Desprotegidos en internet

Si navegas por internet y utilizas sus servicios tienes una alta probabilidad de que seas víctima en algún momento de prácticas abusivas. Tanto es así que la propia Comisión Europea (CE) determinó en octubre pasado que el coste anual de estas prácticas comerciales dañinas en internet para los consumidores de la Unión Europea (UE) es de al menos 7.900 millones de euros al año. Por este motivo, la CE prepara una Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act, DFA) con la que parar los pies a las empresas.   

Tras el demoledor informe que alarmaba sobre la indefensión de los y las consumidoras europeas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió al comisario de Protección del Consumidor de la UE, Michael McGrath, para iniciar el desarrollo de esta nueva normativa, todavía en curso. Para entender de una manera sencilla en qué consisten principalmente estas prácticas abusivas basta con hacerse cinco preguntas:

• ¿Alguna vez se ha sentido presionado para tomar una decisión en una página web porque ésta le urgía?

• ¿Ha notado alguna vez un impulso incontrolable o difícil de contener para seguir conectado a la web o, incluso, gastar más dinero?
  

• ¿Ha recibido publicidad dirigida a problemas que esté sufriendo, ya sean financieros, divorcio, salud mental…?

• ¿Cuántas veces cancelar una suscripción le ha supuesto un quebradero de cabeza o, sencillamente, ha sido incapaz de hacerlo?

• ¿Se ha sentido estafado por un influencer promocionando productos, aparentemente de forma desinteresada, cuando en realidad cobra por ello?

Si ha respondido que sí a alguna de estas preguntas, usted ha sido víctima de prácticas abusivas que, por orden, consisten en patrones oscuros en las interfaces online, diseños adictivos de servicios digitales, segmentación personalizada que aprovecha las vulnerabilidades de los consumidores, dificultad con la gestión de las suscripciones digitales y prácticas comerciales encubiertas de los influencers que, además, podrían estar ya vulnerando leyes aprobadas como la de Servicios Digitales o la Directiva sobre Servicios de Comunicación Audiovisual.

La Organización Europea de Consumidores (BEUC) lleva años alertando de esta situación y del amplio margen de mejora que hay todavía en materia de protección de los consumidores en internet. Los ‘barridos’ periódicos que hace la Comisión Europa para ver si se cumple la ley (a influencers, patrones oscuros, ofertas en periodos como Black Friday, agencias de viajes…), en colaboración con las autoridades nacionales de los Estados miembro, no son suficientes.

Otra de las organizaciones activas en este campo es European Digital Rights (EDRi), la mayor red europea de organizaciones que defienden los derechos y las libertades online. Al igual que BEUC, EDRi ha advertido por activa y por pasiva de cómo las grandes empresas tecnológicas y los intermediarios de tecnología publicitaria han creado la ilusión de cumplimiento de la ley cuando, en realidad no es así… y cuando son pillados in fraganti aducen hacerlo en favor de la innovación o la competitividad. Como ejemplo de este proceder, EDRi expone el consentimiento de las cookies, que transmite la apariencia de opción mientras se siguen explotando datos personales. Otro ejemplo muy ilustrativo es el modelo denominado Pay or Okay (Paga o Consiente), es decir, pagar por acceder a un servicio –anteriormente gratuito, en muchas ocasiones- o aceptar el tratamiento de los datos personales para fines publicitarios a cambio de no rascarse el bolsillo.

La irrupción de los algoritmos ha empeorado las cosas de cara al consumidor. Un ejemplo de ello es la fijación de los precios. Aunque muy poca gente lo sepa, desde 2022 las empresas deben indicar si el precio de una oferta es personalizado; el problema reside en que rara vez es discernible este dato entre tanta información. Además, la mayor parte de las veces –por no decir siempre- los algoritmos utilizados para marcar ese precio no son transparentes, por lo que al consumidor le resulta imposible rastrear qué datos se utilizaron para generar ese precio.

Entre las medidas propuestas por EDRi destaca la incorporación a la nueva ley de los principios de equidad desde el diseño y por defecto, es decir, que quien provee su servicio piense en términos de protección de datos desde el mismo momento en que lo diseña. De esta manera se garantiza que los consumidores no sean los únicos responsables de protegerse de posibles daños, por ejemplo, deshabilitando funciones de recopilación de datos innecesarios o revisando las políticas de privacidad y los términos de servicio para detectar riesgos. En este sentido, debería suprimirse de raíz cualquier práctica de diseño engañosa, como pueden ser esas pruebas de determinados servicios que, pese a presentarse gratuitas, exigen la introducción de la información de pago o a las renovaciones automáticas de suscripción sin avisar de antemano.

La realidad es que se da una asimetría digital y, según denuncian estas organizaciones, la protección del consumidor en internet ya no puede depender únicamente de la transparencia y el consentimiento; es preciso extender este enfoque de equidad desde el diseño y por defecto, para lo cual se requiere de un cambio político y legislativo.

En plena ‘economía del dato’, el consumidor se encuentra en una posición aún más débil de la que ya venía: mientras las empresas en internet saben demasiado de las personas que hacen uso de sus servicios (hábitos de navegación, datos personales, incluso, estatus económico…), éstas se topan constantemente con arquitecturas de elección que cambian constantemente, perversamente optimizadas para maximizar las tasas de conversión y el consumo. Esa es la asimetría digital que la futura Ley de Equidad Digital debería romper de una vez por todas.