Aleida Tiller es una de las líderes de Orrokot, una pequeña comunidad indígena wayuu del centro de La Guajira colombiana. También es una de las caras visibles de la oposición a los más de 60 parques eólicos proyectados en la región, una de las más pobres de Colombia. "Quieren hacer negocio a espaldas de las comunidades", denuncia Tiller con gesto tranquilo pero firme, sentada bajo uno de los cobertizos construidos para protegerse del sol.

Empresas y autoridades presentan la ola de proyectos eólicos que se cierne sobre La Guajira como una oportunidad de desarrollo, pero líderes indígenas y activistas denuncian los impactos económicos y espirituales sobre el modo de vida wayuu y compensaciones insuficientes. Además, la fiebre eólica ha provocado enfrentamientos entre wayuus. Obstáculos que amenazan la apuesta del Gobierno progresista de Gustavo Petro por convertir La Guajira en el principal centro de generación de energía verde en Colombia.

En Orrokot se pueden apreciar unas enormes torres de alta tensión que transportan la electricidad producida en un parque eólico. Los preciados kilowatios pasan por encima de los habitantes, pero ni sus viviendas ni la escuela están conectadas a la red eléctrica. "Todo lo que se produzca en La Guajira es para el resto del país", explica Germán Corredor, consultor y ex director de la Asociación de Energías Renovables de Colombia. Está prevista la construcción de más de 2.800 aerogeneradores para 2030.

La sombra de Cerrejón

Los parajes desérticos del norte de La Guajira pueden parecer el mejor lugar para instalar los aerogeneradores, pero José Curvelo, que asesora a una comunidad en las consultas con una empresa energética, alerta de "afectaciones bióticas, abióticas, sociales y económicas sin precedentes" en una región traumatizada por los efectos devastadores de Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina, en funcionamiento desde los años 80. Para cavar la mina, los gobiernos neoliberales de la época expulsaron a comunidades enteras de sus territorios. "Fueron desalojadas con Policía", explica Dulcy Cotes, integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu. "Se han apoderado de gran parte del territorio wayuu".

La mina arrasó 69.000 hectáreas y ha consumido el 40% de los recursos hídricos de una región castigada por frecuentes sequías. Además, las promesas de desarrollo nunca se hicieron realidad. "Se habló casi de la redención del departamento de La Guajira, que no fue cierta", recuerda Igor Kareld, sindicalista en la mina. "La minería ha terminado desplazando a la ganadería o el agro. La Guajira se ha empobrecido más. Nuestra preocupación es que no pase lo mismo".

El fantasma de la pérdida de territorio está muy presente entre la población indígena, que constituye casi la mitad de los habitantes. "El wayuu se sustenta en el pastoreo y cría de chivos", explica Cotes, "se va a quedar sin territorio". Aleida Tiller dice que los impactos económicos se entrelazan con los espirituales. "Las torres van a caer en los espacios de pastoreo, eso nos genera tala de vegetación. Si hay un trupillo de 100 años, estás cortando una memoria que ha durado generaciones". "Los wayuu creemos en los sueños", continúa, "el sueño es una comunicación entre los dos mundos, el real y el de los familiares que se han ido. Cuando perturban el territorio, los wayuu no sueñan bien, si hay talas intranquilizan toda la energía, que hace parte con lo que nosotros vivimos. No hay manera de decir págame por esto".

Fuerza de Mujeres Wayuu ha analizado en su informe Mujeres Amigas del Viento los impactos específicos de los parques eólicos sobre las mujeres, incluido el "incremento de la violencia basada en género". "Porque las mujeres somos las que nos oponemos a esos negocios, que tratan de hacer los hombres", y la militarización, relacionada con "enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados", explica Cotes. Además de estos impactos, líderes wayuu se quejan de que no se les ha consultado adecuadamente sobre los proyectos.

Un "desequilibrio abismal" en las consultas a las comunidades

El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Colombia, obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas sobre la explotación de los recursos naturales de sus territorios ancestrales, pero diversos líderes consideran que no se está respetando este principio. "Voy a llegar a tu casa, voy a tocar la puerta y aunque no me abras voy a entrar, te tumbo la puerta. En realidad, esa es la consulta previa", afirma con ironía Dulcy Cotes.

Coincide en la crítica José Curvelo: "Se han evidenciado irregularidades. Una sentencia de la Corte Constitucional dice que la empresa no puede llegar con un ejército de profesionales (antropólogos, politólogos, ingenieros) a enfrentarse con unas personas que no tienen profesionales. El desequilibrio es abismal", explica. "Hay autoridades que no tienen ni idea de qué carajo están hablando", se indigna Tiller, "las empresas les cambian el lenguaje para que ellos no puedan comprender". En muchos casos, las autoridades comunitarias son analfabetas.

Joanna Barney es directora del área de energía, ambiente y comunidades de la ONG Indepaz, que ha denunciado irregularidades. "Algunos wayuu se prestan a ser supuestamente acompañantes de las comunidades, pero les cobran su acompañamiento a las empresas", lamenta. "Es una doble extorsión: asesoran a las comunidades, pero les cobran más del 60% de lo que logren, y además transan por debajo de la mesa con la empresa".

