¿Es la Agencia Tributaria una organización terrorista?

Decían Laplace y Sagan que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y si “madame Bovary somos todas”, seguro que muchos trabajadores, en particular autónomos y pequeños empresarios, se verán reflejados en lo que sigue.

Vaya por delante que soy firme defensor del pago de impuestos. Es un pilar básico del estado de bienestar y permite la redistribución necesaria para atender los servicios públicos y la protección de los desfavorecidos. También considero que todo contribuyente puede ser inspeccionado para vigilar que no se produzcan fraudes.

Hace poco recibí una notificación de la Agencia Tributaria. Me dicen que observan un descuadre en mi declaración de 2019; lo que debería estar en una columna está en otra, pero las sumas coinciden. No me hacen “una paralela”. No dicen que haya cometido ninguna irregularidad. La suma de lo declarado coincide con la que tiene Hacienda, al céntimo. Pero esa carta, que no acabo de entender, me llena de inquietud.

Quien haya recibido alguna vez una carta de Hacienda sabrá que las notificaciones cumplen con tres características: son opacas, conminatorias y desequilibradas. La que yo recibí tiene 8 páginas. Me precio de leer textos complejos, pero no la entendí en una primera lectura. Solo después de que la llevara a una gestoría y me dieran claves para interpretar lo que me decían y pedían y, por supuesto, con lo que me amenazaban, pude desentrañarla. Me pregunto qué hacen los cientos de miles de personas que reciben notificaciones similares. En efecto, lo que yo: llevarlas a una gestoría.

Alguien diría que si demuestro que mi declaración es correcta no debería preocuparme. Si no hay crimen, no hay castigo. Pero, amiga, amigo, la Agencia Tributaria no da puntada sin hilo. Puesto que “observa” ese descuadre, aprovecha a pedirme toda mi contabilidad de 2019 para comprobar que esté en orden. La Agencia Tributaria quiere limpio el escenario de un crimen, aunque no haya crimen.

Las notificaciones son conminatorias. La Administración no pide que “el/la contribuyente” aclare un supuesto error. Avisa de que inicia un proceso de gestión tributaria y detalla una larga lista normativa por la que se puede ser objeto de multas si no se atiende en plazo. Pero hay algo más importante, en negrita: “La presentación por medios electrónicos es la única posible si, de acuerdo con la normativa vigente, se encuentra obligado a relacionarse con las Administraciones por dichos medios”. Esto se llama despotismo informático. No todo el mundo tiene ordenador, ni por qué saberlo usar cumplimentando las abstrusas declaraciones de Hacienda.

Y he dicho como tercera cualidad que son desequilibradas. La Agencia Tributaria concede diez días para responder, le da igual si tienes trabajo o jaquecas, si te ibas de vacaciones o si atiendes a un moribundo. Si no se hace en el plazo y el formato solicitado, se inician expedientes sancionadores. Cualquiera que se haya relacionado en algún momento con todo tipo de administraciones (locales, autonómicas, estatales, de protección ciudadana, Seguridad Social…) puede imaginar cómo funcionaría este país si esas administraciones tuvieran que responder detallada y eficazmente a lo que “los/las contribuyentes” solicitamos… ¡en diez días!

Puedo considerarme afortunado. Me manejo con relativa soltura a la hora de redactar alegaciones. Puedo escanear, porque tengo escáner. Puedo responder por correo electrónico, porque tengo ordenador e internet. Incluso sé manejar Excel y puedo indexar mis facturas en una hoja de cálculo y establecer metavínculos. La notificación me informa: “La Agencia Tributaria pone a su disposición, en el apartado de información técnica del portal de IRPF, los formatos en que pueden ser presentados los Libros, www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/IRPF.shtml.” Pero les sugiero: traten de utilizar este vínculo. Se perderán en una maraña de páginas, recomendaciones y ejemplos imposibles de entender por un ciudadano normal. ¿Coincidirá el modelo que elija con lo adecuado a mis obligaciones en el año indicado? Corro el riesgo de que no. ¿Cuál es la solución? Es evidente: preguntar en una gestoría. O mejor: entregarles todos mis archivos para que los procesen. En definitiva: tengo que pagar para demostrar que no he cometido un crimen que no se ha producido.

