La católica Filipinas es el único país del mundo, junto al Vaticano, donde el divorcio es ilegal. La elección de un nuevo presidente el próximo 9 de mayo no cambiará esta situación, ya que ninguno de los candidatos con opciones incluye este asunto en su programa electoral.

En los tres meses de una frenética campaña que concluye el sábado, los principales candidatos no han dado ninguna prioridad a este asunto y han expresado su opinión solo cuando han sido preguntados, en especial en un debate con casi todos los aspirantes organizado por CNN Filipinas en marzo.

Leni Robredo, la candidata de imagen progresista por sus políticas redistributivas y su cercanía a los grupos LGTBI, se posicionó en contra pese a expresar su comprensión por las personas de pocos recursos atrapadas en matrimonios fallidos.

De haber mostrado una actitud más abierta ante el divorcio esta católica practicante quizá no hubiera podido recibir el apoyo que le dieron este miércoles más de 1.200 obispos y sacerdotes, que la ven como la única candidata capaz de detener el ascenso de Ferdinand Bongbong Marcos, líder en las encuestas con más del 50% de intención de voto.

Ausente en los debates y alérgico a las entrevistas difíciles, el hijo del fallecido dictador Ferdinand Marcos enfatizó esta semana que "el divorcio no debería ser fácil en el país", alertando de que "una ley legalizando la separación conyugal podría generar tasas de divorcio del 50%", como ocurre en varios países europeos (en España superaron el 62% en 2014).

Solo los candidatos minoritarios Leody de Guzman, Faisal Mangondato y el conocido senador Panfilo Lacson se han mostrado a favor de permitir el divorcio, aunque de Guzman, con una intención de voto del 0,02%, es el único que lo incluye de forma abierta en su programa.

Sin embargo, la profesora de la Universidad de Filipinas Jean Encinas-Franco, explicó a Efe que "el hecho de que se haya preguntado por el divorcio a los candidatos presidenciales, muestra que hay una mínima apertura en el debate político".

El Congreso de Filipinas ha intentado en los últimos años tramitar leyes para permitirlo, pero siempre han naufragado en la Cámara Alta debido al rechazo de los grupos más conservadores y la presión de las poderosas instituciones religiosas, en especial la influyente Iglesia Católica.

Aceptación social

El inmovilismo en el debate político de cara a los comicios contrasta con la creciente aceptación de una sociedad en la que las separaciones matrimoniales son cada vez más frecuentes. En una encuesta publicada en 2018 por Social Weather Station, un 53% de los filipinos apoyaba la ley de divorcio.

"Esto muestra que hay un número creciente de filipinos que sí están a favor, cada vez son más", explica Encinas-Franco. "Hace diez años ningún candidato se hubiese atrevido a hablar públicamente del divorcio, las cosas gradualmente están cambiando", añade la experta.

En 1960, unos 30.000 hombres y más de 52.000 mujeres se habían separado en Filipinas; en 2010, la cifra se multiplicó por diez, con más de medio millón de mujeres separadas de su marido, según un estudio de la Universidad de Filipinas publicado en 2019.

Actualmente, las opciones para disolver el matrimonio pasan por la nulidad, un trámite caro e intrincado, solo al alcance de familias adineradas: el gasto mínimo ronda los 300.000 pesos (5.000 euros) —que equivale al salario anual de trabajadores de clase media—, aunque puede llegar al millón (18.100 euros), y la decisión final depende de un juez.

Pese a la falta de apoyo entre los principales candidatos, la ley del divorcio es una medida largamente esperada por colectivos feministas en Filipinas, que figura entre los países que más esfuerzos hacen por la igualdad de género en Asia: con salarios equiparables, gobiernos paritarios y leyes avanzadas contra el acoso y la discriminación por género u orientación sexual.

Influencia de la Iglesia

Uno de los grandes obstáculos para la llegada de la separación legal en el país es la enorme influencia de la Iglesia en el archipiélago, donde el 83% de la población profesa la religión católica romana.

A pesar de que la postura del clero se ha ido moderando, sigue considerando el divorcio "inmoral, ya que introduce el desorden dentro de la familia y la sociedad", por lo que algunos dirigentes políticos han querido evitar un choque frontal con la institución.

Ejemplo de ello es la permisividad de la que otras confesiones disfrutan en el país, donde musulmanes y minorías étnicas sí pueden divorciarse para finiquitar su matrimonio.

No obstante, para la profesora Encinas-Franco, "hasta la Iglesia católica está cambiando". Y remata con tono optimista: "La ley de divorcio es inminente, y pronto estará en la agenda de los legisladores".