Presunción de inocencia, presunción de indecencia

El debate sobre la absolución de Dani Alves tiene muy poco que ver con la presunción de inocencia. Algunos manipuladores han logrado colar el marco de que hay que elegir entre respetar la Constitución o condenar a un aparente violador. No es cierto. La presunción de inocencia es perfectamente compatible con condenar a Dani Alves.

Desde la derecha judicial y mediática la invocan como comodín, vacío de contenido, para vestir de objetividad sus posturas retrógradas. Es solo la excusa que usan para desprestigiar cualquier crítica a decisiones judiciales como esta. Así justifican en nuestra norma suprema retrocesos en la lucha contra la violencia machista que no son, ni mucho menos, de cajón.

La presunción de inocencia es solo una perspectiva con la que se debe de abordar cualquier juicio penal o sancionador. Se trata, exclusivamente, de que todos somos, por defecto, inocentes. La inocencia no necesita demostrarse, la culpabilidad sí. Por eso, nadie puede ser condenado si no hay pruebas suficientes en su contra.

Dicho eso, ni la constitución ni ninguna ley dicen cuándo las pruebas son suficientes. Eso es algo que corresponde a los tribunales. Decir que la presunción de inocencia obliga a declarar inocente a una persona acusada de violación significa, simplemente, que los jueces de su caso que creen que las pruebas no son bastantes. No es una constatación absoluta ni universal. Si otro juez creyera que la culpabilidad ha quedado demostrada, podría condenarla sin vulnerar ese manoseado principio.

Así que hablar de presunción de inocencia es hablar de qué pruebas exigen los jueces en cada caso para demostrar la culpabilidad de alguien. Y en ese punto puede señalarse que los jueces españoles son, como mínimo, caprichosos, en lo que hace a las pruebas. Estos días hemos visto a algunos que necesitan muchas, muchísimas pruebas, para condenar a quien agrede una mujer. Pero en otras ocasiones hemos visto que bastan pocas, poquísimas, para meter en la cárcel a quien en vez de a una mujer agrede, por ejemplo, a un agente de policía.

No hace tanto tiempo, el Tribunal Supremo condenó a un diputado de Podemos por agresión, obligándole a perder su escaño, con la única declaración de un policía que dijo que recordaba vagamente que ocho años antes en medio de una manifestación le había propinado un puntapié. En ese caso no había huellas dactilares, cámaras ni partes médicos. Tan solo el vago recuerdo de un agente. Fue bastante, y ninguno de esos jueces y opinadores que ahora ven evidente dejar impune a Dani Alves invocó entonces la presunción de inocencia del diputado. Tampoco para condenar estos días a la actriz María León, ni a los seis activistas de Zaragoza que fueron a protestar a un mitin de VOX, ni a las trabajadoras de La Suiza. En todos esos casos se condena con muchísimas menos pruebas que en el caso de la presunta violación en una discoteca de Barcelona, pero no es un escándalo. Porque lo que realmente sucede es que a gran parte de la sociedad le cuesta aceptar la necesidad de combatir la violencia contra las mujeres.

En el mundo polarizado en que vivimos la obsesión por politizar la justicia y utilizarla para respaldar a los intereses propios lleva a demasiados voceros a presentar las decisiones que favorecen a su agenda ideológica como las únicas posibles. Cuando el futbolista fue condenado por violación, las juezas derechistas, sus articulistas de cabecera y en general el mundo jurídico conservador no dijeron nada. No publicaron artículos ni postearon en redes sociales criticando o apoyando esa decisión. Algo difícil de entender, si tan evidente era que el juzgado de Barcelona había vulnerado flagrantemente la presunción de inocencia de ese pobre niño rico.

Sin embargo, ahora de pronto, todas estas opinadoras tan cercanas al Partido Popular nos quieren convencer de que la Constitución obliga a absolver al brasileño acusado de violencia sexual. Inundan las tribunas de los periódicos, las tertulias de televisión y las redes sociales con el mantra de que la única solución posible es archivar el caso. Y quien diga lo contrario es un dictador autoritario que desprecia la presunción de inocencia.

Prueba de que ese argumento suyo tiene cero rigor jurídico es que, cobardes como son, tampoco se atreven a decir que la Audiencia de Barcelona cuando condenó al acusado le vulneró gravemente su presunción de inocencia. Porque no es así. Tanto los jueces que lo condenaron como los que lo han absuelto ahora han respetado ese derecho, con independencia de que llegaran a conclusiones diferentes. Ni unos ni otros han dictado una resolución disparatada o irrazonable. Tan constitucional es una solución como la otra, porque de lo que se trata es de un convencimiento personal sobre la credibilidad de la denunciante. Solo eso.

La cruzada a favor de los supuestos derechos de Dani Alves esconde una campaña sincronizada contra las leyes que persiguen la violencia machista.

No lo hacen por ningún aprecio especial hacia el futbolista, sino porque les sirve para su objetivo principal: atacar a la ley de “solo sí es sí”. Antes que el amor a los derechos humanos, lo que mueve a estas luchadoras contra “el hembrismo” es el odio a unas normas creadas para reforzar la protección a las víctimas y al énfasis que sus promotoras han puesto siempre en el consentimiento. La presunción de inocencia es una tapadera y además han elegido el peor caso posible: uno en el que hay numerosas pruebas físicas, más allá del mero testimonio de la víctima.

Esta vez el tribunal ha dado importancia a las imágenes en las que la víctima aparecía contenta y entrando voluntariamente en el baño antes de la agresión, que se contradecían con su versión de que hizo todo eso a regañadientes. El tribunal anterior, en cambio, dio más importancia a las imágenes en las que se la veía salir de ese mismo baño llorando y con signos aparentes de haber sufrido una agresión. Es algo opinable y que nadie puede resolver de manera infalible. Cada uno es libre de apoyar la versión que el resulte más creíble, pero es indecente intentar manipular a la opinión pública defendiendo que la absolución es la única solución posible. Sobre todo si se hace con una agenda oculta. Es falso que los jueces de primera instancia condenaran a un pobre hombre solo porque una mujer lo acusó y es indecente usar este caso para hacer política, desincentivando a futuras víctimas y sometiendo a la mujer afectada en este caso a la prueba de “la víctima perfecta”.

La indecencia de jueces y tertulianas es mayor porque realmente lo que quieren decir es que los hombres acusados de violación gozan de una presunción de inocencia mucho mayor que los acusados de otros delitos

En un estado democrático el castigo penal es la última de las soluciones y debe administrarse con la máxima restricción. Pero en todos los casos, sin distinguir a los acusados en función de su valoración política. Personalmente defiendo una justicia garantista, que no condena a nadie sin pruebas contundentes. Frente a eso habrá quien prefiera poner el acento en la seguridad y abogue por castigar a cualquiera contra quien haya indicios claros. Puede ser aceptable, si es una norma que se aplica a todos por igual. Lo que no tiene cabida en democracia es la doble vara de medir que aplican nuestros jueces y que jalean sus voceras mediáticas. Estos tipos que piden muchas pruebas para condenar a un famoso violador pero se conforman con cualquier cosa cuando los acusados son otros lo que tienen es una fuerte presunción de indecencia.