Solo una huelga de alquileres logrará parar todos los desahucios

Hace dos semanas, a las 10 de la mañana del miércoles 24 de julio, un centenar de personas oíamos nuestras voces retumbar al unísono. Entre los bloques de Lavapiés se escuchaba “Zohra no estás sola, estamos contigo”. Mientras tanto, el furgón del Samur Social en el que estaba nuestra compañera subía lentamente la calle Zurita. Su destino: Las Caracolas, en Villa de Vallecas. Un “dispositivo de acogida de carácter temporal y transitorio”, según describe el Ayuntamiento de Madrid en su web. Para entendernos mejor: una parcela con 32 módulos prefabricados pensados para convivir más de 9 personas en cada uno de ellos.

Zohra acababa de perder su casa. Acababa de ser desahuciada de la vivienda que había sido su hogar durante más de una década. Su casero, arquitecto de viviendas de lujo y dueño del edificio entero, Antonio del Pozo, había contado con el beneplácito del Gobierno y todas las instituciones del Estado para dejarla en la calle sin alternativa habitacional.

Fallaron todas las instituciones del Estado, todas. Fallaron los juzgados, la policía, los bomberos, el Samur Social, los políticos… todo el mundo falló. Todo el mundo, menos las vecinas. Las únicas que hemos estado -y seguimos estando- con Zohra desde el principio hasta el final somos las vecinas organizadas. Somos las clases populares. Fuimos nosotras quienes conseguimos parar las órdenes de desahucio que el juez había puesto ya en dos ocasiones a lo largo del mes de julio. Fuimos nosotras quienes presionamos a su trabajadora social para que encontrara una alternativa antes del desahucio las veces anteriores. Hemos sido nosotras quienes nos hemos organizado junto a ella durante más de 4 años. Nosotras: las que están cuando todo falla. O cuando todo va según lo esperado.

Porque ese día en realidad nada falló. Todo sucedió tal y como se esperaba que funcionase este sistema. Un juez que interpreta la ley a su manera y ordena la ejecución de un desahucio ilegal para defender el derecho a especular de un rentista. Una calle cortada por un surrealista despliegue policial. Unas multas y amenazas de detención por mostrar solidaridad de clase y negarnos a hacer como si nada. Una comisión judicial que no quiere negociar porque tiene claro que su labor es proteger al casero. Un Samur Social que se piensa mil y una veces si esa gente es lo “suficientemente vulnerable”. Una familia que acaba desahuciada a pesar de llevar años esperando encontrar una vivienda digna y así poder dejar un piso lleno de humedades, moho, techos que se caen y tomas de luz hechas una chapuza.

Tal vez nos sorprendió una única cosa: que los bomberos decidieran participar del desahucio y se animaran a “rescatar” a un compañero que no estaba en peligro. Disciplina profesional en virtud de la ejecución del desalojo. Y ahí es donde verificamos, una vez más, que por encima de la solidaridad de los bomberos, cuyas competencias no incluyen desahuciar familias, está el rentismo como sistema. Por encima del derecho a la vivienda está el derecho a la propiedad privada. Por encima del derecho a la vida está el derecho a la especulación. Y la organización es la única forma de parar este sinsentido.

Tenemos que decirlo alto y claro: los desahucios no se han acabado. Todas las semanas vemos algún titular sobre uno de los 80 desahucios que se siguen produciendo cada día, como el de Marina, otra vecina de Lavapiés, que fue desahuciada hace poco a sus 94 años, o el de Céline, a quien dejaron en la calle junto a su niña en Vallecas a principios de julio. Marina y Céline serán contabilizadas como parte de ese dato que confirma que 7 de cada 10 desahucios de hoy en día se deben a los precios de los alquileres.

