La represión contra las protestas populares sigue sumando muertes. Se ha elevado a 18 los fallecidos en la ciudad de Juliaca, en la región altiplánica de Puno, fronteriza con Bolivia, durante las masivas movilizaciones del lunes contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, de mayoría de derechas, que la respalda. Diecisiete de los fallecidos son manifestantes, disparados por la Policía. La otra víctima es un efectivo policial.

En un mes de Gobierno, ya son 46 los fallecidos –39 por disparos de la Policía y el Ejército– durante las protestas que estallaron luego de la destitución el 7 de diciembre del entonces presidente Pedro Castillo. Esta represión y las muertes alimentan la indignación popular y las protestas. Crecen las demandas para que renuncie Boluarte.

Según el Gobierno, la Policía abrió fuego contra la multitud cuando unas dos mil personas intentaron tomar en la tarde del lunes el aeropuerto de Juliaca, causando las 17 muertes y más de un centenar de heridos. El Gabinete ha justificado la respuesta policial. Sin embargo, no es cierto que todos los muertos se produjeran cuando intentaban tomar el aeropuerto. Y el intento de tomar un aeropuerto no justifica en ningún caso disparar contra pobladores desarmados, o "armados" con piedras, como ha hecho la Policía. La primera muerte fue la de un vendedor ambulante de 35 años, que recibió un balazo en la cabeza. Durante el resto de la tarde y la noche con cada reporte aumentaba el número de víctimas.

Un menor de 17 años, entre los fallecidos

Uno de los fallecidos por los disparos de la Policía es un menor de 17 años. Estudiante del último año de medicina, Marco Samillán fue asesinado por una bala disparada por la Policía cuando estaba auxiliando a los heridos. Cristian Mamani, de 22 años, cayó muerto por los disparos cuando corría escapando de las bombas lacrimógenas. Todos los fallecidos recibieron impactos de balas o perdigones. Fue una masacre. 

La situación estaba fuera de control, con ciudadanos muertos y heridos sumándose, cuando un grupo incendió un coche patrulla, provocando la muerte del agente que estaba dentro del vehículo y que no pudo escapar. La trágica muerte del policía ha sido ampliamente explotada por el Gobierno, la derecha parlamentaria y los medios para criminalizar las protestas. Se informó de 75 policías heridos. Un supermercado y una tienda fueron saqueados. Cerca de Juliaca, en la ciudad puneña de Ilave fue incendiada la casa del congresista Jorge Flores, del partido centroderechista Acción Popular.

La Fiscalía ha iniciado una investigación a Boluarte, el jefe del gabinete ministerial y los titulares de Defensa e Interior por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, por las muertes ocurridas en diciembre y enero. Organizaciones como la Conferencia Episcopal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Unión Europea, las agencias de las Naciones Unidas en el Perú, entre otras, condenaron las muertes en Juliaca y exigieron al Gobierno detener las muertes y una investigación y sanción para los culpables por la cruenta represión.

El Gobierno peruano defiende la actuación policial

No obstante, el Ejecutivo peruano ha justificado y defendido la acción de las fuerzas de seguridad en la represión y ha acusado, sin evidencias serias, a los manifestantes de terroristas y estar financiados por el narcotráfico e "intereses extranjeros" en alusión a Evo Morales. Acusaciones que son como arrojar gasolina sobre el fuego de la indignación popular. El expresidente boliviano rechaza las acusaciones del Gobierno peruano, que le ha impedido el ingreso al país. "En nombre de la paz y la justicia social, exigimos que paren la masacre de nuestros hermanos del Perú", señaló Evo.

El jefe del Gabinete ministerial, Alberto Otárola, amenazó con más represión. "No vamos a cesar en nuestro empeño de recuperar el orden interno", anunció en un mensaje el lunes por la noche, con el país conmovido por las muertes en Juliaca. Eludió la responsabilidad del Gobierno por las protestas y las muertes que ha dejado la represión, y culpó por lo ocurrido al expresidente Castillo, encarcelado hace un mes. Lo sindicó, sin presentar evidencias, de mover las protestas desde la prisión.

Los muertos de Juliaca

El martes Juliaca amaneció con el dolor de sus muertos. Hubo un velatorio colectivo en las calles de la ciudad. "Hay muchas heridas abiertas, esto es irreconciliable. La única salida es la renuncia de Dina Boluarte", señaló el gobernador de Puno, Richard Hancco. En otras ciudades andinas hubo movilizaciones en solidaridad con las víctimas de Juliaca y exigiendo la renuncia de Boluarte. Se declaró tres días de duelo regional en Puno. En esta región y otras del sur andino continúan las movilizaciones antigubernamentales y un paro regional. Puno está paralizado.

Se mantienen los bloqueos en varias vías en distintas regiones, incluyendo tramos de la Panamericana sur. Pobladores de Puno y otras regiones andinas han anunciado una marcha a Lima. El Gobierno amenaza con no dejarlos llegar. El martes llegó a Juliaca una comisión del Gobierno para establecer un camino hacia el diálogo. Pero las declaraciones del jefe del Gabinete ministerial apoyando la represión y criminalizando a los manifestantes aleja el diálogo.

Legisladores de la izquierda responsabilizaron al Gobierno por las muertes, exigieron la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones para este año y juzgar a los responsables, directos y políticos, de estas muertes. Desde la derecha defendieron al Gobierno, minimizaron las muertes causadas por la represión, atacaron a los manifestantes señalándoles como terroristas, pidieron más represión y culparon de todo a Castillo.