Dos semanas después de haber sido rescatados de morir ahogados en el Mediterráneo, 42 personas, incluidos 3 menores sin ningún familiar, siguen a bordo del barco humanitario SeaWatch-3, esperando a unos pocos kilómetros de la isla italiana de Lampedusa a que Italia u otro país europeo les país autorice a atracar en un puerto seguro. No es una espera placentera, el pasado domingo la guardia costera italiana tuvo que ofrecer asistencia médica de emergencia a uno de los rescatados a bordo; diez ya fueron trasladados a un hospital unos días antes.

Pero los 42 del SeaWatch-3 han tenido suerte. 581 personas han muerto o desaparecido intentando viajar a Europa por mar o tierra en lo que va de 2019, según ACNUR, el organismo de la ONU para los refugiados. “Todos estamos frustrados y tristes”, se lamenta Sophie Mageniss, jefa de la unidad de políticas y apoyo legal en la Representación de ACNUR para Asuntos Europeos, en declaraciones a Público. “Tenemos que terminar con la estrategia del ‘barco a barco’”.

Desde 2014, más de 17.800 personas han muerto en su intento de buscar una vida mejor al otro lado del Mediterráneo. Solo en lo que va de año, más de 31.000 personas han llegado al continente; 11.400 a España.

Los números están muy lejos del millón de migrantes y refugiados que llegaron a Europa en 2015 y cada año son menores, pero eso no quiere decir que la situación esté resulta. Solo el año pasado, 580.000 personas solicitaron asilo por primera vez en Europa; 53.000 de ellos en España, de entre los cuales más de 19.000 venezolanos.

Cuatro años después de la mayor oleada de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, los países europeos siguen sin ponerse de acuerdo para crear un sistema de asilo eficaz, advierten los expertos consultados. “Tenemos que actuar”, denuncia Mageniss, “¿por qué no utilizamos este tiempo de menores llegadas para aplicar las políticas necesarias?

Citas en 2022 para los que piden asilo hoy

Según Mageniss, lo primero que deberían hacer los países europeos es acelerar la gestión de las peticiones de asilo, que en la actualidad pueden llevar dos años o más. Los países europeos deberían introducir “algún tipo de mecanismo capaz de recibir muy rápido a las personas que llegan y de distinguir a los que quieren demandar asilo de los migrantes”, reclama.

Una identificación más rápida podría ayudar a aliviar el drama que se vive en algunos campos de refugiados en Europa, como el de Moria, en Grecia, cuyos habitantes lo han descrito como “un campo de concentración”, han dicho que habría sido “mejor morir ahogados”, y ha sido calificado como “vergonzoso” por Médicos Sin Fronteras.

7.300 refugiados en un campo con capacidad oficial para 3.000 se las ven a diario con problemas como las aguas fecales, “que corren libremente porque no hay capacidad para tratarlas”, en palabras de la periodista María Iglesias, que ha publicado un libro sobre sus vivencias en la isla de Lesbos, a la que viajó para informar de la situación en Público.

Para evitar esto, ACNUR reclama que las autoridades identifiquen rápidamente a los demandantes de asilo más vulnerables en las islas, y los trasladen al continente.

Atrapados en un campo de refugiados por falta de coordinación

La falta de coordinación entre las agencias nacionales y las agencias europeas de apoyo al asilo (EASO) y Frontex, que aumentará sus efectivos en 10.000 unidades de aquí a 2020, es una de las causas detrás de las largas esperas. El servicio de asilo griego se creó en 2013, con cinco oficinas en todo el país; hoy tiene 23. “Es un servicio muy reciente”, explica Hanne Beirens, directora asociada del Migration Policy Institute, un think tank localizado en Bruselas. “Intentan contratar a más gente, pero es difícil”.

Beirens dice que EASO intenta ayudar, pero la colaboración no ha sido siempre “tan positiva”. A veces los juzgados griegos desestiman informes preparados por EASO, lo que no ayuda mucho, explica. “Existe cierta limitación en cuánto puede crecer un instituto en tan poco tiempo”.

La representante de ACNUR, Sophie Mageniss, denuncia además que los países que se ven en apuros cuando tienen un gran número repentino de peticiones de asilo no piden tanta ayuda a la UE como deberían.

