El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha solicitado comparecer de manera voluntaria como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el contexto del caso Koldo. Esta petición se produce tras el primer avance del instructor hacia su posible imputación, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El juez del Juzgado Central de Instrucción Número 2 solicitó el pasado jueves al Congreso la confirmación del estatus de diputado de Ábalos. Esta misma semana, ha salido a la luz un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que menciona el "papel de responsabilidad" del exministro. Según fuentes cercanas, Ábalos busca esclarecer las inexactitudes que, a su juicio, se están difundiendo a partir de dicho informe de la UCO.

Por su parte, el juez solicitó a la Presidencia de la Audiencia Nacional que, "por el conducto correspondiente", se pidiera a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, confirmar la condición de parlamentario de Ábalos. Esta condición de aforado implica que, si el exministro fuera investigado, la causa debería ser tratada por el Tribunal Supremo, lo que deja sin competencia a la Audiencia Nacional.

La decisión judicial se produjo después de que la UCO sugiriera la necesidad de investigar al exministro de Transportes, debido a las pruebas que apuntan a su posible "papel relevante y de responsabilidad" en el caso Koldo, una presunta trama de adjudicación irregular de contratos públicos de mascarillas a una empresa durante la pandemia y que involucra al exasesor del exministro, Koldo García.

En su informe, la Guardia Civil también señala que Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y supuesto intermediario en la trama, habría aprovechado su relación con Ábalos y García para influir en el proceso de rescate de la aerolínea Air Europa.

El informe de la Guardia Civil confirma que no existe relación entre Begoña Gómez y el rescate de Air Europa, una teoría que la propia UCO ya descartó en mayo. La acusación había vinculado a Gómez con Javier Hidalgo, pero quedó probado que solo coincidió con él en dos eventos en enero de 2020.

Los investigadores indican que De Aldama habría realizado pagos en efectivo a García, con el objetivo de obtener acceso tanto al entonces asesor como al propio Ábalos. El informe detalla que estos pagos en efectivo habrían estado acompañados de otras "contraprestaciones" destinadas también al exministro.

La visita de Delcy Rodríguez

Al margen, la UCO señala que Ábalos informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haría una visita privada a España y que le había pedido verse "discretamente". Según dijo, el jefe del Ejecutivo no puso "pegas".

"La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", reza el mensaje enviado por Ábalos a Sánchez, del que consta una captura de pantalla en el informe de la UCO.

Los agentes consideran que de dicho mensaje, que Ábalos remitió en una captura de pantalla a Koldo, "se aprecia" que se "obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy".

A su vez, apuntan que –durante la permanencia de Ábalos y Koldo en el Ministerio– De Aldama, realizó "habitualmente" diversas actividades como "labores de intermediación entre España y Venezuela". También se comunicó con Delcy Rodríguez para trasladarle un mensaje "del jefe" –Ábalos, según los investigadores– en relación a la reunión del opositor venezolano Leopoldo López con Sánchez en la sede del PSOE, según el informe.

La UCO subraya que De Aldama y la 'número dos' de Nicolás Maduro trataron "asuntos de gran sensibilidad" para ambos, incluido temas ligados con la compraventa de oro venezolano.

Inmuebles bajo sospecha

Además, los investigadores insisten en que hay indicios suficientes, "obtenidos de manera directa del material obrante en la causa", que "vincularían la participación de Ábalos en los contratos investigados, con la compra por parte de De Aldama de un chalet para el propio exministro".

Sobre este extremo, precisan que De Aldama –considerado el presunto conseguidor de la trama– "gestionó la compra del chalet, inicialmente a través de una serie de ciudadanos venezolanos que se inicia pero no culmina de manera existosa", y, posteriormente, "valiéndose económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos".

La UCO apunta que Ábalos llegó a "disponer" del chalet 'La Alcaidesa' –situado en La Línea de la Concepción– y pudo incluso poner "en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos". Dicha propiedad, señalan los agentes, fue adquirida por De Aldama por valor de 526.000 euros empleando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, socio del empresario.

En el informe figura también otro inmueble. La UCO ha hallado "evidencias" de que un presunto "testaferro" pagó 82.298 euros para alquilar un piso en Plaza España, Madrid, en el que residía J.R.G., pareja de Ábalos.

De las conversaciones intervenidas, los investigadores señalan que la mujer tenía un contrato laboral con INECO –empresa dependiente del Ministerio de Transportes– y estuvo en la empresa pública TRAGSATEC –dependiente de la SEPI–.

El PSOE se desmarca

El PSOE envió este jueves un comunicado en el que señala su intención de colaborar con la Justicia y  recuerda que suspendieron de militancia al exministro. "El PSOE colaborará con la Justicia en todo lo que le sea demandado. No encontrarán en Ferraz ningún ordenador machacado a martillazos", afirman.

El Gobierno también subraya que actuó de manera transparente y colaborativa con la Justicia, tomando medidas inmediatas, como abrir un expediente de expulsión a Ábalos, pedirle que renunciara a su escaño y crear una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer lo ocurrido.