Los ciclos políticos son cada vez más cortos en América Latina. Si a la denominada marea rosa (aquella en la que coincidieron Chávez, Morales, Lula da Silva, Mujica, Correa, Néstor y Cristina Kirchner) le siguió una etapa de conservadurismo (Macri, Bolsonaro, Piñera), las corrientes progresistas podrían cambiarle de nuevo la cara a la región en 2022. Las esperanzas están puestas en el nuevo gobierno de Gabriel Boric en Chile, el posible retorno al poder de Lula da Silva en Brasil y las buenas perspectivas electorales de Gustavo Petro en Colombia. A ellos se suman un Pedro Castillo que deberá sobreponerse a los embates de las élites reaccionarias en Perú, y Xiomara Castro, quien a finales de mes se convertirá en la primera presidenta de Honduras.

A sus 35 años, Boric ha logrado ser el presidente electo más votado en la historia de Chile y se ha erigido como referente de la nueva izquierda latinoamericana. Ni Michelle Bachelet ni Ricardo Lagos, pese a su vitola de socialdemócratas, lograron desprenderse de la herencia neoliberal que dejó Pinochet. El líder del Frente Amplio ya ha advertido que cambiar las dinámicas impuestas en el país durante décadas llevará tiempo. La coalición que encabezó junto al Partido Comunista (Apruebo Dignidad) no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso. Deberá por tanto negociar sus propuestas con otras fuerzas políticas (en especial con la bancada de la antigua Concertación).

Pero Boric cuenta con una coyuntura política favorable. No solo por la popularidad derivada de su contundente triunfo electoral en diciembre frente al ultraderechista José Antonio Kast. El espíritu de la Convención Constituyente, que trabaja en la redacción de una nueva Constitución, encaja bien con la agenda social que Boric va a desarrollar cuando llegue al Palacio de la Moneda en marzo. Sus prioridades pasan por una reforma tributaria progresiva, el diseño de un nuevo sistema de pensiones y el reforzamiento de la salud y la educación públicas. Como diputado, Boric se ha caracterizado por su capacidad para llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Como presidente, se verá obligado también a tender puentes con el poderoso empresariado chileno, reacio a toda reforma que implique una redistribución de la riqueza.

Castillo, bajo presión

A Pedro Castillo le va a resultar mucho más difícil que a Boric instalar una agenda del cambio en Perú. Las élites criollas no han asimilado todavía la llegada de un maestro rural a la presidencia del país y así se lo han hecho ver durante sus primeros cinco meses en el cargo, un periodo turbulento en el que la derecha parlamentaria más reaccionaria ha ensayado sin éxito una suerte de golpe blando contra el mandatario (bajo un eufemismo legislativo llamado "vacancia por incapacidad moral permanente"). El intento de destitución no ha sido el único obstáculo al que ha tenido que enfrentarse el exsindicalista.

Las rencillas en su propio partido, Perú Libre, han minado su capacidad de gestión, cuestionada también por su falta de experiencia y las recientes acusaciones de tráfico de influencias. A Castillo le está pasando factura el poco peso político que tenía antes de ganar las elecciones a mediados del año pasado. El líder de su formación, Vladimir Cerrón, tuvo que renunciar a la candidatura presidencial por una condena por corrupción. Ahora, algunos de sus antiguos compañeros se rebelan contra Castillo y le reprochan una excesiva moderación política. Para Cerrón, los dirigentes de la izquierda más intelectual, a los que despectivamente se refiere como "los caviares", no pasan de ser meros reformistas sin mentalidad transformadora. Mientras las distintas facciones de la izquierda no cierren filas en torno al presidente, Perú será ingobernable.

Si Castillo logra sortear la tremenda embestida de las élites económicas y mediáticas y apagar el fuego amigo de algunos sectores de la izquierda, tal vez este año pueda verse en Perú el inicio de una transformación social. En sus primeros cinco meses de gobierno, el mandatario no ha podido impulsar esa agenda pero se ha mostrado eficaz en otros asuntos, como la gestión de la pandemia (ha elevado el porcentaje de vacunación del 15% al 80% entre los adultos). Y la coyuntura económica le favorece. Perú está a la cabeza en el crecimiento económico en la región, con un 13% registrado en 2021 y una previsión del 4,4% para 2022, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La estabilidad del gobierno es la prioridad de Castillo. Pero las promesas electorales no pueden demorarse: una reforma agraria más ambiciosa, un nuevo esquema tributario que grave a las grandes mineras y a los contribuyentes más ricos, y un apoyo decidido a la educación pública.

Más al norte, en la olvidada Centroamérica, la dirigente progresista Xiomara Castro va a convertirse dentro de tres semanas en la primera mujer que presida Honduras, el último país de América Latina donde se perpetró un golpe de Estado clásico, a golpe de fusil, antes de que irrumpieran los nuevos artefactos involucionistas de nuestros tiempos (el lawfare y los procesos de destitución parlamentarios). Castro, esposa del depuesto presidente Manuel Zelaya (2006-2009), no solo tiene que darle la vuelta al país en términos de fiscalidad, redistribución, servicios públicos, etc. A ella le aguarda una tarea mucho más difícil de acometer que la de Boric o Castillo: refundar un país con tintes de narcoestado por los vínculos del poder político con los capos de la droga.

A la espera de Petro y Lula

Boric, Castillo y Castro son ya una realidad del cambio en América Latina. Chile, Perú y Honduras se suman así a otros gobiernos de izquierdas en la región, entre ellos el de Andrés Manuel López Obrador, en México, y el de Alberto Fernández, en Argentina. Dos procesos electorales serán cruciales este año para la consolidación de esa marea progresista. Colombia irá a las urnas en mayo y Brasil en octubre. En Colombia, un país de larga tradición conservadora, un candidato progresista, Gustavo Petro, encabeza las encuestas al frente de una coalición de izquierdas (Pacto Histórico). Petro, exalcalde de Bogotá, ha sabido forjar alianzas transversales para desafiar a una derecha que lleva décadas gobernando.

El mandato del presidente Iván Duque (delfín político de Álvaro Uribe) se ha caracterizado por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las FARC y la represión feroz de las manifestaciones de los movimientos sociales. Ante el descenso en la intención de voto de la derecha uribista, el posible rival de Petro en una hipotética segunda vuelta podría ser Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, un político bien visto por el establishment y que se presenta como abanderado de una pretendida tercera vía (el llamado centro liberal).

Todavía sin una confirmación explícita por su parte, Luiz Inácio Lula da Silva es el precandidato presidencial con más posibilidades de ganar las elecciones de octubre en Brasil. No hay otro político con más carisma en América Latina. Exonerado por la Corte Suprema de sus condenas por corrupción, es tal vez el único dirigente capaz de desbancar del poder al ultraderechista Jair Bolsonaro, en horas bajas por su pésima gestión de la pandemia y sus continuos guiños antidemocráticos. Los hipotéticos triunfos de Petro y Lula dibujarían un mapa claramente progresista en una región en la que el Consenso de Washington y el neoliberalismo solo han dejado como herencia más pobreza y desigualdad social.