El uso del armamento antidisturbios ha ido a más en los últimos años a nivel global, fundamentalmente con el objetivo de reprimir unas protestas sociales que no dejan de ser una expresión de malestar y de la regresión de derechos. Ésta es una de las conclusiones del informe Armas potencialmente letales. Sobre como militarizar el espacio público y traumatizar los cuerpos, publicado recientemente por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau.

Entrevistamos a la doctora en Paz, conflictos y desarrollo Ainhoa ​​Ruiz Benedicto, autora del estudio junto a Anna Montull Garcia. Benedicto advierte del impacto "brutal" de un tipo de armas que "puede llegar a matar" y aboga por su retirada si realmente no puede garantizarse que provoquen un daño importante a las personas que se manifiestan. Y, sobre todo, defiende un enfoque distinto de la seguridad, alejado de un modelo clásico centrado en la Policía y que en ningún caso aborda las raíces de las protestas sociales.

En el informe denuncian que existe una banalización del armamento antidisturbios, empezando por su denominación clásica, "armas no letales", y documentan claramente que puede matar, que hablamos de armas "potencialmente letales".

Exacto. El debate que tuvimos las autoras es que en realidad estamos hablando de armas al uso y deberían llamarse armas. Ocurre que al ser un tipo de armamento que tiene un contexto social algo diferente al armamento convencional que utilizan los militares, le hemos puesto esta nomenclatura de "potencialmente letales", porque tienen la potencialidad de matar.

Aparte de las víctimas mortales, cada año provocan un enorme volumen de lesiones graves, como las pérdidas de ojo por impactos de balas de goma o proyectiles de foam.

El impacto que estas armas tienen en la vida de las personas es brutal. No es solo que las lesiones que producen pueden cambiarte completamente la vida o llegar a matarte, sino que en el momento en que se utilizan hay gente que coge miedo a manifestarse. Se produce una asimetría entre la gente que se supone que debe garantizar la seguridad pública, que es la Policía, y las personas que se están manifestando para ganar mayor seguridad en otros aspectos de su vida, como puede ser la vivienda u otros.

Las armas "potencialmente letales" comienzan a utilizarse a nivel de seguridad interna de los estados a inicios del siglo XX, primero para sofocar las revueltas obreras. ¿Cómo han evolucionado desde entonces?

Pensábamos que estaban más ligadas a un tipo de armamento militar que se utilizaría en conflictos [armados] y nos hemos encontrado que siempre se han diseñado para perseguir la disidencia interna. En su momento se utilizaron en las protestas contra la colonización, y son las herramientas que se han utilizado para detener la protesta interna. La evolución que hemos visto es que algunas de estas armas provienen de la investigación militar, pero otras han ido evolucionando. El bastón -o porra- empezó siendo de madera, pasó a ser de metal y se ha convertido en extensible, se ha ido perfeccionando. Hay todo un negocio a su alrededor e incluso se ha reducido un poco la potencialidad violenta de este armamento, para que los gobiernos, en cierto modo, puedan venderlo como una humanización de la represión. Esto lo denunciamos, porque al final lo que se está implementando es una violencia brutal en la calle contra la contestación social.

Muestran cómo a pesar del cambio y la evolución de las armas concretas, hay patrones que se repiten, como la falta de evaluación profunda del daño potencial que pueden generar y que se hace un mal uso generalizado de ellas.

Para la investigación hemos preguntado al Parlament de Catalunya sobre las armas de los Mossos, pero todavía esperamos que nos respondan. Hay una falta de transparencia y una falta de formación de los cuerpos policiales para utilizar estas armas. Pero más allá de eso, sabemos que es muy difícil controlar lo que piensa una persona cuando está en la calle con un arma de éstas. La normativa dice que solo pueden utilizarse si la Policía siente que su integridad física está en riesgo, pero sabemos que constantemente se hace un mal uso de ellas, sin que haya atentados contra la vida de los cuerpos antidisturbios.

No solo pensamos que es necesario regular su uso. Hay un problema de fondo mucho más importante y es que estamos dando a los cuerpos policiales unas herramientas que pueden hacer mucho daño y quien acaba pagando el mal uso siempre es la sociedad civil. Por eso proponemos que haya un debate a fondo a nivel social y político tanto del papel que tiene la Policía como del uso de estas armas. Sin embargo, pensamos que deben retirarse hasta que no se pueda garantizar que se puede hacer un buen uso y la realidad es que en ningún momento podremos garantizar un buen uso, porque no sabemos cómo las utilizará la persona que las utilice, si cumplirá los metros de distancia que se recomienda para su empleo, ... Además, las pruebas con este tipo de armamento se realizan de forma al menos dudosa, en unas condiciones muy distintas de las que encontramos después en la realidad. No son pruebas fehacientes ni seguras para garantizar que las armas se pueden utilizar sin dañar a nadie, aunque las utilices bien.

El uso de estas armas implica una determinada manera de abordar la gestión del espacio público.

