La encrucijada es de enjundia. La izquierda europea no acaba de salir de su espiral de destrucción de votos y de dispersión de propuestas capaces de resintonizar con las capas sociales del Viejo Continente.

A pesar de que casi una década después de la mayor crisis financiera desde el Crash de 1929, la virulencia de los excesos del capitalismo desordenado de los mercados previa a la quiebra de Lehman Brothers, y las posteriores políticas de austeridad que trataron de cerrar la hemorragia -sobre todo, en Europa- se haya saldado con la práctica eliminación de la clase media y una masiva destrucción de empleo entre las denominadas economías industrializadas.

El caldo de cultivo para la irrupción de la izquierda, pues, parecía haber entrado en estado de ebullición. En el punto idóneo en el que debían asestar el golpe definitivo a los partidos del otro lado del espectro político, proclives tanto a los recortes sociales de calado como a la defensa a ultranza del neoliberalismo de mercado.

Pero la realidad es más cruda. La socialdemocracia no ha sabido leer este Cuaderno de Bitácora. Y la profusión de movimientos políticos y sociales a su izquierda tampoco han sido hasta ahora capaces de acumular el músculo necesario para hacer frente a las posiciones nacionalistas de ultraderecha que, en cambio, han sabido asumir parte del ideario progresista en asuntos como el reparto de las ayudas sociales.

Eso sí, a costa de enarbolar la bandera del combate contra el inmigrante y de reducir los recursos por razones étnicas y de nacionalidad.Las convocatorias electorales europeas de 2017 dejarán un diagnóstico más nítido de en qué episodio se encuentra el otrora idilio entre la izquierda y las sociedades civiles.

En especial, tras un ejercicio, el pasado, en el que arraigaron mensajes neoliberales de crítica a la falta de recetas socialdemócratas ante la crisis, en el que los partidos de ultraderecha han cerrado filas y elevado sus respaldos sociales y en el que han emergido fenómenos como el Brexit o la era Trump en las latitudes tradicionalmente más próximas a la UE. Sobre todo, en tres escenarios.

En Holanda, en Francia y en Alemania. También hay citas con las urnas en República Checa, en junio, donde el movimiento Ano (que significa Sí), dirigido por el mediático multimillonario Andrej Babiš, que se declara simpatizante de Trump y promete resolver la inmigración con deportaciones frente a las fragmentadas opciones de izquierda.

En Serbia, con estatus negociador para su incorporación a la UE, y donde su cita de mayo dirimirá si el país se inclina por el pro-europeismo, o vira hacia el Este, a la estela de la Rusia de Putin. O en Noruega, la versión escandinava no comunitaria (con permiso de Islandia) cuyo partido Progreso, de Siv Jensen, tratará de arrebatar al laborismo, allá por septiembre, el protagonismo definitivo en los comicios frente a la formación conservadora, mediante una delicada y compleja mezcla de rebajas fiscales y gastos en infraestructuras, con estrictos controles migratorios, para garantizar el generoso Estado de Bienestar noruego.

La izquierda tradicional, la socialdemócrata, afronta estos retos bajo mínimos. Sólo nueve países de la UE (Francia, Italia, Malta, Eslovaquia, Portugal, República Checa, Malta, Croacia y Suecia) presentan gobiernos progresistas. La mayoría, con coaliciones. En conjunto, apenas representan al 32,5% de los ciudadanos de la Unión. Lejos del 45% de 2007, en los prolegómenos de la crisis. Y a una distancia sideral de su Edad de Oro, la doble década de los ochenta y noventa del siglo pasado, cuando en Europa arreciaron los grandes proyectos europeos del euro o la expansión al Este.

La época que sacó réditos del final de la era Thatcher en Reino Unido y que perduró hasta la Guerra de Irak de 2003. Con Miterrand, primero, y Blair, con posterioridad, como estandartes de un socialismo (laborismo, en el caso británico) fructífero al trasladar a sus sociedades civiles su indiscutible contribución a la estabilidad de las democracias y de los Estados de Bienestar europeos, o a la integración de la UE desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En este intervalo temporal, el peso de electoral de la socialdemocracia no tuvo parangón en la historia reciente.Pero ahora, ¿cómo afronta el desafío la izquierda? La tradicional, que se sigue afanando por no perder el apellido socialdemócrata, y la emergente, quizás más nacionalista y menos global pero también más familiarizada con los millennials y la digitalización de los mercados.

Holanda es el primer banco de pruebas. La campaña está dominada por las tesis nacionalistas. El gran favorito es Geert Wilders y su Partido por la Libertad. Anti-islamista y partidario del Nexit, la salida de Holanda de la UE. Su gran rival será el primer ministro, Mark Rutte, del conservador VVD, que parece haber restaurado su popularidad tras las medidas de austeridad aplicadas por su Ejecutivo entre 2012 y 2014 y que se declara euro-entusiasta.

