El fantasma del exterminio político regresa a Colombia

BOGOTÁ.- Aída Avella viajaba en un coche blindado, que había sido incautado al cartel de Medellín, cuando fue atacada con un lanzacohetes en la Autopista Norte de Bogotá el 7 de mayo de 1996. Por aquel entonces Avella era concejal en la capital de Colombia por el partido Unión Patriótica (UP) y, a la postre, la única dirigente del partido que logró sobrevivir a los años de plomo del paramilitarismo en Colombia.

Entre 3000 y 5000 miembros de la UP, un partido que fue fundado por iniciativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante las negociaciones de paz de 1985, fueron asesinados en una década, entre ellos dos candidatos electorales. El partido acabó por abandonar su actividad política a finales de los 90 y las FARC, por su parte, regresaron al monte y continuaron su guerra contra el Estado durante 30 años más.

El recuerdo del exterminio de la UP ha vuelto esta semana a Colombia después de que cinco activistas favorables a los acuerdos de paz fueran asesinados en distintas partes del país, según denuncian diversas organizaciones sociales. El movimiento social Marcha Patriótica, que se reclama heredero político de la UP, denunció ante la Fiscalía colombiana este lunes el asesinato de 124 de sus militantes desde su fundación en 2012 en lo que consideran una “persecución sistemática”. Detrás de estos hechos, resurge de nuevo el fantasma del paramilitarismo y la mano negra de la extrema derecha colombiana.

Aída Avella regresó a Colombia en 2013, tras 17 años de exilio, y ahora preside la refundada UP. “Aquí tiene que haber un plan, porque se golpea en muchos sitios a la vez. Esto no lo hacen tres individuos locos, lo de la semana pasada fue un plan perfectamente coordinado”, opina Avella, en una entrevista para Público en la sede del partido, custodiada en todo momento por la Policía. “Es lo mismo que hicieron, con distintas personas, pero el mismo plan”, añade, en referencia a la masacre de militantes de la UP que la forzó a abandonar el país en los 90.

“No se puede hablar de un resurgir paramilitar, porque para nosotros no se fueron jamás”, aclara Carlos Camacho

El exterminio de la UP coincidió en el tiempo con el auge de los paramilitares, que se unificaron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1996. Dirigidas por el hoy fallecido Carlos Castaño, las AUC llevaron a cabo una campaña contrainsurgente por todo el país caracterizada por la brutalidad de sus acciones y su violencia indiscriminada contra la población civil. En 2006, durante la presidencia de Álvaro Uribe, las AUC se desmovilizaron y sus miembros recibieron desde indultos hasta penas de cárcel de un máximo de ocho años, exceptuando a aquellos que fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.

A pesar de que las AUC entregaron las armas y sus acciones militares a gran escala concluyeron con su desmovilización, otros grupos herederos han mantenido la presencia en distintos lugares de la geografía colombiana. Para Andrés Camacho, portavoz de Marcha Patriótica en Bogotá, “no se puede hablar de un resurgir paramilitar, porque para nosotros no se fueron jamás”. Él mismo tuvo que abandonar el país hace un año tras ser amenazado por su militancia política. “Las zonas donde se han venido operando estos asesinatos son las mismas que en los años 80, con acción u omisión de fuerzas militares. Ese patrón hoy se está repitiendo”, opina Camacho.

Dos de los asesinatos de este fin de semana tuvieron lugar en San Vicente del Caguán, a escasos kilómetros de una de las bases militares del país. En los días previos, panfletos firmados por las AUC que amenazaban con “hacer limpieza”, fueron repartidos por el pueblo. “Por acción o por omisión, las fuerzas militares tienen que responder”, declara Camacho. “Es imposible creer que un grupo paramilitar pueda pasar por las narices de un batallón de esas características para cometer un asesinato sin que nadie se dé cuenta. O tienen un vínculo directo o no están actuando debidamente en su tarea de proteger a los ciudadanos”.

Uno de los grandes retos por parte de las organizaciones sociales y de derechos humanos es que el Estado reconozca que los asesinatos tienen un carácter político. “Siempre resulta que los asesinatos de líderes o los defensores de derechos humanos son supuestamente hurtos. Qué coincidencia que a más de 70 líderes sociales este año les han intentado hurtar y han muerto en esos hurtos”, declara Érika Gómez, abogada del Centro por la Defensa de los Derechos Humanos. “Se trata de esconder que son asesinados por ser líderes, que se trata de asesinatos sistemáticos y selectivos”, añade Gómez.

"Esto no lo hacen tres individuos locos, lo de la semana pasada fue un plan perfectamente coordinado", opina Avella

La propia Defensoría del Pueblo, el órgano estatal encargado de "velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos”, según la constitución colombiana, no pudo aportar a este medio ninguna cifra oficial de asesinados políticos este año en Colombia al no poderse demostrar el motivo de los crímenes. Sin embargo, los cinco atentados de este fin de semana han hecho que se haga evidente que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo y las propias FARC publicaron un comunicado pidiendo al presidente Juan Manuel Santos que se posicionase claramente ante “este río de sangre que amenaza con arrasar el proceso de paz”. En una rueda de prensa, el presidente anunció el martes que "la Fiscalía está acelerando su labor investigadora para esclarecer cada uno de los casos y determinar quiénes fueron los responsables".

A pesar de las similitudes y la repetición de patrones, la Marcha Patriótica no tendría por qué compartir el funesto destino de la UP, según analizan los militantes actuales de ambas organizaciones. “Hace 30 años detuvieron el proceso de paz matando. Ahora son los mismos financiadores, los mismos autores intelectuales, pero ahora hay un sector del Ejército que entiende perfectamente el proceso y el Gobierno cree que hay amenazas, que hay elementos incluso del Gobierno que están trabajando con los paramilitares, mientras que antes no nos creían”, opina la dirigente de la UP Aída Avella.

Para Camacho, de Marcha Patriótica, la diferencia está en la sociedad colombiana. “Hoy el pueblo colombiano, que se manifestó en las urnas, pero también salió a las calles tras el plebiscito, ha tomado la decisión de que el país no puede seguir en la guerra”, explica Camacho y añade: “Podríamos decir que hoy hay un movimiento por la paz que desborda lo que sucedía en los 80 y en los 90, cuando la paz estaba solitaria y los asesinatos estaban casi legitimados por la sociedad. Se había normalizado ese comportamiento”.

Con la militancia casi extinta, en el exilio o asesinada, la Unión Patriótica no llegó a concurrir a las elecciones de 2002, se le suprimió la personería jurídica y, en la práctica, dejó de existir. 11 años después, el Consejo de Estado reconoció el exterminio de sus militantes como la causa real de su pérdida de representación parlamentaria y devolvió la personería al partido, que organizó su congreso de refundación en 2013. Ahora, en la nueva sede del partido y bajo un enorme retrato de Bolívar, Aída Avella, a pesar de las circunstancias, se muestra esperanzada con el nuevo futuro que se abre para Colombia. “Algo pasa en Colombia, pero lo cierto es que aquí hay que construir la paz y no se la pueden llevar como se la llevaron hace 30 años”.