Lo que está sucediendo en Ceuta no es nuevo. La única novedad es el elevado número de personas que lograron entrar en las primeras 24 horas (más de 7.000, cifra récord). Esta dinámica y sus ingredientes se repiten varias veces al año desde principios de los noventa. Rabat sabe que la cuestión migratoria es muy sensible en las urnas y el debate público español: cuando relaja el control de sus fronteras, el Gobierno de España entra en pánico y accede a cualquier cosa. Hasta la fecha, José María Aznar es el único presidente que llegó a plantarse –solo por unos instantes– ante esta estrategia de chantaje. Su decisión de enviar a una treintena de soldados al islote de Perejil estuvo a punto de desembocar en un conflicto armado entre ambos países.

El Majzén dispone de otras válvulas para hacer presión a sus vecinos del norte, como la cooperación en materia antiterrorista y contra el narcotráfico. Sin embargo, encuentra en el flujo migratorio un sistema especialmente eficaz para doblegar voluntades en Madrid y en Bruselas. La estrategia de chantaje marroquí incluye incluso a migrantes menores de edad (1.500 en las últimas 24 horas, según datos del Gobierno ceutí), a sabiendas de que las leyes de protección de la infancia hacen que devolverlos sea más difícil y comprometedor.

Gobierno tras gobierno, las autoridades españolas apuestan por el cortoplacismo y ceden al juego, que se traduce en transferencias millonarias a favor del régimen y miopía cómplice a cambio de mayor control migratorio. Europa es permisiva ante las constantes violaciones de derechos humanos en Marruecos, de la misma forma que lo fue ante las atrocidades del franquismo. La Comisión Europea incluso incumple resoluciones judiciales (como la que excluyó las aguas del Sáhara del acuerdo de pesca con Marruecos) para evitar que Mohamed VI active el grifo migratorio.

Las razones detrás de estos chantajes van desde enfados personales de Mohamed VI hasta las decisiones de la Justicia europea. Ya es tradición que en cada cambio de Gobierno español las autoridades alauíes relajen los controles migratorios para mandar un recordatorio a los nuevos inquilinos de la Moncloa. Cuando se constituyó el Ejecutivo de coalición (PSOE-Unidas Podemos), Rabat relajó de nuevo el control migratorio y, además, aprobó de forma unilateral y sin previo aviso la expansión de su frontera marítima e incluyó aguas de Canarias.

También hubo chantaje a finales de 2020 en Canarias, donde de nuevo los ciudadanos marroquíes fueron los más numerosos entre quienes arribaron a las islas: la llegada de personas procedentes de Dajla (Sáhara bajo ocupación marroquí) se frenó en seco cuando España y la Unión Europea anunciaron más dinero para el régimen. Entre 2018 y 2020, Bruselas y Madrid transfirieron al menos 343 millones de euros a Marruecos, además de una larga lista de dispositivos y equipos (todoterrenos, sistemas de vigilancia…) con el pretexto de reforzar el control migratorio.

Precisamente en julio de 2019, Mohamed VI estrenó un yate valorado en 90 millones de euros (llamado Bladis 1, en alusión al peñón español de Vélez de la Gomera) tres días después de que España y la Unión Europea aprobaran una partida de 140 millones de euros para Marruecos.

Abundan los ejemplos en esa línea, y también los signos de que la relación bilateral vuelve a averiarse. No es necesario centrarse en los grandes desplantes, como la decisión de Marruecos de aplazar una y otra vez la cumbre bilateral con España. La semana pasada, fuentes de la Policía Nacional en Canarias dieron a Público una pista que vaticinaba turbulencias: de nuevo, el comisario marroquí de enlace en las dependencias de Extranjería volvía a cruzarse de brazos. Lo de Ceuta era cuestión de tiempo. España casi siempre cede, consolidando así la llamada ‘externalización de fronteras’. Se avecina un verano difícil.

El plato roto lo pagan miles de personas que aspiran a una vida digna. Moncloa sigue sin entender que regalar dinero y permisividad a un gobierno autoritario es pan para hoy y hambre para mañana. Ceder al chantaje significa perpetuar el poder de un gobierno autoritario y profundizar la desesperación y la miseria de miles de familias marroquíes, dispuestas a jugársela en el mar por un futuro digno. En paralelo, este juego perverso da alas a los discursos xenófobos, empeñados en confundir al represor (régimen de Mohamed VI) con los reprimidos (población marroquí en la miseria). La ultraderecha ya está convocando manifestaciones en contra de lo que denomina "la invasión de Ceuta".

