Se instaló una "jungla de cemento" en Abya Yala y, pasados 23 días, las aguas del río bajaban color café. Dalila Argueta cuenta que ni las vacas ni los perros bebían de allí. A ella y a su comunidad no les quedó "otro remedio que luchar para defender la tierra".

Abya Yala es el nombre más antiguo conocido hasta el momento para designar al territorio de América Latina. El apelativo nunca fue asimilado por los colonos europeos, lo que supuso que el término se acabase convirtiendo en un símbolo de la resistencia indígena.

Los defensores de la tierra son, según define Amnistía Internacional, "personas que alzan la voz para proteger los derechos relacionados con el medio ambiente y el territorio. Suelen ser dirigentes o salvaguardas de comunidades, cuyos derechos y bienestar intentan defender el aire, el agua, la tierra, el territorio y los bosques de la destrucción o la contaminación". Según Global Witness, 212 defensores fueron asesinados en 2019, el mayor número de muertes registradas desde que se firmó el Acuerdo de París. Esta cifra supone un promedio de cuatro víctimas a la semana.

Argueta, de 34 años, es de Honduras y defensora de la tierra y forma parte de la comunidad de Guapinol, en el Departamento de Colón, localizado al norte del país. La zona está dentro de un parque nacional de reserva forestal, en el que, en 2017, se instaló la empresa extractora, también hondureña, Inversiones Los Pinares. Según denuncia Dalila a Público, el Gobierno de Juan Orlando Hernández, extraditado a EEUU acusado de lavado de activos, cedió ese mismo año 400 hectáreas a la empresa para sus labores mineras.

"Cuando empezamos a investigar, a ver los daños [de otras industrias] en Guatemala y los perjuicios que había en otras partes de nuestro país, casi nos da algo. Era lo que le iba a pasar a nuestro río", declara Dalila. "Esta empresa tenía la planta procesadora más grande de Latinoamérica, e iba a estar a 100 metros de nuestro río. No sabíamos que tenía una concesión dada por 20 años para explotación", cuenta.

Según narra la activista, "Guapinol no sabía qué era estar en contra de un proyecto extractivo, no teníamos ni puta idea de lo que conllevaba, ni sus consecuencias". Lo que tenían claro era que iban a defender el agua de su río. Fue una lucha contra toda una estructura: "Hicimos manifestaciones en la calle, tomamos la municipalidad para que se escucharan nuestras exigencias, para que se viese que no estábamos gritando ante oídos sordos. Toda nuestra comunidad dormía fuera en la calle, haciendo acciones y no teníamos respuestas ni del gobierno ni de nadie. Pero, realmente ¿A quién les debíamos justicia? ¿Acaso se la debíamos a quién había entregado nuestro territorio?".

Según narra la activista, aliados con las autoridades hondureñas, ciertos miembros de la empresa extractora comenzaron a amenazar insistentemente a los defensores de la comunidad. La tensión estalló en unos enfrentamientos que acabaron con once presos, según indicó la ONU. Estos detenidos fueron privados de su libertad de forma ilegal. Dichos defensores fueron "víctimas de una detención arbitraria y de una persecución penal infundada, derivada únicamente de sus actividades de defensa legítima del derecho al agua y a un medio ambiente sano en Honduras", denunció, por su parte, Amnistía Internacional.

Las amenazas, los asesinatos reiterados a defensores ambientales, la intimidación y, sobre todo, el miedo, asegura, la empujaron al exilio. "Hay muchas cosas que no puedo contar. Mi vida estorbaba", relata. "La lucha en Honduras, ser defensor de derechos humanos o ambientalista o participar en cualquier acción de defensa en Honduras implica tener cada dos por tres la bala en la cabeza". Después de recibir tres alertas, y respaldada por la Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras, huyó de su hogar.

Dalila llegó a Madrid el 4 de abril de 2019 y se desplazó a Zaragoza, donde fue acogida por el colectivo 12N. Ella cuenta que tuvo que cambiar su tierra por el cemento de la ciudad. "Yo pensaba: No quiero esto, yo soy de agua, de río, yo soy de montaña y era una desesperación, había muchos momentos de decir quiero volver a casa", recuerda.

Un espacio en construcción

Fue en medio de esta desesperación cuando conoció la Casa de las Defensoras de Basoa, un espacio en construcción. Olatz Talavera, de 35 años, una de sus fundadoras, explica a Público que el lugar "es un espacio que pretende acoger a defensoras en una comunidad apoyada por activistas con instrumentos para la reflexión y enriquecer el movimiento popular para que la lucha siga". "Una casa comunitaria para el encuentro de defensoras y activistas de derechos migrantes, en tránsito o permanentes, alojadas o no. Un espacio solidario que procura su descanso, y su retaguardia, su refugio y su voz", señalan desde Basoa.

Tal y como indican los creadores de este proyecto, la palabra basoa en euskera significa "bosque" y "simboliza el ecosistema más rico, salvaje y libre de la naturaleza". Dalila llegó al valle de Arratia, en Bizkaia, el 13 de enero de 2021. "Solo con el paisaje que vi entrando a Euskal Herria, el olor a tierra mojada, el verde... Me enamoré", detalla.

El proyecto fue construido "por personas de muchos espacios: del movimiento feminista, ecologista, antimilitarista, bases de la iglesia", enumera Olatz. Ella, individualmente, formaba parte de este último y también de la Red Artea. Dicho proyecto está destinado a la acogida de migrantes y otras personas en situación de vulnerabilidad.

"Llega un momento en el que nos damos cuenta de que la gente que va llegando aspira a esa Europa capitalista. Nosotros teníamos esa conciencia de entender que si nuestros modos de consumo en el Estado español requieren de dos planetas, no tenemos dos planetas", detalla Olatz. Fue está reflexión la que impulsó la fundación de la Casa de las Defensoras.