Ambos mantienen un respaldo social en torno al 20%. A cierta distancia de sus cuatro perseguidores, que apenas superan el 10%. Entre ellos, están el laborismo (PvdA) de Lodewijk Asscher, ministro de Asuntos Sociales en el Gabinete de Rutte, y el Partido Socialista (PS) de Emile Roemer.

El tercero y cuarto en discordia son los cristiano-demócratas (CDA) y los liberales del D-66. Dentro de una amalgama de 31 formaciones, de las que sólo 14, presumiblemente, tendrán acceso a los 150 escaños del Parlamento. La cita será el próximo 15 de marzo.

Gráfico de diques en ruinas

El electorado holandés está instrumentalizado por la inmigración y la vinculación con la UE. Todo asunto ajeno es secundario. Para muestra, dos botones. El 40% de turcos y marroquíes que viven en Holanda (sus dos estratos extranjeros más importantes) dice no haber aceptado la cultura de su país de acogida. Ni sentirse integrado en su sociedad. Tampoco parecen entusiasmados los holandeses con la condición de contribuyente neto de las arcas comunitarias.

Asscher paralizó los intentos de liberalización de la Sanidad y del mercado laboral de Rutte. Pero apenas ha podido tejer su compleja estrategia de restablecer apoyos con la clase trabajadora, estimular la prosperidad perdida de profesionales liberales y, al mismo tiempo, de convencer a funcionarios e inmigrantes de que -explica- “hay un amplio margen de mejora” para regenerar la frustración y la desigualdad. En diciembre tomó las riendas del PvdA de Diederik Samsom.

Alexander Pechtold, de Democrats 66 Emile Roemer, del Partido Socialista y Lodewijk Asscher, del Partido del Trabajo (PvdA). EFE/EPA/BART MAAT

De ahí que hable de “urgencia” al intentar aunar apoyos de estratos sociales tan variopintos. Por si fuera poco, su contención a la privatización sanitaria choca con la mayor preocupación de sus conciudadanos, que están mayoritariamente convencidos de que el sistema nacional de salud camina hacia un lento, pero paulatino, colapso.

Con el coste por paciente al alza, desde los 150 euros de 2008 a los 385 euros en 2016, las desigualdades entre ricos y pobres en brecha abierta y la renta familiar estancada, Asscher apuesta por elevar la imposición, hasta el 60%, a ingresos superiorores a los 150.000 euros anuales, y la fiscalidad de las empresas. Aparte de este guiño al electorado progresista, el líder del PvdA reclama, sin precisión, que la libertad de trabajadores en la UE no suponga recortes salariales. Los malos sondeos que pesan sobre Asscher, pese a ser un admirado y habilidoso negociador, según coinciden sus detractores y defensores, parecen tener que ver con la ascendencia de Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, y de Ahmed Aboutaleb, alcalde de Rotterdam, de origen marroquí, y el político más popular del país.

Ambos del PvdA y que podrían sucederle en cualquier momento al frente del partido.El SP de Roemer se declara un partido antiglobalización y pro-trabajadores. Fue el gran favorito en las elecciones de 2012 durante toda la pre-campaña. Pero se desinfló sin remedio en las urnas y no protagonizó el esperado sorpasso ni siquiera con el PvdA.

Es, para muchos analistas, similar en sus planteamientos al PVV de Wilders, aunque sin el componente racista. Defiende un nuevo sistema de salud. Cree que es urgente crear un fondo para Sanidad porque los recursos públicos actuales desaparecen en los bolsillos de burócratas y aseguradoras y no protegen al trabajador ni al dependiente. Es la prioridad en el discurso de Roemer.

Las listas de espera han aumentado un 28%, el 80% de la población ha perdido poder adquisitivo, más de un millón de personas viven bajo el umbral de la pobreza y, pese a que los parados han bajado de 700.000 a 550.000, el número de contratos estables se ha reducido hasta el 75%.

La temporalidad y los empleos por horas han arraigado. De ahí que su gran promesa electoral sea aumentar el salario mínimo en un 10%. Aunque no la única. También apuesta por la banca pública: “Tenemos que impedir que nuestros bancos acudan a los mercados de capitales”.

Además de regular la inmigración laboral. En Europa, pide más democracia. Y el fin de su visión neoliberal. Sin la dictadura de la Comisión Europea, sin Ejército propio y sin Justicia comunitarizada, asegura. En unos niveles notablemente más progresistas se mueven las candidaturas en Francia. Hasta el punto de poder afirmar que el punto estelar de los programas de los dos aspirantes de izquierdas es la Renta Básica Universal (RBU).