Exacto. Hay estudios que demuestran que desplegar los antidisturbios en protestas sociales no tiene por qué ser efectivo porque no detiene el conflicto, sino que hace que crezca y que haya más tensión, pero debería estudiarse más. Si la gente protesta es porque no se siente protegida, porque le faltan recursos básicos o lo que sea, es necesario abordar las cuestiones de inseguridad que hay detrás de las protestas.

¿Entonces qué sentido tiene este tipo de abordaje del orden público?

Pues detener la protesta. Aunque sería necesaria una búsqueda más a fondo sobre si realmente es efectivo desplegar a los antidisturbios, nos hemos encontrado algunos autores que ya comentan que no. Una recomendación necesaria sería plantearse si realmente es necesario este despliegue y si se hace es porque existe una mentalidad que solo hay un tipo de seguridad que debe establecerse desde la perspectiva policial y con el uso de la fuerza.

Nosotros defendemos que existen muchos tipos de seguridad, porque seguridad es que tengas los derechos y necesidades garantizados. Abordando la seguridad desde otra perspectiva, probablemente se reducirían muchas violencias de cariz estructural que nos encontramos y, seguramente, habría menos protestas, porque protestamos porque existe una erosión de derechos. Es necesaria una visión mucho más amplia sobre cómo se construye la seguridad. La Policía sólo trata una parte muy pequeña, porque el uso de la fuerza puede abordar la violencia directa, pero no aborda las violencias estructurales y culturales. El Estado no hace mención a ellas, porque esto nos haría hablar sobre que violencia también es dejar a una persona sin casa o tener que ir a un comedor social, estar marginado en tu barrio o no poder hablar tu lengua. Hay muchas violencias que no se tienen en cuenta y nos quedamos con un margen de seguridad muy pequeño y estrecho que se aborda solo desde la óptica policial para que parezca que existe seguridad en la calle.

Hace unos meses el ICIP publicó un informe sobre un marco alternativo de seguridad en el que decía que "quedarnos con el marco conceptual clásico de la seguridad no conseguirá dar salida ni realizar políticas públicas que estén a la altura de los retos actuales" . Citaba al patriarcado, la emergencia climática o la precariedad económica como elementos que generan inseguridades y que no pueden enfocarse desde la Policía. ¿Se trata de cambiar el foco sobre qué entendemos por seguridad?

Exacto, es básico y reforzar a la Policía lo que hace es ignorar todas las razones que han generado esta situación de protesta en la calle. Nuestra reflexión es que se está reforzando un determinado orden público, una apariencia de orden, se quiere dar la imagen de que el Estado tiene la situación controlada y que en realidad no existe ningún problema. Podríamos hablar también de una vulneración del derecho a la protesta cuando nos atacan como si fuéramos personas que también van armadas, porque no está en igualdad de condiciones, la Policía tiene mucha libertad para poder ejercer la violencia contra personas que están en la calle. Todo ello intenta evitar que se cuestione el statu quo, ya que cuando se hace y se protesta en la calle éste tiene herramientas para echarlo.

¿Tiene la sensación de que el uso de las armas potencialmente letales está en crecimiento?

Está yendo a más y lo creemos por varias cuestiones. Hay datos de centros de investigación bastante serios que muestran cómo la protesta social está creciendo en todo el mundo y esto podría explicar por qué los gobiernos están comprando más estas armas. Aunque no lo hemos mirado, también puede que las empresas que las venden estén haciendo más de lobby y convenciendo a los gobiernos de que llegan más protestas sociales para que así compren más. Nos llama la atención que hay pequeños ayuntamientos que han comprado, por ejemplo, pistolas taser, un tipo de armamento que no tiene sentido que tenga una policía local. Hay cada vez más gobiernos comprando estas armas, más investigación vinculada, se prevé que su mercado crezca un 6% anual en los próximos cinco años, existe un crecimiento de la protesta social y los militares también las implementan más en sus ejércitos. Se está militarizando mucho a la Policía y se están policializando a los ejércitos, por lo que se mezclan sus funciones y las armas que utilizan y eso a los militares les va muy bien, les legitima porque parecen tener una actuación menos violenta.

En un contexto de creciente impacto de las crisis climática y energética y un empobrecimiento de las condiciones de vida de la mayoría de la gente, ¿se utilizarán aún más?

Sí. Ya estamos viendo cómo en Estados Unidos todos los guardias de frontera están utilizando este tipo de armamento. Creemos que se expandirá más solo para afrontar las protestas vinculadas a la pobreza y la inseguridad vinculadas a la energía y la emergencia climática, que agravarán todos los problemas económicos y sanitarios que ya tenemos. Estas armas serán las herramientas que se utilizarán contra las protestas y nos dirán que es mejor que utilizar las armas de fuego, pero igualmente puedes matar.

¿Grandes empresas militares han visto un nicho de negocio en las armas de orden público?

