El caso de los secuestros y torturas a cuatro opositores del régimen de Guinea Ecuatorial residentes en España por parte de las autoridades del país africano ha superado el ámbito estatal. Además de la investigación judicial abierta en el Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, dos organismos internacionales están llevando a cabo pesquisas en lo que podría ser el primer paso hacia la imposición de sanciones a Guinea Ecuatorial.

El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha comenzado a investigar la presunta desaparición forzada de Feliciano Efa Mangue, Bienvenido Ndong Ondo y Martín Obiang Ondo mientras viajaban desde España —donde residían— a Sudán del Sur. Todos formaban parte del grupo opositor Movimiento por la Liberación de Guinea Ecuatorial III República y, según la acusación, fueron llevados a la fuerza a Guinea Ecuatorial, donde fueron juzgados y encarcelados por su supuesta participación en el golpe de Estado de 2017.

Junto a ellos también viajaba Julio Obama Mefuman, de nacionalidad española, quien falleció en la cárcel a principios de enero de este año, apenas unos días después de que el principal investigado del caso, el secretario de Estado de Seguridad Exterior e hijo del presidente del país, Carmelo Ovono Obiang, regresara a Guinea tras serle notificada en España la querella por secuestro y torturas interpuesta contra él. Desde enero, las autoridades ecuatoguineanas han ignorado la continuas peticiones de repatriación del cuerpo de Julio Obama por parte la Embajada de España en Malabo (Guinea Ecuatorial).

Asimismo, Guinea Ecuatorial ha ignorado las demandas de información del juzgado que lleva el caso sobre el paradero y el estado de salud del resto de los detenidos, tal y como informó la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso, mediante un oficio al que ha tenido acceso Público.

Todo ello ha despertado el interés del Grupo de Trabajo de Detenciones Forzadas de la ONU, que ha recopilado pruebas y consultado a la acusación y a las autoridades de Guinea Ecuatorial en relación a este caso. La información enviada por las partes será estudiada por los técnicos y expertos del Grupo en su 131º periodo de sesiones, que tendrá lugar entre el 18 y 27 de septiembre en Ginebra (Suiza), según ha informado la acusación.

Sus conclusiones serán remitidas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que podrá llevar a cabo recomendaciones de sanciones del mismo. Con dichas indicaciones como hoja de ruta, los países miembros podrán aplicar individualmente las medidas económicas que consideren oportunas contra las autoridades del país africano.

De todos los organismos que componen las Naciones Unidas, sólo el Consejo de Seguridad tiene capacidad para aplicar sanciones a los países miembros. Sus cinco componentes permanentes —China, Francia, Rusia, Reino Unido y EEUU— poseen derecho a veto, lo que dificulta la imposición de las sanciones. Aún así, el Consejo ha establecido medidas contra varios países en diferentes ocasiones. Las últimas tuvieron lugar en 2022 contra Haití, y se materializaron en la prohibición a determinadas personas de viajar a los Estados miembros, la congelación de activos y el embargo selectivo de armas.

Sanciones por parte de los Estados miembros

En febrero de 2023, el Parlamento Europeo aprobó, con el 95% de los votos, una resolución en la que responsabilizaba al "régimen dictatorial ecuatoguineano" de la muerte del español Julio Obama Mefuman en la cárcel de Guinea Ecuatorial en la que cumplía condena tras ser secuestrado en Sudán del Sur.

En el texto, instaba a la UE y a sus Estados miembros a suspender la cooperación militar, policial y en materia de seguridad con el país africano. También invitaban a sancionar a los miembros del régimen que hubieran perpetrado violaciones de los derechos humanos.

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha dado un primer paso en esta dirección, y el pasado agosto se reunió con miembros de la Coalición de Oposición y Restauración de la Democracia en Guinea Ecuatorial (CORED), confirman fuentes de la organización. La CORED es una asociación que aglutina diferentes personalidades y grupos opositores en el extranjero. En una comunicación con ellos al que ha tenido acceso Público, el SEAE también ha reconocido haber contactado con las autoridades del país africano en relación al mismo caso.

La SEAE está compuesta por técnicos y funcionarios cuya labor es asesorar al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, cargo del que es titular el exministro de Exteriores socialista, Josep Borrell. Es él quien recogerá las conclusiones y recomendaciones del servicio y propondrá al Consejo las sanciones contra el gobierno ecuatoguineano, las empresas, organizaciones o personas implicados de los hechos estudiados.

De momento no han trascendido las conclusiones de la SEAE y se desconoce si finalmente se materializarán en una propuesta de sanciones para los Estados miembros, aunque supone un primer paso en esta dirección.

El eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, solicitó al Consejo Europeo el pasado julio conocer el estado de las sanciones instadas por la Eurocámara a principios de año. En su respuesta, el Consejo subraya que "hará uso de todos los instrumentos a su disposición, en particular del régimen de medidas restrictivas de la UE contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos, para lograr el cambio". También recoge que "el Consejo y sus órganos preparatorios siguen vigilando de cerca la situación de Guinea Ecuatorial".