Los ayuntamientos del cambio tropiezan en la promesa de remunicipalización

En 2016 las llamadas alcaldías del cambio comenzaban a trazar los primeros pasos para ejecutar uno de los pilares fundamentales de sus programas electorales: la recuperación de los servicios privatizados. La reversión a manos públicas de estos servicios supuso el fin de la luna de miel a su llegada a los ayuntamientos. Al poner en tela de juicio el modelo de gestión implantado desde los años 80 en toda Europa e introducir en el debate la recuperación de lo público, las nuevas corporaciones han abierto la caja de los truenos.

Tanto el gobierno central como las empresas afectadas directamente, o indirectamente a través de la CEOE, han contratacado por vía judicial y legislativa para poner el freno a las remunicipalizaciones. Recién cumplida la primera mitad de la legislatura, los procesos de mayor envergadura emprendidos corren el riesgo de alargarse en los tribunales.

Los dos años de “alcaldías del cambio” también han servido para medir la coherencia de las plataformas ciudadanas emanadas del 15-M. En esa cuestión, la capital de España ha sido el foco de las mayores críticas debido a la escasa voluntad mostrada hasta ahora por Ahora Madrid. Una tibieza que alarma a plataformas ciudadanas, trabajadores y movimientos vecinales. Aunque la candidatura liderada por Manuela Carmena llevaba en su programa la recuperación de los servicios municipales, sus dos años de mandato se han caracterizado por lo que los movimientos sociales han calificado como una “reprivatización de los servicios públicos”.

Los únicos casos en los que se ha producido una vuelta a la gestión directa ha sido extremos con el rescate de dos empresas en quiebra como la Funeraria Municipal o BiciMad. La reprivatización de lo público a la que se refieren los movimientos sociales y vecinales tiene que ver con la actuación seguida por el Ayuntamiento en el servicio de limpieza viaria y residuos. Manifiestamente críticos con los modelos de gestión integral iniciados por Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella, la llegada al poder de Ahora Madrid cambió sus tesis defendidas en campaña electoral y, lejos de modificar el modelo, volvían a renovar la externalización del servicio en 2016.

Un año después, los trabajadores se han vuelto a alzar contra las empresas que conforman la UTE concesionaria (Urbaser, FCC y OHL entre ellas) amenazando con una huelga en la recogida de residuos urbanos y logrando desconvocarla el 5 de junio. La huelga, planteada por las desiguales condiciones laborales que poseen los trabajadores dependiendo de para cuál de las siete empresas realice los trabajos, ha provocado que las empresas de la UTE tengan que negociar un convenio colectivo único para todos los trabajadores de la contrata de basuras.

La única medida impulsada durante su mandato, a instancias del PSOE, ha sido la creación de una “Mesa de la Limpieza” para consensuar con todas las partes las mejoras posibles en el servicio de limpieza viaria. Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), considera insuficientes medidas acordadas por la Mesa como convertir calles secundarias en principales para su limpieza diaria: “No podemos decir que no puedan funcionar, pero no son las medidas que nosotros pedimos. Las asociaciones vecinales abogamos por la remunicipalización del servicio hasta conseguir que la limpieza viaria este unificada en toda la ciudad. En la encuesta interna que hicimos con las asociaciones vecinales llegamos a la conclusión de que la ciudad no estaba más limpia que con Ana Botella”.

Cerca del 60% de los madrileños encuestados por la FRAVM calificaban como muy insatisfactoria la limpieza de sus barrios. Esas opiniones apuntan a la raíz del problema, un modelo implantado por Gallardón y Botella que prima unas zonas por encima de otras y que atomiza los derechos laborales. Pero ni siquiera la supresión de esos contratos integrales se ha abordado como una opción en la Mesa de la Limpieza, critica el presidente de la FRAVM: “No compartimos ni como se planteó en su día los contratos integrales, ni cómo se siguen manteniendo. Los seis lotes de limpieza viaria y de zonas verdes tienen unas diferencias económicas del doble entre unas zonas y otras. No es factible que haya distritos de primera y distritos de segunda categoría, ni empleados de distinto rango cuando prestan el mismo servicio”.

