Este viernes, 28 de mayo, se cumple un mes desde que los colombianos ocuparon las calles de sus ciudades y bloquearon numerosas vías rurales. El detonante fue una reforma tributaria, que terminó siendo retirada pero a lo que se fueron sumando reivindicaciones, especialmente la del derecho a la protesta sin represalias.

Mientras tanto, se espera que el Gobierno permita la llegada al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar la situación. El lunes pasado, la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, declaró en Washington que Bogotá sí dejará entrar a esa misión, pero todavía no.

La visita de monitoreo de la CIDH tendrá lugar cuando los organismos de control y la fiscalía hayan adelantado su tarea, según Ramírez. No será antes del 29 de junio, fecha en que se celebrará una audiencia pública de oficio sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Entretanto, el Gobierno de Duque se compromete a enviar información específica solicitada por la CIDH sobre las protestas.

Pero la CIDH ha vuelto a insistir; le urge hacer la visita. Quiere observar el tratamiento de guerra antiterrorista que le está dando el Gobierno de Iván Duque al paro nacional (huelga), un estallido social de marca mayor y un hito histórico en la cronología de las insurrecciones populares de este país.

Según cifras oficiales, entre el 28 de abril y el 20 de mayo, un millón y medio de personas en 794 municipios (de un total de 1.204) han participado en, al menos, 9.623 manifestaciones. De cada cien protestas, en promedio, hay incidentes en 19.

Al reiterar la necesidad de su visita a Colombia, la CIDH resaltó que "en al menos 1.038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza".

En casi cuatro semanas, del 28 de abril al 24 de mayo, el observatorio ciudadano Temblores da cuenta de 43 asesinatos atribuibles a la fuerza pública, 46 jóvenes que han perdido sus ojos por los disparos de los agentes antimotines, 1.388 detenidos arbitrariamente, 595 ataques violentos contra protestas pacíficas y 165 casos en los que fueron usadas armas de fuego contra manifestantes.

La cifra de desaparecidos resulta intolerable: 133 nada más entre el 28 de abril y el 4 de mayo, según el grupo de periodismo investigativo Cuestión Pública.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó el 14 de mayo que en los primeros 17 días de protesta social registró 87 casos de violencia contra mujeres y personas de orientación sexual diversa.

La violencia policial más desconcertante es en las ciudades, especialmente en Cali y su vecina Yumbo, Popayán y Pereira, todos al occidente del país, además de Bogotá y su vecina Soacha. Pero los estallidos de violencia saltan sin avisar de un punto a otro del mapa. En Tuluá, en el norte del Valle del Cauca, departamento del cual Cali es capital, al anochecer del martes 24 ardió el palacio de justicia, aparentemente incendiado por manifestantes.

Reluciente armamento antimotines ultramoderno y nunca visto en Colombia, diseñado para hacer sentir a la gente que está inerme en un campo de batalla, pero el cual, si no se usa según las instrucciones, puede causar muerte o mutilaciones. Gas lacrimógeno en mitad de la noche contra viviendas donde hay niños y ancianos, y mil atropellos más.

En Cali asomó las orejas un asunto delicado: jóvenes atléticos con camiseta blanca se que movilizaban en camionetas Toyota, también blancas, bajo la mirada impertérrita de la policía, atacaron a bala indiscriminada a la respetada Guardia Indígena, armada con bastones ceremoniales adornados de cintas de colores.

La Guardia había sido invitada a Cali para garantizar el paso humanitario en las barricadas, tal como estaba acordado con el comité regional de la huelga.

De los desaparecidos, aparecieron muertos por lo menos dos. Eran muchachos de la llamada Primera Línea en Cali, según contaron por las redes sociales sus compañeros.

Primera Línea son los chicos (también hay chicas) que se organizaron para proteger a los manifestantes ante la brutalidad de la policía. Su misión es aguantar el ataque de los antimotines para dar tiempo al resto de los manifestantes de echar a correr. Su labor es arriesgada.

La Primera Línea se protege con escudos artesanales hechos de trozos de latón y los que tienen suerte llevan cascos de ciclista y gafas industriales de protección. Tiran piedras. Tienen caucheras. Pero nunca comienzan, son reactivos.

El ensañamiento de la policía contra la Primera Línea hizo surgir el movimiento Madres de la Primera Línea, mujeres que con su presencia buscan proteger a los jóvenes. Su indumentaria de protección es aún más precaria que la de los jóvenes, pero sus escudos son más uniformes, pintados primorosamente de un solo color. A comienzos de esta semana, un grupo de Madres de la Primera Línea fue atacado en Bogotá por los antidisturbios, que dispararon directamente sobre ellas una granada aturdidora.

Luego está la Segunda Línea, que opone resistencia a los antimotines, usando incluso bombas molotov, pero no armas, como afirma el gobierno para intentar comprobar a toda costa su tesis de que esta es una huelga de terroristas. La policía los provoca con una violencia sólo vista por los campesinos, indígenas y comunidades negras en las antiguas zonas de guerra. Los sacan de casillas incluso empujando y maltratando gratuitamente a las mujeres, para que los muchachos reaccionen. Cuando lo hacen, queda la escena servida: son vándalos.

"Seguiremos insistiendo en que se dé la anuencia" a la visita de la CIDH a Colombia, dijo Omar Romero, de Sutimac, el sindicato de industria de la producción cerámica y cementera y miembro del CNP, en una transmisión por Facebook el 25 de mayo, al cierre de los diálogos que lograron el preacuerdo con el gobierno.

En 14 meses de hibernación por la pandemia, Colombia ya supera los 85.000 muertos por la covid-19. La pobreza brincó del 35,7% al 42,5% y la pobreza extrema está en el 15,1%, según el DANE, entidad oficial de estadísticas.

La misma fuente informó en marzo pasado de un desempleo del 16,8% en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas: un aumento de 3,4 puntos en un año. El desempleo entre las mujeres ronda el 20%.

La indignación tuvo su propia medición en la reciente encuesta Invamer, que mantiene a Duque en el 76% de impopularidad. En contraste, el 89% apoya la huelga.

El Comité Nacional de Paro (CNP) ha condicionado cualquier negociación a que cese la violencia contra los manifestantes. Ha sostenido nueve intensas jornadas con Miguel Ceballos, un alto funcionario que en plena negociación renunció a su cargo, aunque Duque lo mantuvo como negociador.

En la primera fase del paro, iniciada en noviembre de 2019 (antes de la pandemia), el CNP entregó a la Presidencia un pliego de peticiones bastante amplio, acordado por un sinnúmero de sectores. Iván Duque dispuso entonces "dialogar", algunos sectores se entusiasmaron, pero no se alcanzó a llegar a nada y vino el confinamiento.

En junio de 2020, el CNP lo cambió por un "Pliego de Emergencia" de seis puntos y solicitó al presidente conformar  "una comisión negociadora de alto nivel, con poder de decisión para llegar a acuerdos".

Pero la emergencia de entonces fue rebasada por la de ahora. Ahora, lo más urgente es parar la matanza y frenar la declaratoria de conmoción interior, una figura que conculca derechos y da poderes omnímodos al presidente.

Quedaron estructurados 16 temas con 39 incisos. Apuntan a reformar la policía antimotines, atender por cuenta del Estado a los jóvenes heridos y fijar garantías para la protesta social.

La paradoja es que el funcionario Ceballos, después de tanto esfuerzo conjunto, ya no puede decidir nada, después de haberse enfrentado públicamente con el propio expresidente ultraconservador Álvaro Uribe, el verdadero poder detrás del trono.