Una propuesta de mayor envergadura social que cualquiera de las que plantea sus colegas holandeses. Hasta el punto de que tratan de monopolizarla en países como España, donde Podemos, que la incorporó a su programa para los comicios de 2015 y 2016 (al igual que IU, antes y después de su coalición con la formación morada) trata de erigirse en el genuino defensor de esta medida, frente a los recientes intentos de las tres facciones del PSOE -en mayor o menor medida- por asumir una propuesta similar, en enjundia, a la que en el pasado supuso la Tasa Tobin para gravar las transacciones financieras vía divisas y acabar con la especulación en los mercados.

En medio de proclamas del presidente de la gestora y de Asturias, Javier Fernández, de “reformular” la socialdemocracia, el papel del Estado frente a las soluciones “milagrosas” del mercado y la preservación del Estado de Bienestar, como pilares del futuro plan económico del PSOE.

Benoît Hamon, aspirante socialista (PS) al Elíseo, y Jean-Luc Mélenchon, del Partido de Izquierda -político de ideología troskysta que abandonó el PS en 2008 y fundó el Parti de Gauche, junto con los antiguos comunistas-, se disputan también este estandarte, de cara a la primera vuelta, el 23 de abril.

Aunque es altamente probable que ninguno de los dos -ni ambos en comandita, si se diera el caso, como han insinuado-, podrán poner en marcha la RBU, dadas las casi nulas opciones que les conceden los sondeos (13,7% de intención de voto para Hamon, frente al 11% de Mèlenchon) de concurrir a la casi ineludible segunda vuelta, el 7 de mayo.

Porque, como en Holanda, las bazas más sólidas parecen ser el Frente Nacional de Marine Le Pen (26,1%) y, o bien los republicanos del conservador François Fillon (19,5%) -si los casos de presunto nepostismo se lo permiten- o el centro liberal de Emmanuelle Macron (20%), ex ministro de Economía en el Ejecutivo socialista de Manuel Valls. Los mercados asumen este horizonte, en el que Le Pen no lograría la jefatura del Estado.

Posibles escenarios en función de las encuestas de la segunda vuelta

La RBU forma parte de lo que el líder laborista británico, Jeremy Corbyn, considera el urgente y renovado ideario de izquierdas en Europa, en el que se refleje el “mayor progresismo” que piden los militantes socialistas del Viejo Continente.

En esencia, esta renta básica sustituirá al abanico de programas, subsidios, deducciones fiscales y contribuciones sociales por trabajo e, incluso, los gastos administrativos asociados a estas tramitaciones, de forma que se convertiría en una retribución para personas con bajos o nulos niveles de ingresos, con la que se autofinanciaría su futura pensión. Aunque admite múltiples interpretaciones.

Para Hamon, la RBU “es un instrumento que libera trabajo y permite a cada persona poder elegir sus ocupaciones profesionales sin necesidad de tener que sufrir por ello”. Su propuesta se puede sintetizar en cuatro ideas-fuerza: instaurar una renta básica, ya en 2018, para jóvenes entre 18 y 25 años; aumentar los beneficios por desempleo o subempleo hasta los 600 euros al mes; implantar un sistema automático para estos pagos y universalizar la retribución con un mínimo de 750 euros mensuales.

El recurso a la RBU es, en realidad una vieja receta. Incluso de siglos precedentes. Aunque ha sido la crisis y sus devastadores efectos sobre la población la que ha puesto de nuevo de moda esta propuesta. Finlandia acaba de aplicar un programa experimental con 2.000 parados de larga duración, que recibirán 560 euros al mes.

La provincia canadiense de Manitoba lo practicó desde la década de los setenta hasta que un cambio reciente en su gobierno la ha derogado. Utrecht y otras ciudades holandesas también lo hicieron, como planes pilotos en 2015, pero se cancelaron por consultas populares contrarias. Igual que en Suiza, donde su opuso el 77% en junio de 2016 a una retribución de 2.500 francos suizos por adulto más un tercio adicional por niño a su cargo.

El ex ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, ha sido uno de los más firmes defensores de la RBU: “Es necesario, una urgencia inaplazable para civilizar el capitalismo y evitar los espasmos que generará por la nueva generación tecnológica”, en alusión -dice el fundador de Democracia en Europa Movimiento 2025-, entre otros fenómenos, a la creciente robotización de los modelos productivos.

El exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis. EUROPA PRESS

Varoufakis lidera uno de los intentos europeos más supranacionales de cambiar las agendas progresistas y de resistencia frente a movimientos de extrema derecha -en especial, en los países nórdicos y centroeuropeos- de robar la defensa del Estado de Bienestar a la izquierda.