Cualquiera que haya visitado una gestoría este tiempo sabrá que están desbordadas. La pandemia ha dejado tras de sí un reguero de despidos, eres, ertes, solicitudes de ingresos mínimos vitales, jubilaciones… a las que no dan abasto porque todas tienen que tramitarse electrónicamente. Además, las líneas telefónicas de Hacienda o de la Seguridad Social están bloqueadas, incluso para los gestores. Estos trabajan mucho, pero les va bien; quizá su salud se resienta, pero sus negocios tienen demanda.

Da igual que seas un viudo con una pequeña tienda y trates de cobrar una pensión; o un joven que decidas impulsar la explotación agraria de tu abuelo; o una mujer que emprendas un negocio como ceramista; o un fontanero que trabajes hasta la extenuación para sacar adelante a tu familia; o una filóloga que trates de sacarte un dinerillo como profesora de inglés, o un rider… Da igual. Si queréis ser “legales” necesitaréis una gestoría porque el lenguaje y las normas de la Administración nos convierten a todos en ciudadanos incapaces e ineptos. Esto es despotismo lingüístico.

El gestor intenta consolarme: no soy un caso singular; tramita decenas de requeri­mientos similares, con una excusa u otra, dirigidas especialmente a profesionales, autónomos y pequeños empresarios. Lo llaman “lucha contra el fraude”.

2020 nos ha empobrecido y Hacienda sabe que eso lo va a notar en nuestras próximas declaraciones. Por eso, ha acelerado otros mecanismos de recaudación. La Agencia Tributaria pide datos. Se los pide a decenas o cientos de miles de contribuyentes, hayan cometido infracciones o no. Las excusas son variadas.

Esto no es, como nos quieren vender, “una lucha contra el fraude”. Es lo más parecido a una campaña de phishing, ese mecanismo delictivo que consiste en enviar miles de mensajes en la certeza de que un porcentaje de incautos caerá en el engaño. Con que sea pequeño, ya es negocio. La Agencia Tributaria envía decenas, quizá cientos de miles de cartas conminatorias. Unas no podrán ser atendidas porque “el/la contribuyente” bastante tiene con un proceso de divorcio o de desahucio o de duelo por la muerte de un familiar. Otras serán sancionadas por no ajustarse a las oscuras normas contables que Hacienda dicta. En otros casos se reducirán gastos que estiman justificativos, aunque sean necesarios para realizar su negocio. Y, sí, habrá algunos casos de fraude. Pero tras ese barrido, a los honestos y a los defraudadores, la Agencia Tributaria les incoará expedientes, propondrá sanciones, pondrá multas, establecerá recargos… A un pequeño empresario o a un trabajador autónomo siempre existe el riesgo de que se le escape algo, que se confunda en algo, que olvide algo entre los cientos o miles de datos que debe contabilizar al cabo del año. Para la Agencia Tributaria, todo contribuyente es un potencial delincuente que debe ser vigilado, coaccionado y sancionado; así nos trata en sus notificaciones. Todas las notificaciones dan miedo. Todos vamos a las gestorías para que nos ahuyenten miedos pretéritos o futuros.

