Amnistía Internacional (AI) espera que el Gobierno español no venda más armas a Nicaragua, después de que enviara en 2010 y 2016 material antidisturbios que "ha podido ser utilizado durante la represión" de las protestas ciudadanas que comenzaron hace seis meses contra el presidente Daniel Ortega.

La ONG humanitaria denunció hoy violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua con conocimiento de las "más altas autoridades del Estado, entre ellas el presidente y la vicepresidenta" —Daniel Ortega y Rosario Murillo—, y también, en muchas ocasiones, "bajo su orden y control".

Así consta en el informe "Sembrando el terror: de la letalidad a la persecución en Nicaragua", presentado hoy en Madrid y que documenta 25 casos de violaciones de derechos humanos ocurridas ente el 30 de mayo y el 18 de septiembre pasados: personas muertas, privadas de libertad o presuntamente torturadas.

"Parece que hay el compromiso del Gobierno de no volver a enviar armas, esperemos que esto sea así", dijo el director de AI España, Esteban Beltrán, en la presentación del informe.

Beltrán pidió al Ejecutivo español que contribuya a que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas convoque una sesión especial sobre Nicaragua, de la que salga una propuesta para constituir una comisión internacional de investigación.

También instó a la comunidad internacional a permanecer vigilante y exigente con las obligaciones del Estado nicaragüense sobre derechos humanos y no consolide su "estrategia de la represión". Pidió, además, que los gobiernos de otros países den "protección" a los nicaragüenses que están huyendo al extranjero.

AI entregará mañana 20.000 firmas en la embajada de Nicaragua en Madrid para que el gobierno de Ortega garantice y respete las libertades e investigue los casos de "violaciones graves de derechos humanos".

Por su parte, la Plataforma de Solidaridad con Nicaragua criticó el informe de AI por considerar que su redacción se basó en acusaciones de grupos opositores y medios de comunicación. La plataforma organizó ruedas de prensa simultáneas en Madrid, Barcelona y Sevilla para denunciar lo que creen una "instrumentalización política" de los derechos humanos nicaragüenses por parte de AI.

Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales estiman entre 322 y 512 personas muertas durante las protestas ciudadanas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que comenzaron el pasado 18 de abril y se prolongaron varias semanas, debido a unas reformas de la seguridad social luego anuladas.

El Gobierno nicaragüense, por su parte, reduce el número de víctimas mortales a 119, denuncia un intento de golpe de Estado y niega que hubiera violaciones de derechos humanos.