La inestabilidad política que genera este episodio en España es un éxito en la estrategia del Majzén. Dos fuentes cercanas a la inteligencia marroquí aseguran que Marlaska es objeto de burlas en Rabat debido a la actitud servil que supuestamente mantuvo en sus últimos viajes oficiales a Marruecos –ya suma siete, los últimos coincidiendo con el repunte de llegadas a Canarias– y a su orientación sexual, dos rasgos que el ambiente casposo del Majzén desprecia.

Mohamed VI es la persona más rica de Marruecos y una de las más acaudaladas del continente africano. Cuenta con la protección incondicional de Francia, peso pesado en la escena internacional. La impunidad del monarca y su régimen no sólo se extiende a los ámbitos jurídico y político, sino también al mediático. Escasea la información (la censura alcanza cotas récord si hablamos del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí) mientras que la guerra de propaganda del Majzén en medios y espacios públicos de España va en aumento. Rara vez los jueces europeos tratan de impartir justicia a personas destacadas del establishment marroquí, y cuando lo hacen, los chantajes se activan rápidamente.

Un ejemplo destacado fue el intento de un juez galo de arrestar en 2014 al jefe de la inteligencia marroquí por torturar supuestamente a varios saharauis y marroquíes en territorio francés. Marruecos frenó en seco la cooperación antiterrorista y relajó los controles migratorios. Meses después tuvo lugar el atentado yihadista contra la redacción de Charlie Hebdo. En cuestión de horas, el equipo del entonces presidente, Hollande, hizo gestiones al máximo nivel para restablecer el intercambio de información con los espías marroquíes. El jefe del servicio secreto alauí, Abdelatif Hamouchi, no pisó el juzgado y recibió las máximas condecoraciones de Francia y España.

Marruecos es una olla a presión que registra manifestaciones masivas desde hace meses: maestros, porteadoras, agricultores, rifeños, saharauis, jóvenes contra la restitución del servicio militar obligatorio... Pero estos fenómenos apenas trascienden a la opinión pública española. El nivel de represión crece en paralelo a la miseria crónica y los efectos de la pandemia, que tiene un impacto enorme en el sector turístico, uno de los motores económicos del país. La desesperación social genera un gran arsenal para los planes de Rabat: otorga munición al régimen para usar a personas desesperadas con las que hacer presión a "aliados" como España. La miseria también sirve de abono para posiciones fundamentalistas.

Las decisiones de Rabat ya han convertido a España en la principal puerta de entrada de la inmigración irregular en Europa. En esta ocasión, Marruecos abre la válvula migratoria en Ceuta –y en Melilla, en menor medida– para conseguir dos objetivos a corto plazo: por un lado, más dinero; por otro, que el Gobierno español inclumpla cientos de resoluciones y normas internacionales, como hizo Trump antes de dejar la Casa Blanca, para reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara, antigua provincia española. La excusa visible de lo que sucede en Ceuta es Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, a quien el Gobierno de España permitió recibir tratamiento médico en un hospital de La Rioja alegando razones humanitarias. Tras lo sucedido en Ceuta, la Audiencia Nacional no ha tardado ni 24 horas en admitir a trámite la querella de una organización opaca y bajo control directo del Majzén contra el líder del Frente Polisario. "Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir", advertía la embajadora de Marruecos minutos antes de reunirse con la ministra de Asuntos Exteriores española.

El régimen marroquí no esconde sus pretensiones sobre Ceuta y Melilla, ambas excluidas del acuerdo con el que España accedió a la OTAN. Estos enclaves son "marroquíes como el Sáhara", señalaba el primer ministro de Marruecos el pasado diciembre. Que miles de civiles marroquíes accedan de repente a las dos ciudades autónomas pone en apuros a las autoridades españolas, que de momento responden con la militarización de estos enclaves y con discursos del presidente y el ministro del Interior en los que se repite insistentemente la palabra "seguridad".

Algunos analistas citan la Marcha Verde, con la que Marruecos inició la ocupación de la provincia 53 de España usando como escudo humano a miles de civiles desarmados. Hasta mediados de los noventa, ni Ceuta ni Melilla contaban con valla fronteriza: no era posible "invadir" estas ciudades porque realmente no existía una separación física con Marruecos. Solo existía la frontera administrativa.

Pedro Sánchez afirma desde Ceuta que defenderá las fronteras de Ceuta y Melilla "bajo cualquier circunstancia". El paso de los años revela que la política antimigratoria de España es una trampa: el Gobierno español, con independencia de su signo, apuesta por frenar las migraciones a cualquier precio, en lugar de gestionarlas. De esta forma, España pone en bandeja a Marruecos las herramientas necesarias para que el chantaje migratorio continúe.