La acción popular, herida de muerte por los diputados del PSOE

La acción popular es una institución de democracia directa sorprendentemente incluida en el art 125 de la Constitución. Sorprendente porque no suele estar presente en los ordenamientos jurídicos de otros países. Dice el citado artículo: “Los españoles podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado”. Acción popular y jurado son instrumentos de democracia directa en el seno del poder judicial equivalentes al referéndum y la iniciativa legislativa popular en el poder legislativo. Se ejecutan directamente por la ciudadanía sin interposición de nuestros representantes o terceros. La acción popular es promovida por un ciudadano español personándose en un proceso penal como acusador en defensa de los intereses públicos.

La acción popular en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico presenta dos avales. Primero, es un derecho concedido a la ciudadanía en la prosecución del interés público, cuando éste es objeto de vulneración por particulares, organizaciones e incluso el propio Estado. A través de la acción popular se ha conseguido desmantelar numerosos atentados al interés público (muchos más que los casos mediáticos que se acostumbran a citar: el GAL, la infanta Cristina y el dictador Pinochet). Segundo, es una suerte de complemento de la posible inacción del fiscal general del Estado, carente de independencia debido a su designación por el Gobierno. Quien entre otras funciones tiene que vigilar al Gobierno, es designado por el dedo del Gobierno. Lamentablemente un enorme error cometido por el constituyente, autor del art. 124.4 de la Constitución, impidiendo la independencia e imparcialidad de una institución tan relevante como la Fiscalía.

Los diputados del PSOE pretenden reformar con una proposición de ley la acción popular tal como viene recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la finalidad de que partidos políticos y organizaciones de ultraderecha no se apropien de ella para lanzarla contra sus adversarios y de exigir pruebas para la aceptación a trámite de una querella por los jueces (“no meras hipótesis sin un mínimo fundamento de credibilidad, o informaciones periodísticas”, según refiere el art. 313 reformado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). El problema es que esta reforma no atañe únicamente a los indicados fines -lo que es plausible-, sino que afecta muy negativamente a nuestra Constitución y ordenamiento jurídico y a los derechos fundamentales de la persona. He aquí una lista de las vulneraciones jurídicas perpetradas por la proposición de ley.

La restricción de la legitimidad procesal activa; muy pocos pueden plantearla

No es una acción en manos de la ciudadanía para perseguir asuntos tan importantes como los afectados por el interés público. La proposición de ley exige un vínculo con el asunto, pero no un vínculo cualquiera, sino “un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente” (art. 104 reformado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Se abre la puerta a una jurisprudencia restrictiva definiendo qué significan los términos concreto, relevante y suficiente. Es el peligro que tienen lo que los juristas llamamos conceptos jurídicos indeterminados, que usualmente admiten una interpretación poco generosa. Los requisitos formales estrictos hacen inaccesibles las instituciones. Es lo que le sucede a la iniciativa legislativa popular, que exige medio millón de firmantes y numerosos requisitos formales. La acción popular va en camino de pasarle lo mismo. De ambas desconfía el legislador evidentemente, permitiendo que caigan en desuso y fuera del control ciudadano.

La vulneración de un principio jurídico y derecho fundamental: la irretroactividad de la ley penal

Es el más grave atentado contra el Derecho de la proposición de ley del PSOE, pues atañe a una de las garantías procesales de la Constitución española: la irretroactividad de las disposiciones sancionatorias, no favorables o restrictivas de los derechos individuales (art. 9.3 CE). Las leyes penales no pueden ser retroactivas, es decir, no pueden aplicarse a situaciones jurídicas sustanciadas con anterioridad a la puesta en vigor de la ley. Principio jurídico que está en relación con el principio de legalidad penal: no hay delito si no es contemplado por una ley en el momento en el que el delito se comete. Pues bien, la proposición de ley pone en suspenso los procedimientos en tramitación afectados por la acción popular, es decir, se retrotrae a situaciones jurídicas anteriores a la puesta en vigor de esta proposición. Expresa la disposición transitoria única que las modificaciones “serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente ley orgánica”. 

El PSOE así se expone a la clamorosa crítica de que pretende defenderse de los procedimientos penales que le afectan en la actualidad. Las reformas jurídicas no deben aprobarse “en caliente” y con intereses particulares evidentes y menos si afectan a un partido político en el Gobierno.

Las carencias del objeto de la acción popular: los pocos delitos recurribles

Los delitos están tasados en la proposición: son esos, los indicados, y ninguno más. Con la gran cantidad de delitos afectados por el interés público, la proposición de ley tan solo recoge 11 delitos (art. 103 reformado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Una simple lectura de la escasa lista, no por un experto sino por cualquier ciudadano, advierte las importantes lagunas en la enumeración de los delitos. Están bien los incluidos, pero falta la incorporación de otros tan relevantes e igualmente afectados por el interés público como los seleccionados.  

Les pongo una lista de algunos delitos defenestrados por la proposición: delito de trata de seres humanos, delitos relativos a la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, los numerosos delitos contra la seguridad colectiva, delito de prevaricación de los funcionarios públicos (la proposición contempla tendenciosamente solo la prevaricación de los jueces), delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes, delito de sedición (únicamente está el delito de rebelión en la proposición)

En todos ellos subyace un interés público que los diputados del PSOE proponentes de la reforma han soslayado.

La improcedente elección de la fuente jurídica para la aprobación de la acción popular

En efecto, en materia de tanta relevancia se ha hurtado a los representantes del pueblo, los diputados, la posibilidad de la información y el debate sobre la reforma. Al ser una proposición de ley y no un proyecto de ley no existen los oportunos informes de importantes instituciones de control y además no es posible el debate de los parlamentarios. Se ve que los proponentes de la reforma pretenden salir airosos pasando de puntillas por el Parlamento.

El acusador popular es un convidado de piedra en el procedimiento judicial

En un punto anterior la proposición atentaba contra el art. 9.3 de la Constitución. Ahora contra el derecho fundamental a la tutela judicial del art. 24.1, que expresa: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. La proposición convierte al acusador popular en un mero asistente al proceso penal, mudo, sin poder solicitar nada y lo único que se le permite es la posibilidad de recurrir al sobreseimiento final, si tiene lugar. Comete la incoherencia de permitir que recurra quien antes no ha podido solicitar ninguna prueba. En efecto, el nuevo art. 277, bis, 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afirma: “El acusador popular no tendrá acceso al procedimiento judicial ni se le permitirá desarrollar actuación alguna durante la fase de instrucción”. 

En resumen, tenemos que la acción popular no puede ser activada por la ciudadanía, quien la active debe permanecer atado de pies y manos durante el procedimiento penal, y únicamente puede personarse en contados delitos. Una institución jurídica herida de muerte, condenada al desuso, debido a una deficiente reforma de los diputados del PSOE, que deberían retirarla del registro del Congreso de los Diputados.