Las preguntas al Gobierno con respuesta escrita constituyen la herramienta de control parlamentario al Ejecutivo más utilizada en el Congreso, pero también la que menos 'resultados' obtiene, debido, sobre todo, a la ausencia de transparencia por parte de algunos ministerios.

Pedro Sánchez todavía no ha constituido todo su gabinete, pero en la Cámara Baja ya hay más de 800 preguntas registradas que están esperando destino entre los distintos departamentos del Ejecutivo. Los diputados recurren habitualmente a esta fórmula por dos motivos fundamentales: no existe un límite de cuestiones planteadas (ni por grupo ni por parlamentario) y se pueden registrar en cualquier momento.

De las 800 preguntas, casi 600 ya han sido calificadas por la Mesa del Congreso, que es el órgano encargado de validar la adecuación de la pregunta y de trasladar oficialmente la cuestión al Ministerio del que se demanda información.

En cuanto al resto, la mayoría fueron planteadas la semana pasada por ERC (más de 200), que estrenó la legislatura con esta batería de preguntas dirigidas al Gobierno para obtener información sobre las actuaciones del Estado en materia política, policial y judicial respecto a eventos como la consulta del 1-O o el juicio del procés.

Ni estas ni otras cuestiones registradas por distintos grupos han sido todavía calificadas por la Mesa, que ha centrado sus últimas reuniones en la celebración de la sesión de investidura de Sánchez. Las materias de las preguntas que ya han sido calificadas son diversas y, mientras algunas buscan la respuesta del Ejecutivo a determinados eventos y sucesos (como un grave caso de maltrato animal ocurrido en Lugo, pregunta registrada por Unidas Podemos), otras quieren conocer datos estadísticos (como el número de agentes de policía nacional, autonómica y local, y de la Guardia Civil que han atendido a víctimas de violencia de género desde el año 2015, cuestión planteada por el PP).

Los de Pablo Casado, por ejemplo, han registrado alrededor de una quincena de preguntas sobre políticas migratorias. A los conservadores les interesa saber las condiciones laborales, educativas, sanitarias y económicas de los migrantes llegados en el Aquarius, el seguimiento que ha hecho el Gobierno de estas personas y las actuaciones que se han llevado a cabo con sus países de origen; también han preguntado por el porcentaje de población extranjera que hay en España (desglosado por nacionalidades).

Un máximo de 40 días para responder

El Reglamento de la Cámara recoge la forma de proceder con las preguntas al Gobierno con respuesta escrita, así como los plazos de los que dispone el Ejecutivo para responder. El único límite que se establece en cuanto al contenido es que no se pueden formular preguntas "de exclusivo interés personal de quien la formula o de cualquier otra persona singularizada, ni la que suponga consulta de índole estrictamente jurídica".

El departamento del Ejecutivo al que se le haya enviado la cuestión dispone de 20 días desde su publicación en los boletines oficiales para responderla, aunque este plazo puede ampliarse otros 20 días más por petición motivada del Gobierno y si así lo acuerda la Mesa del Congreso.

Si el Gobierno no enviara la contestación en dicho plazo, la presidenta del Congreso, a petición del autor de la pregunta, ordenará que se incluya en el orden del día de la siguiente sesión de la comisión permanente que corresponda a la materia (Hacienda, Interior, Presupuestos, Sanidad...), donde recibirá el tratamiento de la preguntas orales, dándose cuenta de tal decisión al Gobierno. Sin embargo, para responder a estas preguntas orales en comisión no se precisa de la presencia de un ministro, sino que pueden responderlas los secretarios y subsecretarios de Estado.

A pesar de que el Reglamento establece unos plazos y la posibilidad de recurrir para hacer comparecer a representantes del Gobierno si no se contestan las preguntas, desde algunos grupos parlamentarios afirman que "no existen garantías" de que la respuesta vaya a cubrir la necesidad informativa del autor de la cuestión y, de hecho, lamentan que en la gran mayoría de los casos no lo hace.

El diputado de Bildu Jon Iñarritu es uno de los parlamentarios que más recurre a las preguntas al Ejecutivo con respuesta escrita. Iñarritu asegura que "la respuesta varía mucho en función del ministerio al que vaya dirigida o del técnico que te conteste. Hay ministerios como el de Interior que, o no te contestan, o te responden con vaguedades".

El parlamentario afirma que, tras la moción de censura que hizo presidente a Sánchez, hubo un "cambio" en cuanto a las respuestas del Gobierno. "El PP no contestaba ni en tiempo ni en forma; con el PSOE las preguntas se suelen contestar dentro de plazo, pero se siguen respondiendo vaguedades y teniendo graves carencias en transparencia. Esperemos que con el nuevo Gobierno esto mejore".

Desde los grupos del Congreso también se denuncia que, aunque se fuercen las comparecencias de miembros del Ejecutivo en comisión cuando se presentan recursos, en la mayoría de ocasiones lo que hacen es "leer las respuestas que ya no habían ofrecido por escrito. A veces es desesperante", concluyen.