Como digo, esto es especialmente frecuente en el caso de autónomos y pequeños empresarios. Hacienda necesita dinero. Los funcionarios y los asalariados no pueden ser esquilmados más; tienen sueldos fijos, a veces de miseria, horarios prefijados y casi siempre hay organizaciones sindicales que los protegen. La única manera de sangrarles sería subir el IVA y otros impuestos indirectos, y esa es una medida impopular. Pero los autónomos y profesionales, si se les detraen 20, 200 o 2.000 euros a través de este phishing, siempre encontrarán tiempo y energía para compensar ese desgarro y no cerrar su actividad. O eso, o la muerte. Si en el ejercicio anterior pagaste 2.700 euros, ¿por qué no 3.000 ó 4.000? Incluso si no existen errores o irregularidades, Hacienda siempre podrá decir: “Esas botas aislantes, la cena que hiciste a 300 km de tu casa, la calculadora o la furgoneta que compraste no eran indispensables, así que no te los considero deducibles. Los anulo, subo tu cuota y te impongo una sanción por tratar de engañarme. Venga, no te enfades, trabaja un poco más el año próximo”. El mecanismo es así de simple y así se está utilizando masivamente. Quizá por eso se fomente tanto el “emprendimiento”. Para la Agencia Tributaria, para los gobernantes desaprensivos, todo trabajador autónomo o todo pequeño empresario son un chollo, un pozo del que siempre se puede extraer algo más de agua. Eso, dicen, es “lucha contra el fraude”: recaudar millones de euros revisando las declaraciones de cientos de miles de contribuyentes, al por menor… De aquí 100, de aquí 500, allá 700… Tal revisión se hace sin audiencia del o de la contribuyente, sin que tenga ocasión de alegar o de defenderse. Esto es despotismo administrativo.

Pero hay más, mucho más estremecedor todavía, y ya no se trata de dinero. Esas cartas masivas de la Agencia Tributaria, simbólicamente cubiertas de una cortinilla negra, son armas con las que sembrar el miedo. Son bombardeos en alfombra realizados a colectivos enteros, y no ataques selectivos sobre el corazón del fraude. Todo lo tuyo está a la vista del Gran Hermano que es la Agencia Tributaria. Una vez le diste tus datos y tus metadatos. Sabe dónde vives, cuál es tu cuenta corriente y tiene los mecanismos necesarios para tomar lo que considera. Si lo estimas injusto, prepárate para gastar dinero, tiempo y salud en recursos que no paralizarán el cobro. Ahora no solo precisarás de gestores, sino de abogados y procuradores. Hacienda sabe cómo amenazarte y quitarte el sueño. Esto es despotismo económico, pura coacción. No te ayudará si no llegas a fin de mes, si tienes un problema de tesorería, si la propia Administración se demora en el pago y eso pone en peligro tu empresa, si quieres innovar o necesitas asistencia profesional. Esa no es su labor; por todo eso debes pagar. La Agencia Tributaria te da miedo, reconócelo. Te vigila y tanto si tratas de engañarla como si te equivocas puede esquilmarte; puede arruinar tu trabajo, tu sueño, tu vida y la de tu familia. Recuerda: las cartas llevan una cortinilla negra. Nada es casual.

Yo a eso lo llamo terrorismo, tal como lo define la RAE en su primera acepción: “la dominación por el terror”. Quienes podemos leer esto hemos salido vivos de una pandemia, pero lo malo está por venir. Ya podemos ver lo que está ocurriendo con los precios de la electricidad, y eso que no se habla de la subida de los carburantes o de los artículos de primera necesidad. Hacienda necesita dinero y conoce cómo extraerlo de forma masiva mediante esta técnica de phishing. Sabe perfectamente dónde están las grandes bolsas de fraude fiscal, sabe de la evasión de capitales, sabe de las sicavs, sabe de las comisiones ilegales, sabe dónde van a parar las ingentes cantidades de dinero que proceden del tráfico de personas, de la droga o de la prostitución forzada. Pero las grandes empresas y ciertos personajes oscuros están amparados por prestigiosas y carísimas asesorías a las que tú jamás tendrás acceso. Qué curioso que a sus bufetes y consejos de administración vayan a parar expresidentes, exministros y muchos otros políticos, cobrando sueldos astronómicos. Qué curioso.

