La Audiencia Nacional ha admitido la demanda presentada por la Asociación Profesional de Fiscales (APIF) contra el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado por no dotar de plan de prevención de riesgos laborales a unos 2.500 fiscales y funcionarios de la oficina fiscal.

En un decreto de 23 de junio de la Sala de lo Social, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha admitido la demanda, se ha designado al magistrado Ramón Gallo Llanos como ponente y se ha señalado para el próximo 19 de octubre el acto de conciliación; en el caso de que las partes no lleguen a acuerdo, se celebrará seguidamente el acto de juicio.

La asociación de fiscales emprendió acción legal contra el Ministerio y la Fiscalía al considerar que "nunca han dotado a sus funcionarios de ninguna medida de prevención de riesgos laborales", según consta en la demanda a la que también ha tenido acceso Europa Press.

La APIF insistía en que en el caso de la Fiscalía existe una "normativa meramente formal, pero no real" aprobada en 2014 "sin negociación alguna por las asociaciones de fiscales".

"Ninguna responsabilidad sobre la prevención de riesgos se atribuye a la Fiscalía General del Estado, ninguna referencia a las cargas de trabajo, a la protección específica de mujeres embarazadas, mayores o fiscales con enfermedades", precisaban en la demanda presentada bajo la dirección de Verónica Suárez García, del despacho SF Corporación.

Reprocharon también la gestión del Ministerio Público durante la pandemia, cuando "envió de forma temeraria" a los fiscales a "trabajar sin los correspondientes medios de prevención de riesgos laborales, exponiéndolos a un contagio letal por covid-19".

Reclamación de los fiscales

La APIF subrayó que era "especialmente lamentable" que entre las funciones del Ministerio Fiscal se encuentre "perseguir los accidentes laborales" e insistió en que era "especialmente agravador" que la propia Fiscalía "carezca del correspondiente plan de prevención de riesgos".

En el marco de la demanda, la asociación reclamó el interrogatorio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

También pidió que se condene a ambos departamentos a adoptar un plan de prevención de riesgos laborales "contratando en el plazo de dos meses a una empresa con solvencia técnica suficiente para afrontar este cometido".