Casi siete meses después de haber ingresado en el Centro de Inserción Luis Giménez de Asua de Sevilla, María Salmerón ha sido puesta en libertad condicional este martes. Así lo anunció Instituciones Penitenciarias, una vez que Salmerón ha cumplido las tres cuartas partes de la sentencia que la llevó a prisión. Salmerón había sido condenada a cumplir nueve meses de prisión en 2019 por negar alguna visitas de su hija con su expareja entre 2012 y 2014, condenado en firme por violencia de género en 2008 y después de que el Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop le denegara el indulto que había solicitado un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil.

Según el escrito de Instituciones Penitenciarias al que ha tenido acceso este diario, se han dado las condiciones idóneas para que se le conceda esta medida, de modo que, hasta el 9 de marzo, podrá tener libertad de movimientos, hasta ahora restringidos por la vigilancia telemática a la que estaba sometida. Por este motivo, poco después del mediodía de este martes, le ha sido retirada la pulsera que la controlaba, y ahora solo tendrá que cumplir una serie de medidas básicas, como no consumir sustancias estupefacientes.

A finales de junio pasado, Salmerón abandonó por primera vez el CIS de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) mediante un tercer grado que le permitió reincorporarse a su trabajo y pernoctar en su casa, aunque siempre vigilada por una pulsera telemática. 

Su ingreso en prisión no se detuvo, a pesar de los escritos remitidos al juzgado y al Ministerio de Justicia por su defensa en los que se constataba que Salmerón tenía todas las causas prescritas o que éstas eran anulables, por lo que no podía ser considerada como reincidente.

Salmerón recibió tres indultos previos de distintos Gobiernos del Partido Popular. Este cuarto, que hubiera evitado su primer ingreso en prisión, fue denegado por Justicia. Pilar Llop manifestó en diversas entrevistas, incluida una en Público, que no pudo indultar a Salmerón por ser ésta reincidente. Una medida que no fue compartida por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, que en diversas ocasiones afirmó que Salmerón debía ser indultada.