La Audiencia Nacional mantiene al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y a los otros tres directivos de la compañía como imputados en la Operación Tándem después de haber desestimado el recurso que la eléctrica había presentado en contra de la decisión del juez. 

Los cuatro están acusados de haber contratado al comisario José Manuel Villarejo para que se infiltrara en compañías contrarias a sus intereses, recabara información y se la trasladara, y para que investigara a uno de los accionistas críticos con la gestión de la eléctrica. Actos procesales que desde Iberdrola consideran que se debían declarar nulos.

La eléctrica alega que se le ha causado "efectiva y material indefensión", puesto que no se le ha notificado ninguna resolución ni ha podido alegar o solicitar diligencias. La Sala de lo Penal, sin embargo, ha constatado que "no hay defecto procesal" y no cree que se haya generado algún tipo de indefensión. Pues Iberdrola se sumó al procedimiento en julio de 2021, cuando se le fue notificado.

De esta manera, los próximos 17 y 18 de enero los cuatro imputados deberán acudir a declarar: el director general de Negocios, Francisco Martínez Córcoles, y el exjefe del Gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo, acudirán en la primera jornada, y Sánchez Galán, al igual que el que fuera presidente de Iberdrola España Fernando Becker, al día siguiente. 

Florentino Pérez y Manuel Pizarro fueron investigados

La causa data de finales de 2019, pero no fue hasta junio de 2021 cuando el magistrado Manuel García Castellón -titular del Juzgado Central de Instrucción número 6- imputó a los cuatro directivos de la compañía por contratar a Villarejo.

En el auto, el juez afirma apreciar indicios de "voluntad" por parte de Iberdrola de ocultar los trabajos encargados a Cenyt, empresa propiedad de Villarejo. Afirmación que respalda en las 15 facturas sin pedido, datadas de 2004 a 2012, que emitió la compañía del policía, por un importe de 1.047.324 euros.

Algunos de estos servicios que solicitaron a Villarejo son el Black Board, por el que estuvo investigando al expresidente de Endesa Manuel Pizarro o el proyecto Posy, que ponía al empresario Florentino Pérez en el punto de mira. 

Por aquel entonces, Sánchez Galán ejercía de vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola. Y, al igual que a él, el juez ha imputado, además, a Iberdrola Renovables, a modo de persona jurídica. 

Iberdrola amplía su querella contra Del Olmo

Por otra parte, la compañía ha decidido ampliar su querella contra José Antonio del Olmo Ruiz, exdirector de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola, añadiendo al presunto delito de falsedad documental los de apropiación indebida y revelación de secretos de empresa; hechos por los que ha sido condenado por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Bilbao el pasado mes de septiembre. 

Iberdrola considera que el asunto debe conocerlo la Audiencia Nacional ya que, según la empresa, la documentación que obtuvo ilícitamente Del Olmo forma parte de las pruebas que la Audiencia Nacional analiza en la pieza separada del caso Villarejo, "donde la documentación robada se está utilizando indebidamente como prueba", indican fuentes de la compañía. 

Según la querella, a la que ha tenido acceso Público, José Antonio del Olmo "se apoderó de una extensísima serie de documentos que recogen secretos empresariales de Iberdrola y datos reservados que afectaban no sólo a los intereses de la Compañía sino también a la intimidad de personas físicas vinculadas con ella, sustrayéndolos ilegalmente de donde estaban depositados en la empresa y conservándolos a su disposición para ulteriormente revelarlos".