"Es muy hermoso saber que construyes para los tuyos, para toda aquella que está en mi misma situación", cuenta Dalila. Ella fue la primera en llegar y vivir en la casa, aunque por este mismo espacio "han transitado defensoras, han dormido, han pasado estadías, unas porque han venido de gira, otras porque son parte de las actividades que se programan dentro de Basoa para llevar a cabo sus jornadas (...) En Basoa hubo muchas defensoras, más de 40 activistas de Argentina, Uruguay, El Salvador, Guatemala, México…".

Ese es el caso de Ana Lucía Ixchiú Hernández, considerada una de las defensoras más destacadas de Centroamérica por su activismo en la lucha indígena. Ella, de la misma forma que Dalila, ha tenido que exiliarse en Euskadi. Ana Lucía cuenta a Público que en su estancia temporal en Basoa ha dado "algunas charlas de sensibilización" y también ha podido "hacer encuentros feministas, hablar de los espacios, de las miradas diversas, hacer intercambio con mujeres activistas", pero sobre todo agradece poder denunciar lo sufrido en su territorio "derivado del trabajo en defensa de la tierra, de la vida y de los derechos humanos".

Defensa del territorio

El 4 de octubre de 2012, la Policía guatemalteca reprimió duramente el territorio Cumbre de Alaska, contra una manifestación que denunciaba el monopolio de la energía eléctrica de la empresa privada Unión Fenosa, ahora Naturgy. Hubo una masacre en la que el Ejército asesinó a siete personas y dejó otras 40 heridas. A día de hoy, esta represión todavía sigue sin recibir justicia. Fue en este momento en el que el Ejército del país atacó su comunidad, en el que Ixchiú se volvió activista. Desde ese año, su vinculación tan estrecha con la defensa del territorio y su actividad como periodista comunitaria acaban comprometiéndola cada vez más. "Una o dos veces al año hemos sido agredidas en nuestro ejercicio, yo en mi ejercicio periodístico", explica.

"El racismo que hay en Guatemala es brutal para la población indígena. La forma en la que nos retrataron y cómo se expresaron sobre nosotros con la masacre es lo que me lleva a mí a decidir ser activista, defensora de derechos humanos, y sobre todo periodista y contar nuestra propia historia", explica.

Fue en 2019 cuando la represión la sobrepasó. Ana Lucía estaba con su comunidad manifestándose contra la tala ilegal. El acto derivó en una trifulca y ella y su hermana resultaron heridas. Una situación límite, que al igual que miles de defensores, la condenó al exilio. "No somos las únicas personas exiliadas de Guatemala, están saliendo defensores, están huyendo jueces y fiscales por la persecución que hay al trabajo que se está realizando", denuncia.

Solicitud de asilo

Ambas activistas tienen actualmente aceptado su asilo en España, pero defienden la importancia de espacios como Basoa para tramitar su amparo en el país. "Para nosotras ha sido un espacio de mucho respaldo en momentos de crisis y de acompañamiento en nuestro caso de solicitud de asilo y extranjería", declara Ana Lucía Ixchiú Hernández.

La Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria en su artículo tercero, establece que "la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país".

Apenas dos meses después de llegar a Zaragoza, Argueta comenzó el proceso de asilo. "Se hizo el análisis y se decidió: no había retorno porque corría demasiado peligro", explica. El suyo fue un proceso largo de tres años "de pruebas, de cartas, de testimonios de todas las organizaciones" que respaldaban todo su testimonio. Una odisea burocrática en la que tuvo que demostrar que la estaban "matando y persiguiendo", y en el que, además, se sintió completamente desamparada. Un estudio de Univision Investiga analizó a la empresa extractora Inversiones Los Pinares y el destino final del mineral que se extraía de Guapinol. Entre los compradores estaban Europa y EEUU. "Yo lloraba de cólera porque le estoy pidiendo a un Estado que me proteja mientras está comprando el mineral a esta empresa. Estoy pidiéndole al enemigo que me cuide", reflexiona Dalila.

Tejer vínculos

"Me parece bastante importante tener una asociación de defensoras porque necesitamos consejos, el apoyo, sobre todo entre mujeres", reclama Ixchiú.

Según han explicado ambas defensoras, después de tener que exiliarse de sus países y encontrarse en una tierra completamente nueva, lo más común es que se sientan solas y, en muchos casos, desamparadas. Es por ello que valoran el trabajo que hacen desde el valle de Arratia y agradecen que puedan contar con el apoyo de otras personas que están en su misma situación. "Es muy importante que nosotras podamos vincularnos de ese modo. Basoa nos ha permitido tejer vínculos con redes de personas que están llevando a la práctica la solidaridad internacional", explica Ana Lucía Ixchiú Hernández.

"Me alegra poder estar aquí para quien me necesite, porque no sólo necesitamos comida y techo, también espacios para elevar nuestras voces. Aquí no se habla mucho de esto porque nuestras luchas están allá. Hay que mantener la vida en las calles para luchar por este capitalismo consumista que hay que deconstruir", denuncia Dalila.

En sus territorios, la defensa es parte de su vida y para ellas la lucha es "todos los días del año". Es una batalla de la que han tenido que huir para salvar sus vidas pero que, gracias a proyectos como Basoa que les apoyan y les dan voz, pueden "fomentar la solidaridad, tan necesaria, entre las defensoras" que se encuentran exiliadas, según Ixchiú. "No solo peleo, por mí o por mi territorio; para mí todas son mis hermanas y toda es mi lucha", denuncia Dalila.