El ministro libio del Interior en Trípoli, Imad Trabelsi, ha anunciado esta semana la restauración de una policía de la moral que, entre otras funciones, se encargue de ejecutar la imposición del velo a las mujeres y niñas mayores de nueve años. Su departamento insiste en que es una medida necesaria para, en sus palabras, reforzar los valores religiosos y tradicionales de la sociedad local.

Asimismo, la autoridad libia expuso en una rueda de prensa el pasado miércoles que esta propuesta irá acompañada de otras como prohibir la interacción entre hombres y mujeres en cafeterías, detener la importación de algunos tipos de ropa que consideran inapropiados, o establecer la figura del tutor masculino, para que las mujeres no viajen solas. 

Según las declaraciones de Trabelsi, las libertades personales y los derechos humanos son "conceptos europeos" que "violan las tradiciones libias y la religión islámica". Matizó que, quienes deseen disfrutar de esos derechos, deberán abandonar el país.

Así, los agentes de la brigada de la moral estarían encargados de vigilar tanto las calles como las redes sociales con el fin de detener y procesar a las personas que supuestamente incumplen "los valores de la sociedad libia". Estas restricciones se suman a la iniciativa de la Autoridad General de Asuntos Islámicos que en 2023 puso en marcha un programa de "Guardianes de la Virtud" para combatir las "desviaciones religiosas, intelectuales y morales".

El sistema de tutela masculina en Libia ya obliga a las mujeres a buscar la autorización de un tutor, conocido como mahram, que puede ser su padre, hermano o hijo para poder casarse o viajar. De hecho, la Agencia de Seguridad Interna (ISA) introdujo el año pasado un cuestionario obligatorio para que justificasen su desplazamiento sin la presencia de su tutor, enfrentándose al acoso e intimidación de las fuerzas de seguridad en los aeropuertos.

Incumplimiento de los derechos humanos

Diversas organizaciones de la sociedad civil han protestado en favor de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha rechazado la posible instauración de estas propuestas que considera que "no sólo son preocupantes, sino que también constituyen una violación del derecho internacional". 

El jurista libio Muhammad Abdel Salam señaló que el ministro del Interior "no es una autoridad legislativa, sino una autoridad ejecutiva" y que sus propuestas atentarían contra "la libertad personal y leyes aprobadas por la legislación libia que no deben sobrepasarse". En el mismo sentido, el director de la Corte Internacional de Justicia para Oriente Medio y Norte de África, Said Bernabia, ha denunciado: "En lugar de cumplir con las obligaciones internacionales las autoridades prefieren institucionalizar la discriminación de género, violar los derechos humanos de las mujeres y perpetuar el prejuicio contra las mujeres y niñas". 

También explicó que esta medida busca excluir a las libias de los espacios públicos y de la vida pública y confinarlas por la fuerza a la esfera privada, lo que supone "una ofensiva a gran escala" contra los derechos humanos de sus ciudadanas, incluidos sus derechos a la igualdad, la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, de expresión y de movimiento entre otros.