El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado este jueves a Italia culpable de tortura por la brutalidad de las cargas policiales llevadas a cabo contra los activistas antiglobalización desplazados a la cumbre del G8 celebrada en la ciudad italiana en 2001 y que se saldaron con la vida de Carlo Giuliani, un joven de 21 al que alcanzó una bala de la Policía.

La sentencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo condena la incursión de la Policía "especialmente grave y cruel" contra los activistas alojados en las instalaciones de la escuela Armando Díaz de Génova, que permanecieron sentados en el suelo con sus manos en alto mientras la Policía les golpeaba.

El Tribunal responde a la denuncia presentada por 42 personas presentes en la escuela y no es el primer fallo que emite en relación a estos hechos. Hace dos años Estrasburgo consideró, tras la denuncia de Arnaldo Cestaro, un hombre de 62 años que se encontraba dentro de la escuela en el momento, que en la irrupción de la Policía en la escuela Díaz se violó el artículo tercero del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que "nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".

Cestaro declaró en el juicio que "cuando llegó la Policía, estaba sentado de espaldas a la pared con los brazos en alto". Fue golpeado varias veces, causando múltiples fracturas, de cuyas lesiones no se ha recuperado totalmente.

El Tribunal ha declarado ahora que "considera que la violencia contra los denunciantes causó un sufrimiento físico y psicológico grave" y que el tratamiento que estos recibieron debe ser considerado como tortura, por lo que Italia debe pagar una indemnización de 45.000 euros a cada demandante, siendo 55.000 euros en el caso de dos de ellos.

La sentencia describe los sucesos de la noche del 21 de julio de 2001 en la que los agentes antidisturbios entraron en el local de la escuela utilizando un vehículo blindado para abrirse camino a través de la puerta de entrada. Una vez dentro, según ha señalado el Tribunal, los agentes hicieron un "uso indiscriminado, sistemático y desproporcionado de la fuerza".

El Tribunal ha declarado que las leyes italianas son inadecuadas para castigar y con ello impedir los actos de tortura cometidos por la Policía y ha instado al Gobierno a hacer los cambios necesarios."