Una batalla que trata de frenar el trasvase de gran parte de una clase trabajadora descontenta con las concepciones cosmopolitas y favorables a la globalización de los partidos progresistas y que también ha logrado reunir voces como la de premios Nobel de la talla de Paul Krugman o Joseph Stiglitz o de economistas también ilustres como Jefrey Sachs, James Galbraith o Thomas Pikkety.

De ahí que la disputa entre Hamon y Mélenchon en Francia sea de máxima intensidad. El líder izquierdista galo parte con ventaja. Su propuesta viene de largo. Y la vincula a transformaciones drásticas en los sistemas productivos, además de en las relaciones comerciales y en materia de defensa de los consumidores, alineados con las nuevas demandas sobre cambio climático, para dotar a Francia de un nuevo modelo retributivo que reduzca la brecha entre ricos y pobres.

Dice estar “encantado” de que “el viejo socialismo”, en estado “moribundo”, haya recapacitado con una medida como la renta básica y su “universalización”. Hamon, por su parte, cuenta a su favor con la salida del Ejecutivo socialista galo con el giro hacia la austeridad de su rival en las primarias (Valls), pero sus consignas reformistas, más allá de la RBU, van a remolque de las de Mèlenchon.

Motivo por el que el también apodado el Bernie Sanders francés, apenas ha logrado que calen sus tibios mensajes ecologistas y regeneradores en lo social. Con promesas como la legalización de la marihuana o la tributación por uso de robots en las cadenas productivas.

Más elocuente es la confrontación de planteamientos entre partidos izquierdistas en Alemania. Si bien aún queda bastante margen temporal -los comicios serán el 24 de septiembre-, el SPD de Martin Schulz, ex presidente del Parlamento Europeo, ha logrado, con un tono sosegado, que los apoyos sociales socialdemócratas se equiparen a los de la CDU/CSU de Angela Merkel.

Tanto la canciller como Schulz acaparan el 32% de intención de voto. Un empate que genera el dilema al SPD de si optar por mantener la actual gran coalición con Merkel o apostar por un gobierno con la Izquierda y los Verdes. Pero que da alas a la visión continuista del líder socialdemócrata, partidario de regular la inmigración, dotar de estabilidad a Europa y de ahondar en la idea, cada vez más extendida entre el electorado, de que con Schulz “las cosas son posibles”.

Quizás por ello, parece que ha cundido como la mejor de sus recetas socio-económicas, la de combatir la evasión fiscal y dirigir los recursos de esta batalla a reducir las desigualdades. Entretanto, los planes de Die Linke (La Izquierda) de la doble candidatura integrada por Sahra Wagenknecht y Dietmar Bartsch -bajo el lema de “Alemania: social, justa, para todos”-, hacen hincapié en que su doctrinario representa un cambio de paradigma.

En este sentido, proponen crear un impuesto que grave con el 5% todos los patrimonios superiores al millón de euros, y un recorte de la carga tributaria sobre los ingresos familiares inferiores a 7.100 euros mensuales.

Dietmar Bartsch y Sahra Wagenknecht, cabezas de cartel de la Izquierda alemana.

Así, según calculan en Die Linke, la Hacienda alemana tendría unos 80.000 millones más de euros que administrar. También se declaran partidarios de poner en marcha la Tasa Tobin, gravamen sobre las transacciones financieras para evitar movimientos especulativos.

Recursos que irían a sufragar el cambio energético y la creación de un auténtico mapa de infraestructuras digital. Y de congelar el presupuesto militar y prohibir las exportaciones de armas. Con esta batería de medidas pretenden pescar votos del SPD, pero también de Alternativa por Alemania, la AfD, a partir de la disociación -explica Wagenknecht- entre refugiados y terrorismo que la ha reportado no pocos adeptos a este partido de extrema derecha.

Unos 10.000 simpatizantes de la Izquierda se han decantado por la AfD en las últimas elecciones regionales, admiten varios think-tanks. La “restauración de la predictibilidad” es su gran aportación al debate europeo. Después de varios años de crisis, la UE navega “sin rumbo”; hasta el punto de darse de bruces con la realidad del Brexit y del resurgimiento de partidos ultranacionalistas de derechas, que han recogido adeptos entre el amplio número de jóvenes desocupados.

Su objetivo declarado: obtener un resultado de dos dígitos. Respaldo que les garantizarían ministerios y poder parlamentario en una probable coalición roji-verde.La suerte, pues, parece estar echada. Dos izquierdas, con dos sensibilidades, para combatir a la ultraderecha nacionalista europea.