria de la UE ha pasado en los últimos años por financiar, equipar y formar a los llamados guardacostas libios –y de otros países de tránsito– para que intercepten el mayor número de embarcaciones posibles antes de que sean rescatadas por las ONG o los equipos de rescate de países europeos. No parecen importar las reiteradas pruebas sobre torturas, venta como esclavos, violencia sexual, extorsión y ejecuciones sumarias de migrantes en los centros de detención de Libia. Allí son retenidos, incluidos mujeres y niños, por diferentes grupos armados, a menudo, los mismos que los guardacostas y con claros vínculos con las redes de tráfico de personas.

'Frontex y el barco pirata'

Mientras el Consejo Europeo encara la recta final del pacto migratorio de la UE, que apuesta aún más por esta política de externalización de fronteras, una investigación de varios medios internacionales, en colaboración con Ligthouse Reports, va más allá al probar la coordinación de Frontex –la agencia europea de control de fronteras– y de Malta con un grupo armado libio para interceptar y devolver migrantes a Libia, donde vuelven a sufrir esta espiral de violencia.

La investigación, titulada Frontex y el barco pirata, cuenta con información confidencial y conversaciones de radio a las que han accedido. Frontex y el Gobierno de Malta, revela este trabajo, comparten sistemáticamente la ubicación de pateras con la milicia libia Tareq Bin Zeyad (TBZ). Este grupo armado está liderado por Saddam Jafter, hijo del general y señor de la guerra libio Jalifa Hafter, enfrentado al Gobierno paralelo de Trípoli (reconocido por la ONU y Turquía). TBZ está considerado un grupo armado peligroso, implicado en crímenes de guerra, vinculado al grupo paramilitar ruso Wagner, al contrabando y envuelto en las expulsiones al desierto de Níger de migrantes en Libia.

"Encontramos informes confidenciales que muestran que los estados de la UE son conscientes de la naturaleza ilícita de muchas de las actividades de TBZ, incluida la trata de personas. En un informe de la UE se reveló que la milicia cuenta con el apoyo del grupo militar privado ruso PCM-Wagner", dice la investigación.

Esta milicia opera en el Mediterráneo desde mayo con un barco también llamado TBZ. Según esta investigación, el buque ha bloqueado en el mar y devuelto a Libia a más de 1.000 migrantes. El equipo coordinado por Lighthouse Reports analizó varias de estas operaciones de rescate, en las que Frontex solo alertó al buque TBZ o las autoridades libias en Trípoli de la ubicación de las barcas, que después son abordadas por esta milicia. A pesar de que buques mercantes o barcos de rescate de las ONG están más cerca de las pateras que la milicia Libia, ni Frontex ni Malta ni, en ocasiones, Italia les piden que se acerquen a los migrantes en peligro.

Estas prácticas ya han sido denunciadas por varias ONG de rescates de migrantes en el Mediterráneo central, aunque las pruebas de Lighthouse Reports son las más sólidas presentadas hasta la fecha. 

"Vas a morir aquí"

El equipo de medios también pudo entrevistar a siete supervivientes de estas embarcaciones interceptadas por TBZ. Todos relataron torturas, trabajos forzados y pago de rescates durante su regreso a Libia y después, cuando eran encerrados en "grandes prisiones" y golpeados "con palos y barras de hierro". "Lo que nos hizo este grupo no está permitido, fue esclavitud. Nos vendieron a empresarios para que trabajáramos gratis para ellos", relata uno de los migrantes interceptados por TBZ el pasado julio.

Los relatos son similares a los recogidos por el personal de Médicos Sin Fronteras (MSF), que ha prestado atención sanitaria básica desde 2016 en varios centros de detención de migrantes en la región libia de Trípoli, donde operan otras milicias y guardacostas financiados por la UE.

La ONG publicó esta semana un informe titulado Vas a morir aquí, en el que documenta abusos, malos tratos y violencia sexual contra migrantes en dos centros de detención entre enero y agosto de 2023. "Seguimos horrorizados por lo que vimos en los centros de detención de Abu Salim y Ain Zara", asura Federica Franco, coordinadora general de MSF en Libia. "La gente estaba totalmente deshumanizada, expuesta cada día a condiciones y tratos crueles y degradantes", añade.

En el centro de detención de Abu Salim, destinado a mujeres y niños, los testimonios hablan de "cacheos sin ropa, registros corporales íntimos, palizas, agresiones sexuales y violaciones" por parte de guardias y de hombres, a menudo armados, que fueron traídos desde fuera del centro de detención.

"Esa noche, la guardia me dijo que, si mantenía relaciones sexuales con un hombre, podría salir. Empecé a gritar. Me golpeó con un tubo y me llevaron de nuevo con las otras mujeres. Allí me dijo: vas a morir aquí", aseguró una mujer retenida en Abu Salim. 

"En esta prisión, los hombres vienen durante la noche para abusar sexualmente de las mujeres y algunas de ellas aceptan tener relaciones sexuales, con la esperanza de que eso facilite su liberación. A mí no vinieron a llevarme por la noche porque estaba muy enferma cuando estuve allí. No nos dejan tener teléfonos para que no grabemos lo que nos hacen. Nos pegan con palos. Cuando llegué, me enteré de que dos mujeres habían muerto debido a su pésimo estado de salud. Y una se había suicidado cortándose las venas", continúa el relato.

Entre enero y julio, MSF documentó al menos 71 incidentes violentos por los que sus médicos trataron fracturas óseas, heridas en brazos y piernas, ojos morados y problemas de visión. La ONG obtuvo información sobre al menos menos cinco muertes en el centro de detención de Ain Zara como consecuencia de la violencia o de la falta de acceso a atención médica vital. Además denuncia 62 incidentes de interferencia en la asistencia médica de MSF, como violaciones de la confidencialidad médica o la confiscación de artículos de primera necesidad.

También exponen la escasez de agua y comida en los centros, el uso de pañales improvisados con bolsas de plástico para los bebés o de mantas y camisetas a modo de compresas y tampones.

MSF decidió interrumpir su actividad médica en la región de Trípoli debido a los constantes problemas de acceso a estos centros.