Los migrantes rechazados también sufren los largos procesos de gestión de las peticiones de asilo: “La gente se queda en un limbo. No pueden trabajar, al menos durante un período de tiempo. La integración se retrasa. Cuanto más tiempo esperan en un campo de refugiados, más difícil es para ellos encontrar un trabajo de nuevo en sus países de origen”, explica Beirens. El 62,6% de las solicitudes de asilo en la Unión Europea en 2018 fueron rechazadas en primera instancia.

Pero, según la Comisión Europea, en 2017 solo el 36,6% de las personas que recibían una orden de expulsión eran efectivamente devueltas a su país de origen. Esto crea un problema aún mayor: los llamados movimientos secundarios. Hay demandantes de asilo que, cuando reciben la carta de rechazo a su petición, viajan a otro país donde introducen una nueva demanda. Esto ha llevado a que varios países de la UE como Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria y Francia, hayan introducido controles en sus fronteras. “Es una amenaza a la misma supervivencia del sistema Schengen [que regula la libre circulación de personas en Europa]”, advierte Beirens. “Los países europeos deberían acordar un sistema para tratar a las personas que llegan a las fronteras externas”.

La UE lleva tres años intentado llegar a un acuerdo para un sistema de asilo, que incluiría la creación de una plataforma de desembarco común en el Mediterráneo, pero aún no lo ha conseguido. Y según Beirens, con el nuevo Parlamento Europeo, donde las fuerzas de la ultraderecha han ganado terreno, es todavía más improbable que se llegue a aprobar. “Lo que sí vemos más es la cooperación sobre el terreno: entre los Estados o con Frontex”.

Precisamente para expulsar más rápido a los migrantes que no tienen derecho a asilo, los países de la UE aprobaron hace unas pocas semanas el avance en la modificación de la Directiva de Retorno, que prohibiría a los países internar a migrantes en centros durante más de seis meses (en España, la ley no permite que estén más de 60 días). Una vez en vigor, la norma obligaría a las personas expulsadas a cooperar con las autoridades e incluiría una provisión que permite la devolución del migrante a un tercer país seguro con el que la UE tenga un acuerdo, aunque este no sea su país de origen.

Migrantes fuera de nuestras costas a cambio de dinero

La estrategia que sí está funcionando para reducir los flujos de migración hacia Europa, y posiblemente la razón detrás de los continuados descensos en las llegadas de los últimos años, es la política de externalización de la inmigración: la UE paga a Turquía, Marruecos o Libia para que sean ellos quienes impidan que los migrantes se echen al agua y evitar los muertos en el Mediterráneo.

El acuerdo con Turquía es el mayor firmado hasta la fecha: 6.000 millones de euros comprometidos para acoger cerca de 4 millones de refugiados. 600.000 niños se están integrando en el sistema escolar turco gracias a la ayuda de la Unión. Más recientes son los acuerdos con Marruecos y Libia, un país especialmente preocupante por la fragilidad del Estado, en plena guerra civil, y donde hay traficantes de personas y militares que están siendo reentrenados para convertirse en guardacostas, según Beirens.

Además, este tipo de acuerdos hace que los países europeos dependan de los africanos. “Dependemos de su voluntad de evitar que las personas vengan. Lo hemos visto en Marruecos: pueden usarlo como una herramienta de presión contra los países europeos para conseguir mejores acuerdos”, advierte la experta del MPI. “Pueden permitir que las personas se les escapen entre los dedos para poner presión en la UE. Con el acuerdo con Turquía hemos sentado un precedente en pagar grandes cantidades de dinero [para evitar que vengan los refugiados]”.

“Los países europeos deberían ayudarles en suelo europeo”, denuncia Mageniss, de ACNUR, quien pide a la UE que desarrolle sistemas de protección e invierta en terceros países para evitar que las personas tengan que emigrar en primer lugar.

Al menos sobre el papel, la Unión Europea parece querer tomar acción real para terminar con el drama. La política de migración será una de las cuatro prioridades de la UE para los próximos cinco años, según refleja la agenda estratégica firmada por los Veintiocho durante la Cumbre Europea del jueves pasado.

Pero mientras los políticos europeos intentan acordar sin éxito una política común de asilo, 42 personas siguen durmiendo sobre la cubierta del Seawatch-3, deambulando a 20 escasos kilómetros de las costas de Lampedusa. Italia les dice que vuelvan a Libia, un país sumido en el caos. Los que tienen menos suerte, se siguen hundiendo en el Mediterráneo a bordo de embarcaciones de goma.