El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha denunciado un complot contra  su Gobierno por parte de la Fiscalía ante las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. El líder de Perú Libre ha acudido al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que le proteja ante lo que él considera un posible golpe de Estado.

Castillo ha insistido a sus "compatriotas"  esta "antidemocrática situación" para denunciar que esta demanda quebranta "el orden constitucional y democrático". Esto se debe a que únicamente en el país andino se puede destituir al presidente por medio de la constitucionalidad en cuatro situaciones. 

Sería posible si hubiese cometido un delito de traición a la patria, por no convocar elecciones, clausurar el Congreso sin el beneplácito de la Constitución Política de Perú o impedir la reunión de los organismos electorales. Ante la demanda de la Fiscalía, Pedro Castillo ha destacado que precisamente han sido "las fuerzas políticas que sumieron al país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años noventa las que ahora impulsan, como en aquella época, una modalidad de un nuevo golpe de Estado en Perú".

El equipo legal de Castillo ha rechazado la petición de que el artículo 117 de la Constitución quede anulado. En él es donde se ampara la inviolabilidad del jefe de Estado y por lo que esta denuncia sería, por tanto, inconstitucional.

Además de esto, ha asegurado en el comunicado que no es "un corrupto" y ha resaltado que su compromiso con la población era y sigue siendo la lucha "por terminar contra esta lacra que tanto daño hace al país".

Perú busca activar la Carta Democrática

Tras esta acusación, el presidente ha denunciado una "nueva modalidad de golpe de Estado" ante la persecución política que está sufriendo tanto él como su Gobierno. Al mismo tiempo ha organizado una reunión extraordinaria con la OEA para activar la Carta Democrática Interamericana, lo que supondría asistencia directa a Perú por parte de la organización.

Para ello, se ampara en los artículos 17 y 18 del tratado que firmaron en 2001. Estos apartados indican que para "solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática", el " proceso político institucional o democrático o su legítimo ejercicio del poder" del Estado debe estar en riesgo. 

En esta reunión se encontrarán el primer vicepresidente y Relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Stuardo Ralón Orella, y del ministro de Exteriores peruano, César Landa Arroyo.

Recurridas las acusaciones "inconstitucionales" 

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente al Jefe de Estado de Perú  por delitos de corrupción por presuntas relaciones con organizaciones criminales, tráfico de influencias y colusión. Esta acusación, explica Castillo, es "inconstitucional e ilegal".

Este lunes, la defensa del mandatario ha presentado formalmente un recurso con la intención de anular las acusaciones de la Fiscalía. El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, ha presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia un escrito para que la denuncia interpuesta contra el Presidente se vea influenciada por la tutela de derechos.

Según la defensa, Benavides habría actuado en contra de la Constitución al acusar al jefe de Estado de la República de Perú. Además, Espinoza ha resaltado que cabe el "amparo jurídico" y que por ello "debe proceder la tutela de derechos".