María Sevilla, la que fuera presidenta de la asociación Infancia Libre, ha salido de prisión. La jueza del juzgado número 2 de lo penal de Madrid he emitido un auto el pasado ocho de junio por el que suspendía la pena de cárcel de dos años que debía cumplir Sevilla tras el indulto parcial del Gobierno. La salida de prisión se produjo ese mismo día a primera hora de la tarde. 

La jueza razona en el auto de ejecución, al que ha tenido acceso Público, que según el artículo 80.1 del Código Penal, jueces y tribunales podrán adoptar, mediante resolución motivada, la suspensión de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando se den una serie de circunstancias. Entre ellas, que no sea esperable la comisión de nuevos delitos por parte del penado, que sea el primer delito cometido y que se hayan saldado las responsabilidades civiles.

En el caso de María Sevilla, la jueza estima que se cumplen todos los requisitos legales para suspender la pena de prisión y que esta está supeditada a la no comisión de nuevos delitos durante un plazo de cuatro años, tal como marca la concesión del indulto parcial concedido por el Gobierno. 

La jueza reconoce en el auto que Sevilla tiene otras causas abiertas, pero recuerda que se encuentran en fase de instrucción y que se trata de hechos anteriores "al momento en el que se decide la suspensión". 

María Sevilla ingresó en prisión de forma voluntaria el pasado 21 de febrero para cumplir una pena de dos años y cuatro meses de prisión por un delito de sustracción de menores a lap que la condenaron por permanecer más de un año en paradero desconocido con su hijo mayor. Sevilla desapareció en el momento en el que un juzgado decidía un cambio de custodia del menor en favor de su padre, denunciado por un posible delito de abuso sexual del menor. La causa fue archivada por falta de pruebas, aunque existen diversos informes que afirman la veracidad de las declaraciones del niño. 

El pasado 25 de mayo, el Gobierno concedió a María Sevilla un indulto parcial, al que se habían mostrado favorables tanto la Fiscalía como el tribunal sentenciador. El Ministerio Público, sin embargo, se oponía a que el indulto eliminara la pena de prohibición de cuatro años para el ejercicio de la patria potestad. El indulto del Gobierno rebajó en cuatro meses la pena de prisión dejándola en dos años y decidió conmutar la prohibición del ejercicio de la patria potestad por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad. 

La acusación particular, ejercida por la exparaja de Sevilla, había solicitado al juzgado la denegación del beneficio o que, en caso de acordarlo, éste estuviera condicionado a la imposición de una orden de alejamiento de Sevilla con respecto a su hijo mayor. La jueza ha rechazado estas peticiones por no ser aplicables y ha recordado que María Sevilla tiene un régimen de visitas con su hijo en un punto de encuentro de Marbella (donde reside el padre desde hace meses) y que Sevilla ha iniciado un proceso de rehabilitación y reinserción en prisión.

María Sevilla fue detenida por la Unidad de la Policía adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla en abril de 2019, en un operativo que incluyó a al menos una quincena de agentes armados y vestidos de antidisturbios. La entrada en la casa donde vivían María Sevilla con su hijo mayor, su actual marido y la hija menor fruto de esta relación se realizó hacia las dos de la madrugada cuando la familia estaba durmiendo. A partir de ese momento una serie de detenciones en cascada de distintas madres a las que se acusaba de haber incumplido los regímenes de visitas de sus hijos con los padres saltaron a los medios de comunicación y se intentó relacionar a dichas madres con Unidad Podemos. 
La Policía judicial inició días después un informe en el que intentó presentar a Infancia Libre como una organización criminal, fundada para interponer denuncias falsas con la ayuda de abogados y profesionales del Sistema Publico de Salud, como colaboradores necesarios. 

De hecho, tal como ha podido comprobar Público analizando los casos de diversas madres, ninguna tenía una historia similar y todas habían denunciado a sus exparejas por posibles abusos sexuales hacia sus hijos e hijas o por violencia de género mucho antes de que se creara la asociación sin ánimo de lucro. El informe policial contenía a una veintena de mujeres que según la Policía utilizaban el mismo modus operandi, cosa que se confirmó falsa tras una investigación realizada por la Fiscalía de Madrid, donde la Policía entregó dicho informe.

Según el Ministerio Público, no existe ningún indicio de que Infancia Libre fuera una organización criminal, ni existe "dato alguno" de un posible delito de "denuncia falsa" por parte de la asociación o de sus miembros y archivó la causa.