Sí, de hecho, hemos encontrado que hay algunas dinámicas que se repiten. Los países que producen las mayores armas convencionales, que son Estados Unidos y los de Europa, también tienen las empresas más potentes de fabricación de las llamadas armas no letales, algunas de las cuales también realizan producción militar. Pero también hay otra dinámica y es que encontramos empresas muy potentes de países del sur global, como China, Brasil o Arabia Saudí, que fabrican armas de este tipo, cuando no tienen armamento convencional. Esto nos hace pensar que regímenes que han vivido totalitarismos se han adaptado a este mercado, les ha resultado más fácil. Un mercado, además, que está creciendo de forma muy destacable.

¿Hacia dónde debería ir el modelo de seguridad?

Estamos yendo en la dirección contraria de lo que tocaría, cada vez estamos securitizando más, en el sentido de que las posibles amenazas de una sociedad se abordan siempre desde una perspectiva policial y militar, por ejemplo, a través de la vigilancia o del despliegue de más Policía en la calle. Lo que decimos es que se debe ir a la raíz de las problemáticas. Ojalá pudiéramos decir que no necesitamos a la Policía en nuestras sociedades, pero seguramente sí que la necesitamos por algunos casos. Ahora bien, podemos tener un buen servicio de mediación, con muchos técnicos y con educadores callejeros que pueden paliar los conflictos entre vecinas, sin pasar por la Policía. Por eso se necesitan recursos.

Luego está toda la parte estructural. Dejar gente en la calle, sin casa, aumenta la inseguridad percibida y esa gente no solo se siente insegura, sino que es probable que acabe robando o haciendo lo que sea para salir adelante. Por tanto, cuando garantizamos los derechos sociales también estamos garantizando la seguridad de todos. Esto lo podemos ver en países que no tienen ningún tipo de protección social, como en Latinoamérica, donde cuando se garantizan los derechos sociales se reduce la violencia.

La seguridad debe ser individual y colectiva, es necesaria una visión mucho más holística de la seguridad. Por ejemplo, cuando se envía a la Policía a la calle para que barra a los jóvenes que hacen botellón, pues volverán al sábado siguiente, ni siquiera es un modelo de seguridad que funcione. Es paliativo en un momento, pero funcionaría mejor hablar con los jóvenes, ver lo que necesitan, implementar otro modelo de ocio y también que se encuentren con los vecinos y que hablen entre ellos. Tendría un impacto más a largo plazo, sería algo más comunitario, pero en cambio enviamos a la Policía y no se soluciona nada. Reconocer todas las violencias estructurales nos haría implementar políticas más fuertes a nivel público y esto es de lo que no quieren hablar los gobiernos.

¿Qué valoración hace sobre la comisión del modelo policial que está en marcha en el Parlament?

Hemos hecho llegar a la comisión que lo principal es hablar de seguridad en sentido amplio, pero la comisión está totalmente vinculada a hablar del modelo policial, aunque éste no pueda despegarse del resto de cuestiones. Les hemos dicho que cuando se habla de seguridad policial es solo una parcela muy pequeña de seguridad, nos falta mucha información. De la comisión al menos valoramos que se haga un esfuerzo, pero nos da miedo que no lleve a ninguna parte, que sirva solo para decir "algo estamos haciendo".

Para nosotros debería plantearse que haya transparencia, que la sociedad tengamos toda la información sobre las armas de los Mossos d'Esquadra y que se cree una comisión que actúe después de una actuación policial para perseguir posibles agresiones policiales a las personas que estaban protestante. No se garantiza la reparación de las personas que son heridas en manifestaciones y esto hace que se haga uso de este armamento potencialmente letal con mucha mayor facilidad, porque no tiene consecuencias para los agentes, existe un clima de impunidad. Al menos, la comisión debería tener como objetivos finales la transparencia y garantizar la reparación.

A nivel estatal queda pendiente la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. ¿Qué cambios querría?

Desde un punto de vista más radical plantearíamos la retirada de este tipo de armamento, al menos hasta que tuviéramos un organismo que pudiera garantizar la reparación de las personas heridas. Antes, sin embargo, deberíamos garantizar que este armamento no puede herir de una manera importante a ninguna persona y como esto no se puede garantizar, debería retirarse.

Como probablemente no se retirará este tipo de armamento, al menos debería haber una comisión independiente, con jueces, sociedad civil y representación de organizaciones de derechos humanos, que pueda realizar un informe sobre las actuaciones policiales, que haya siempre una fiscalización. Y cuando haya heridos ya hablamos que el Estado debe responder y debe indemnizar a las víctimas, debe darse un proceso de reparación y que el policía sea condenado. Por tanto, al menos retirada de este tipo de armamento y plantearse que la seguridad no puede estar sólo en manos de la Policía, hay muchos agentes sociales que pueden ayudar a garantizarla. El Estado debe garantizar que los cuerpos policiales no acaben generando mayor inseguridad, que es lo que nos estamos encontrando.