La guerra de Rusia y Ucrania ha dejado importantes consecuencias en el sector energético europeo debido a la dependencia que el viejo continente tiene de la importación de gas y petróleo rusos. La incertidumbre ha avivado los discursos pronucleares y desde la derecha se pone el foco en esta tecnología como la receta indispensable para combatir la dependencia de Moscú. 

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha utilizado su intervención de este miércoles en el Congreso para ensalzar el papel de las nucleares. "Se van a aparcar durante un tiempo la obsesión de género y los dogmas de la religión climática", ha dicho en referencia a la guerra. "Saben en Francia, Alemania e Italia que hay que volver a potenciar nuestra capacidad energética, incluyendo la nuclear. Mientras, aquí, cerramos las centrales nucleares y volamos las centrales térmicas", ha añadido.

Las palabras del dirigente ultraderechista, que llevan días repitiéndose en las redes sociales, atribuyen a las tecnologías nucleares la capacidad de emancipar a España a del poderío energético de Rusia, país que envía el 4,6% del petróleo que se utiliza en el Estado y el 9,8 del gas, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). 

La nuclear, sin embargo, no es una salida viable si se tiene en cuenta que esta tecnología requiere de un mineral poco disponible y que seguiría uniendo a España con Moscú: el uranio. Los datos de Statista estiman que el 53% del uranio que el Estado compra proviene de Rusia, seguido de Nigeria (27%) y Canadá (9%). Los datos de Foro Nuclear, el lobby del sector en España, sitúan la dependencia de las importaciones rusas en un porcentaje más bajo, el 38%.

"Continuar prolongando la vida de las nucleares está muy lejos de darnos la independencia energética. Más allá de la publicidad de los sectores pronucleares, es evidente que en la mayoría de países, incluida España, el ciclo del uranio no se puede producir de manera completa. Es decir, no tenemos toda la extracción y generación de elementos para combustible dentro del territorio. Hay muy pocos países que puedan tener uranio de manera independiente", indica Javier Andaluz, experto en Energía de Ecologistas en Acción. 

En España, la extracción de uranio llegó a su fin en diciembre del año 2000 con el cierre de las minas de Saelices el Chico y la producción de concentrados en llegó a su fin en noviembre de 2002 con el cierre de la planta de procesamiento de Quercus. Desde entonces se ha intentado reactivar la apertura de la minería de uranio en el municipio salmantino de Retortillo, pero el Gobierno tumbó el proyecto en 2021 después de que el Consejo de Seguridad Nuclear emitiera un informe donde se hablaba de la "escasa fiabilidad y las elevadas incertidumbres" de este centro extractivista. "No deberíamos afirmar que tener uranio o tener energía nuclear nos hace independientes de las importaciones extranjeras. De hecho, en nuestras planificaciones, el uranio se considera un factor que no nos da seguridad energética porque no se produce dentro de nuestras fronteras", agrega Andaluz.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Gobierno establece, después de prorrogar algunos años la vida útil de las centrales, que los reactores deberán cerrar de manera escalonada entre 2027 y 2035 en España. La longevidad de las instalaciones requeriría de obras de reacondicionamiento y ampliar su peso –actualmente generan el 20% de la energía– construir nuevos reactores. Este punto es, quizá, uno de los grandes impedimentos desde el punto de vista técnico y económico.

La construcción de una central nuclear es un proceso largo que puede oscilar entre 10 y 20 años, por lo que apostar por estas tecnologías es un proyecto a largo plazo que suele llevar asociados sobrecostes importantes. Buen ejemplo de ellos es la central nuclear de Hinkley Point en Reino Unido, que se ha convertido en la construcción más cara de la historia de la ingeniería energética con cerca de 24.000 millones de euros, tal y como revelaba en 2017 El Periódico de la Energía. El ejemplo más reciente está en Finlandia: la central de Olkiluoto 3 (OL3) comenzó a operar en noviembre de 2021 después que las obras se alargasen 13 años más de lo previsto y tuvieran sobrecostes multimillonarios.