Una forma de corrupción que ha estado presente en algunas de las consultas para la construcción de la Colectora, la línea de alta tensión que atravesará La Guajira de norte a sur para evacuar la energía producida por los nuevos parques eólicos, según denuncia Barney, autora del informe Por el mar y la tierra guajiros, vuela el viento wayuu. La activista advierte también de que "muchas de las personas que trabajan en las empresas eólicas vienen del sector del carbón y Cerrejón es un ejemplo de una instalación violenta de una industria extractiva".

Las deficiencias en las consultas previas han generado numerosos conflictos entre wayuus. El más frecuente, entre las autoridades tradicionales (residentes en las comunidades) y las autoridades ancestrales (personas que pueden ser dueñas legítimas de la tierra pese a no vivir en la comunidad). En algunos casos "la consulta previa se hizo con quienes no eran dueños del territorio, por un error del Estado", explica Barney. Un ejemplo fue el parque de Jepírachi, puesto en marcha en 2004. Allí, el dueño ancestral de las tierras "llegó cuando el proyecto ya estaba andando", abriendo un conflicto. Lo mismo puede pasar con futuros proyectos: "Como la consulta previa se hizo con los que no eran, cuando arranque el proyecto y pise territorio wayuu, van a empezar los problemas", advierte la activista.

El objetivo de las consultas es acordar las compensaciones de las empresas a las comunidades afectadas, pero el desequilibrio empresa-comunidad es evidente en muchas negociaciones. En una de las comunidades asesoradas por José Curvelo se alcanzaron "unos acuerdos paupérrimos, una compensación de 30 millones de pesos [7.700 dólares] que van a entregar en especie: ovino, caprino y mejoramiento de vivienda". Después de una denuncia internacional, la comunidad consiguió la mejora del acuerdo, incluyendo infraestructuras para mejorar el acceso a agua potable. El precedente del primer parque de la región, Jepírachi, tampoco es alentador. Después de 19 años de funcionamiento, a las comunidades afectadas "solo les han llegado 130 millones [33.790 dólares] y no se ha podido repartir por las diferencias entre ellas", relata Joanna Barney.

Nuevo gobierno, viejos conflictos

Más allá de las compensaciones negociadas entre empresas y comunidades, la ley obliga a las compañías eléctricas a entregar parte de sus beneficios a los municipios y comunidades afectados por las instalaciones renovables. El Ejecutivo de Gustavo Petro ha incrementado el porcentaje del 1 al 6% de los beneficios. Sin embargo, la aplicación de esta mejora no está siendo pacífica: "Los que deciden el área de impacto son las empresas y nadie está haciendo la verificación de si eso es verdad", advierte Joanna Barnney.

Petro ha elevado la lucha contra la crisis climática a prioridad de su Gobierno. El pasado verano, en una visita a La Guajira, firmó con 140 autoridades indígenas, 12 empresas de desarrollo y autoridades locales un Pacto por la Transición Energética que establecía que representantes de las comunidades wayuu entrasen como socios de los proyectos. En muchos casos "las empresas se han negado a tener un indígena en la junta directiva, hay mucho racismo", lamenta el consultor Germán Corredor, que considera que el nuevo gobierno ha supuesto un cambio sustancial. "Todos los anteriores gobiernos favorecían a las empresas, este favorece a las comunidades", afirma. Los gobiernos conservadores anteriores permitieron a las compañías elegir la localización de sus aerogeneradores sin consultar previamente con la población local. "No [había] planificación; aquí llegaron las empresas y empezaron a hacer mediciones. Ponen la torre para medir el viento, el permiso al Estado es muy posterior", reconoce el consultor.

Las activistas y líderes indígenas entrevistadas no tienen tan claro que el Gobierno de Petro suponga un gran cambio. Barney ve "intentos de entender un poco más el conflicto", pero sostiene que la visita del presidente "terminó siendo un saludo a la bandera porque no se reunió con las comunidades que tenían que reunirse y tampoco hizo modificaciones de fondo". En muchos proyectos es difícil o imposible introducir cambios porque ya tienen licencia ambiental, pero la activista señala que "ni siquiera lo están haciendo en los que no tienen licencia". Lo que sí intentó el Gobierno es que la empresa pública Ecopetrol se convirtiese en generadora de energía, pero el Parlamento lo rechazó. Ningún portavoz del Gobierno quiso hacer declaraciones para este reportaje.

¿Transición justa o extractivismo verde?

Joanna Barney está convencida de que "los proyectos no se van a poder instaurar porque, aunque haya wayuus que están contentos, no son los dueños reales del territorio", refiriéndose al conflicto de los líderes ancestrales. El caso del parque de Enel, parece darle la razón. En mayo de 2023, la multinacional italiana anunció que renunciaba a la construcción del parque Windpeshi debido a las "constantes vías de hecho" (protestas), que según la empresa tuvieron la obra detenida durante más de la mitad de las jornadas entre 2021 y 2023.

Unas consultas previas adecuadas, compensaciones suficientes y la participación de las comunidades en los proyectos eólicos son las condiciones que señalan las activistas y líderes wayuu para que la transición energética en La Guajira sea un éxito que beneficie a la población local y no se convierta en una nueva forma de extractivismo. José Curvelo es claro: "Esto va a mejorar cuando elevemos al wayuu al nivel de persona. En este momento las empresas dan un trato al wayuu como si fueran animales, no seres humanos".