Carmen tiene una hija víctima de violencia machista. Su maltratador tenía 21 años y ella lo conoció con apenas 16. Su madre "veía cosas raras", pero no supo lo que sufría su hija hasta que ella se lo contó a su prima, de edad similar: "No me di cuenta, eso es lo que peor llevo. Ella no quería ir al colegio ni salir con sus amigas, él se lo prohibía porque no quería que estuviera con otros chicos".

Cuando le golpeaba, la joven se cubría todo el cuerpo. "Iba en verano con ropa de invierno. Era raro, pero no imaginé que estuviera viviendo ese horror", lamenta Carmen. Después, todas las piezas encajaron. Su hija estaba "aterrorizada" pero gracias al apoyo familiar acabó denunciando a su expareja. "La acompañaré en todo lo que decida, nunca la he juzgado". Después de denunciar, él amenazó a Carmen y a toda su familia.

Meses después de la denuncia, el maltratador repitió el mismo patrón con otra mujer joven. "Yo me presenté en la casa y les dije qué había pasado con el maltratador de mi hija", cuenta Carmen a Público. 

Con el tiempo, la madre de la nueva pareja, asustada, se puso en contacto con Carmen, le pidió consejo porque también a ella la había amenazado. Fue así como ayudó a empoderarse a la otra madre. "El problema es que la Policía solo recibió la denuncia cuando la madre fue amenazada porque ella no había visto explícitamente el maltrato", explica Carmen. 

La violencia machista es un delito público y cualquier persona que sea testigo puede denunciarla. Sin embargo, como apuntan las expertas consultadas por Público, el miedo, la violencia institucional, el daño social, la falta de profesionales formados o la poca coordinación entre organismos crean barreras para las denuncias del entorno.

Miedo y violencia institucional

Carmen, que está en contacto con varias víctimas y sus familias, ve que el miedo es el factor que paraliza las denuncias: "Piensan que el maltratador puede tomar represalias contra las mujeres o las familias". Explica que "si no se denuncia, no se llega a nada, pero hay entornos que por distintas razones no pueden hacerlo", agrega. 

A Carmen le gustaría que las políticas y los políticos se pusieran en sus zapatos, que "les llegara de cerca para que las leyes cambien" y protejan a las familias también. Denunciar se puede convertir en una carrera de obstáculos, pero sigue siendo clave.

Familia y vecinos pueden sentir que "no serán creídos", incluso que ellos mismos pueden sufrir violencia en el proceso. La violencia machista es un perjuicio para las víctimas pero también para todo su entorno. 

El daño social

En muchos casos, la víctima no cuenta con sus redes de apoyo, su proyecto de vida se merma, hay una "desestructuración" social completa. Es lo que se denomina daño social: todo el menoscabo que la violencia machista genera. La víctima ya no puede relacionarse con sus amigos y familia. O porque tiene miedo a contárselo o porque su agresor la aparta del entorno.

"La violencia machista es de los pocos delitos por el cual una víctima no cuenta con sus redes de apoyo. Muchas veces se callan, no se lo dicen a sus padres ni a sus madres. Tienen miedo al estigma. Eso es daño social", explica Marta Simón, trabajadora social forense y creadora del concepto de secuela y lesión social en violencia machista.

Hay cinco dimensiones para valorar el daño social y una de ellas es la relación con familiares y allegados. Los maltratadores impiden a las víctimas acudir a la familia o a lugares donde pueden contar lo que les está pasando.

"La cultura social tiene que reconocer las agresiones hacia las mujeres. Si se reconoce sin una mirada revictimizante, llega el plano familiar: acompañar a la víctima sin juicios", explica Simón.

Frente a la idea finalista de la denuncia policial, Cristina Mateos, trabajadora social y perita en casos de violencia machista, apunta al acompañamiento: "Recomendaría al entorno tomar conciencia y acompañar a la víctima a los recursos especializados porque no solo está la policía".

Mateos anima a activar el protocolo de denuncia desde el momento en el que la víctima expone su caso a un profesional. También particularizar su atención: "cada víctima tiene unas necesidades específicas, muchas no pueden acudir a sus familias ni a la policía", advierte.

La burocracia

El protocolo cero para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en su punto cuatro, hace alusión a prestar "atención al entorno y a las personas que están presentes" y menciona en varias ocasiones recoger información de terceros. Carmen (la madre de la víctima menor de edad) explica que existen barreras a la hora de denunciar: "Tiene mucho que ver con el profesional que te toque", advierte.

La formación marca la diferencia. "Todos los operadores y operadoras que trabajan en violencia tienen que tener buena praxis profesional. Los procesos tienen que asegurar la buen diligencia, de lo contrario se pone en riesgo la vida de las mujeres", remarca Mateos.

Otras de las dificultades que apuntan las experta es la falta de coordinación entre instituciones, en particular, entre el Gobierno central y las comunidades autónomas negacionistas de la violencia machista: "Estamos a mínimos en intervención social. Hay que mejorar muchísimo la coordinación porque asegura una atención eficaz". 

Sin una buena coordinación, las víctimas quedan muchas veces desprotegidas. Los periodos de espera y la burocracia generan incertidumbre y desafección hacia las instituciones. "Necesitamos reducir los tiempos de respuesta y ampliar la seguridad en la vida de las mujeres, sus hijas e hijos y también su entorno que muchas veces también es amenazado", finaliza Mateos.