La Oficina del Defensor del Pueblo recibió el 23 de noviembre pasado una queja de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) por la presunta pérdida de neutralidad de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), debido a la declaración institucional contra el pacto entre el PSOE y Junts que abría las puertas a tramitar la ley de amnistía. 

El Colegio de la Abogacía de Madrid, con 75.000 colegiados, el más grande de Europa, fue la primera institución española en pronunciarse en contra de aquel acuerdo político, el 9 de noviembre de 2023, que permitía la investidura de Pedro Sánchez y valoraba la amnistía como un instrumento para procurar la normalidad política y social entre Catalunya y España. 

Horas después de firmarse el acuerdo, que alejaba la repetición de elecciones y a Alberto Núñez Feijóo de la Moncloa, la Junta de Gobierno del ICAM se reunía de urgencia para sacar adelante una declaración institucional en contra del acuerdo entre los socialistas y los de Puigdemont. 

"Esta Junta de Gobierno, de conformidad con el artículo 3.1 de sus Estatutos y el artículo 1.5 del Estatuto General de la Abogacía Española, que le confieren la defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución, desde la absoluta neutralidad institucional y pleno respeto a la pluralidad política, muestra su enorme preocupación por su contenido", así comenzaba la declaración del ICAM.

Contra las comisiones por el 'lawfare'

Entre otros aspectos, al equipo del decano Eugenio Ribón le preocupaba el uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) que aparecía en el acuerdo. "Es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional", consta en la declaración. 

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), con cerca de 300 asociados, presentó un recurso de alzada contra la declaración institucional, alcanzada "sin una consulta previa a las colegiadas y colegiados", y que supone un "grave quebranto al deber de neutralidad del colegio sobre hechos de naturaleza política, desoye la pluralidad exigible a los colegios profesionales y su funcionamiento democrático". ALA pedía la anulación de la declaración institucional. 

Denuncia contra la Fiscalía

Cuatro meses después, el ICAM vuelve a primera línea política, al posicionarse en otro asunto que afecta de lleno al PP: los presuntos delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. 

El propio decano anunció este lunes acciones legales en defensa del letrado de Alberto González Amador al revelarse en un comunicado de la Fiscalía de Madrid que fue él quien ofreció un pacto de conformidad con la Fiscalía reconociendo, en nombre de su cliente, la comisión de dos delitos fiscales. 

Eugenio Ribón anunció dos denuncias, una penal y otra administrativa, que persiguen la "identificación de los autores de estos hechos para depurar responsabilidades" en relación a la posible revelación de "datos concretos", "fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".

El decano indicó que podría haber dos delitos que rodearían la actuación de la Fiscalía: la violación del secreto y la infidelidad en la custodia de documentos.

Con aquel comunicado, la Fiscalía de Madrid quiso aclarar algunos detalles que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se estaban difundiendo sin ser veraces; entre otros, que fue el fiscal el que propuso un pacto al novio de Ayuso.  

El fiscal general sale al paso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido la actuación de los fiscales en este caso; ha dicho que la "concreta propuesta de conformidad de ocho páginas, fechada el día 2 de febrero de 2024 y dirigida a la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, no fue revelada ni comunicada a la opinión pública". 

"Solamente se comunicaron aquellos aspectos (...) que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales", ha incidido el fiscal general.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz, ha agradecido al Colegio de la Abogacía de Madrid "la defensa firme de la democracia" frente a un Gobierno que "filtra documentos confidenciales".