Estamos en plena campaña de declaración de la renta. Declarar es indispensable. Controlar el fraude, también. La pandemia nos ha individualizado, nos ha fragmentado. Durante meses no ha sido posible visitar una oficina pública para poner una reclamación o hacer una solicitud y me temo que estas prácticas vienen a quedarse. Todo se ha hecho a través de internet, reforzando el despotismo informático. Las comunicaciones se emiten sin cuidar de que sean inteligibles por el ciudadano, reforzando el despotismo lingüístico. No hay posibilidad de reclamar salvo pagando gestores, abogados o procuradores, afianzando el despotismo administrativo. Los grandes pilares del supuesto estado del bienestar, como Hacienda o la Seguridad Social han encontrado en la telemática la herramienta ideal para controlar, amenazar y sancionar, a través del despotismo económico. Una terrorífica combinación que crea el perfecto Gran Hermano, en el que cada ciudadano, cada ciudadana, es un mero número de DNI, de NAFSS, de NIF, de CIF…

La Agencia Tributaria pide mis datos aunque no haya cometido delito. Tiene derecho y puede hacerlo, como con muchos miles. Si se los doy, no me dará audiencia, no podré alegar, no tendré derecho a defenderme. Alguien que no conoce las condiciones de mi trabajo tomará decisiones sobre mis gastos. Una máquina emitirá un documento. Lo más probable es que sea una conminatoria carta de pago, porque soy un autónomo al que se puede sangrar algo más. Se me concederá derecho a recurrir, pero el coste del proceso quizá supere la deuda y, si fallara a mi favor, sería dentro de años y no merecerá la pena. Como miles de contribuyentes, agacharé la cabeza, rechinaré los dientes y acabaré pagando. Trabajaré un poco más el año próximo. Y como me quitarán dinero, sentiré un poco más de miedo.

Es difícil resistirse al Gran Hermano, cada vez más. Solo los poderosos pueden hacerlo.

¿O no…? Hace no mucho, Antonio Fraguas “Forges” y Javier Reverte, entre otros, emprendieron una lucha contra la Agencia Tributaria que acabaron ganando. Trataron de que Hacienda permitiera la compatibilidad entre la pensión de jubilación y la percepción de sus derechos de autor, algo que en el resto de Europa se considera evidente pero que en España se limitó por la inveterada obstrucción y el castigo a la cultura. Tras años de pleitos, acabaron ganando. Puedo imaginar sus preocupaciones, sus insomnios, sus decepciones, los gastos de procuradores y abogados a los que tuvieron que hacer frente durante casi un lustro contra las amenazas de Hacienda. Ganaron, pero murieron relativamente jóvenes, y me estremece pensar que la Agencia Tributaria quizá restó semanas o meses a sus años.

¿Acepto el phishing? ¿Engordo a la Bestia? ¿Alimento el terror?

No es un dilema solo económico, sino también moral.

Casi acabo. Tengo 67 años. Realizo declaraciones a Hacienda ininterrumpidamente desde 1978. He cotizado a la Seguridad Social ininterrumpidamente 42 años y 142 días. Desde mayo de 2019, el ejercicio por el que me piden (más) cuentas, y en el que me jubilé, la Seguridad Social mantiene reducida mi pensión contributiva de 802 euros al 50%, incumpliendo el RD 302/2019 que consiguieron Forges y Reverte. Hasta enero de 2021, la Administración me debe 11.262,54 euros y no tengo expectativa de cobro; tras varias reclamaciones, no me han respondido. Desconozco si el Ministerio de Cultura ha movido un dedo por saber si ese RD se está cumpliendo o no. Señores de la Agencia Tributaria, me dan ganas de decirles lo que dijo un día Labordeta en el Congreso.

Seré sancionado. Pero si me plegara sin más, si me callara, traicionaría la memoria de Reverte y Forges. Olvidaría a los miles de trabajadores de la cultura condenados a vivir con pensiones de porquería. Me desentendería de los problemas de “emprendedores”, como mi propia hija. Y perdería el respeto de los miles de jubilados que en calles como las de Bilbao claman por pensiones dignas. ¡Ya está bien de neoliberalismo despótico! Es indispensable contribuir y controlar, pero no así, no así.

(Voy a ponerme con la declaración de 2020. Les seguiré contando…)