Pero en realidad, somos muchas más. Carlos acabó abandonando su vivienda al verse incapaz de hacer frente a un casero abusivo que quería doblar el precio de su alquiler. David y su familia se marcharon de casa después de sufrir presiones constantes de un grupo de desocupación que día sí y día también les acosaban porque su casero quería

alquilar su casa como piso turístico. Estos son ejemplos de lo que conocemos como desahucios invisibles. Los que no aparecen en las estadísticas oficiales pero que sufrimos todas nosotras al irnos forzadas, ya fuera por una no-renovación de contrato, por una subida de alquiler o por vivir en condiciones nefastas de las que el casero no se hace

responsable.

Este mes han sido Zohra, Celine, Carlos, David y otras tantas personas, pero mañana puede ser cualquiera de nosotras. Todos los días sigue habiendo desahucios, pese a las declaraciones triunfantes del gobierno. Los desahucios no han parado, el gobierno es responsable, y los caseros son culpables.

Ante esto, una cosa está clara: la solución no reside en parar los desahucios de personas vulnerables sino en prohibir todos los desahucios, porque todas somos “vulnerables”. Los rentistas y caseros nos hacen vulnerables al tener que pagarles un alquiler altísimo que supone la mitad de nuestro salario, y aun así nos pueden echar cuando quieran. Los

políticos y los gobiernos confirman esa vulnerabilidad al permitir que puedan hacerlo. Y las únicas que somos capaces de protegernos ante caseros culpables y gobiernos responsables somos nosotras mismas. Organizarnos colectivamente es lo que transforma esa “vulnerabilidad” en poder, esa debilidad en fuerza.

No podemos confiar en unas instituciones que se sitúan en el otro lado de la trinchera. La policía protege a los caseros, los juzgados ejecutan sus órdenes y los políticos miran hacia otro lado o incluso son cómplices directos. La única fuerza capaz de cambiar esta situación somos nosotras, organizadas y unidas. Necesitamos construir un poder popular que haga frente a la tiranía de los rentistas y a la indiferencia y complicidad del gobierno. Y en el Sindicato de Inquilinas estamos en ello.

La autoorganización de las inquilinas y de las clases populares es nuestra herramienta más poderosa. Hemos demostrado que, cuando nos unimos y luchamos juntas, podemos resistir los embates del sistema. No logramos parar los desahucios con Zohra, Celina, Carlos y David, pero sí hemos conseguido que Sareb, Blackstone, Elix o Nestar no logren ejecutar ningún desahucio a la fuerza. Hemos ganado cientos de conflictos y negociaciones contra todo tipo de caseros, por razones tan diversas como acoso inmobiliario, retención ilegal de fianza o subidas de precios, entre otras. Pero la resistencia no es suficiente. Es hora de pasar a la ofensiva.

Una huelga de alquileres a gran escala es lo único que logrará poner el sistema en jaque. Imaginemos miles, decenas de miles de inquilinas negándose a pagar a su casero - sea quien fuere - estos alquileres desorbitados que hemos normalizado. Miles, decenas de miles, desobedeciendo todas a una hasta que se respete nuestro derecho colectivo a la

vida, el de todas nosotras. No se trata de un sueño, de un deseo, sino de una necesidad urgente. Si el gobierno y los caseros no quieren escuchar nuestras demandas, nosotras mismas las haremos realidad y, así, les obligaremos a cumplirlas.

Una huelga de alquileres masiva no solo pararía todos los desahucios, sino que cambiaría el equilibrio de poder. Los caseros y las grandes inmobiliarias dependen de nuestros pagos para mantener su sistema de explotación. Al organizar y sostener una huelga de alquileres, les quitamos esa fuente de poder y mostramos la fuerza de la unidad de las inquilinas.

Es el momento de organizarnos, de hablar con nuestras vecinas, de construir redes de solidaridad en cada barrio. No podemos permitir que nadie más sea expulsado de su hogar sin luchar. Nos defenderemos unas a otras y, juntas, pasaremos a la ofensiva hasta ganar y cambiarlo todo.

Solo una huelga de alquileres logrará parar todos los desahucios. Y entre nuestras calles retumbarán miles de voces al unísono: “vecina no estás sola, estamos contigo”.