Más de 13,4 millones de ecuatorianos tienen una cita con las urnas este domingo. Decidirán sus nuevas autoridades provinciales y locales y renovarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). También votarán ocho preguntas de un referéndum impulsado por el Gobierno. 

Esta votación ha sido promovida por el Ejecutivo del presidente conservador, Guillermo Lasso, con el objetivo de modificar la Constitución en temas de seguridad, instituciones del Estado y democracia así como cuestiones de medio ambiente y movimientos políticos. 

La Constitución ecuatoriana ha impedido la extradición de los ecuatorianos requeridos por otro país, independientemente del delito. Ocurre con el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Esto lo quiere modificar Lasso para que se pueda deportar a los ciudadanos por delitos relacionados al crimen organizado trasnacional. 

Desde el Gobierno ecuatoriano también buscan un cambio con respecto a la creación de un Consejo Fiscal que se ocupe de seleccionar, designar, promover, destituir o sancionar a los fiscales del Ministerio Público. Hasta el momento lo hace el Consejo de la Judicatura. 

Por otra parte, el Ejecutivo busca cambiar la regla que rige la Asamblea Nacional. Esta cuenta con 137 asambleístas y la Constitución obliga a aumentar la cifra en función del incremento de la población. El objetivo del Gobierno con esta modificación es lograr una representatividad más equitativa y para ello quiere que el número de habitantes para cada escaño sea mayor. 

Por otro lado, Lasso pretende que el fiscal general, el contralor, los vocales del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral sean designados por la Asamblea, las cuales se basarán en la meritocracia. Lasso propone, además, que sus consejeros sean elegidos por esta en vez de por votación universal y restar poder al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Asimismo, quieren establecer un mínimo de afiliados dentro de los 272 movimientos políticos vigentes en el país y reducir las organizaciones con pocos afiliados que actúan como un "impedimento" para los candidatos que buscan una formación con la que presentarse a las elecciones. 

Con respecto a la defensa del medio ambiente y del agua y acuíferos, el Ejecutivo busca crear un subsistema de zonas de protección del agua que sería parte del sistema nacional de áreas naturales protegidas. También quiere retribuir a los recicladores y a comunidades indígenas que ayudan a plantar cara a la deforestación.