De media, el Ayuntamiento de Madrid destino más del doble de dinero a limpiar distritos del centro como Chamberí, Arguelles o Tetuán que el que dedica a Carabanchel, Villaverde o Usera. Los trabajadores que mayor presión han sometido al gobierno de Manuela Carmena han sido los afiliados al sindicato CGT. A través de manifestaciones enfrente del Palacio de Cibeles para abogar por la remunicipalización de la limpieza viaria, la propia Confederación General del Trabajo ha documentado el incumplimiento de las condiciones laborales, de contratación y de salud de la plantilla presentando un escrito en el Juzgado de lo Social de Madrid; y solicitando diligencias preliminares a las UTEs concesionarias.

La empresa que mayores infracciones acumula es FCC, encargada del controvertido lote 6 (Usera, Villaverde y Carabanchel), que llevó a cabo un ERTE en 2013 reduciendo en más de la mitad su plantilla. CGT ha dejado constancia por escrito en la Oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de las dejaciones efectuadas por la empresa.

En concreto, en el Parque de Pradolongo de Usera que arrastra un abandono constante desde que la empresa de Carlos Slim se hiciera cargo del lote en 2013. Según denuncia la plantilla, y ante la queja de los propios vecinos afectados, de la limpieza del parque de 72 hectáreas se encargan 8 personas; extensión similar a 9 campos de fútbol para cada trabajador. Para Desiderio Martín, secretario de formación del sindicato, la falta de respuesta de la corporación demuestra la escasa voluntad política para afrontar la gestión directa. Más si cabe cuando existen informes encargados por el concejal de Hacienda que hablan de un ahorro de 45 millones de euros anuales en caso de adoptar la gestión directa a través de una sociedad mercantil local.

El secretario de formación de CGT señala en concreto la actitud poco dialogante de Inés Sabanés: “La concejala de Medio Ambiente se niega a recibir las peticiones específicas de nuestras secciones sindicales y a ser tenidas en cuenta las denuncias de falta de plantilla, suciedad y el abandono de los parques y jardines. No han querido revertir la gestión indirecta de la limpieza viaria cuando se acabó el contrato en 2016 y son incapaces de enfrentarse al modelo de ciudad gobernada por los grandes mercados. Hay razones en la Ley de Contratos del Estado y en los contratos con las empresas concesionarias para rescindir los contratos de gestión integral por incumplimientos continuados”.

En la ciudad condal, Barcelona En Comú también se ha enfrentado en estos dos años a sus propias contradicciones llevando a cabo dos líneas políticas dispares. Al igual que su homóloga en Madrid, la empresa FCC encargada de la recogida de residuos urbanos en Barcelona acumula denuncias e incumplimientos que, en este caso, sí se han visto traducidas en un expediente sancionador contra la empresa por un fraude que cifran en 3’3 millones de euros.

Según la corporación, FCC alteraba el volumen de la recogida de residuos para cobrar más por tonelada y mezclaba los envases previamente reciclados por los ciudadanos. El Ayuntamiento en un primer momento mostró una posibilidad de que el procedimiento inhabilite a la empresa para la recogida futura de basuras.

No obstante, a finales de 2016 sorprendía a ERC y la CUP al abstenerse en una propuesta para municipalizar el servicio de recogida de basura y limpieza viaria. María José Lecha, concejal de la CUP, cree que la alcaldía está pensando en licitar de nuevo la concesión a tenor de los movimientos efectuados en los plenos: “Creemos que es una oportunidad de oro para recuperar el 10% del presupuesto municipal que abarcan los residuos y la limpieza, y más cuando los reiterados fraudes dan pie a resolver el contrato. Ya nos han presentado el nuevo pliego de licitaciones y afirman que es solo en caso de que no se pueda municipalizar, pero nosotros creemos que tiene que haber una voluntad real y ni siquiera han encargado informes para evaluar una posible recuperación del servicio”.

El agua, más cerca de la gestión pública en Barcelona y Valladolid

Gran parte del pastel privatizado en las grandes ciudades también abarca a la gestión de otro servicio tan básico como el agua. Una de las actuaciones de mayor repercusión nacional en los primeros dos años de gobierno ha sido el intento de la corporación de Ada Colau de recuperar la gestión integral del ciclo del agua del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en manos de Agbar. La empresa filial de la matriz francesa Suez Environment reclama al Ayuntamiento de Barcelona 1.000 millones de euros en caso de que rescindan el contrato que las vincula hasta 2047.

La concesión del agua a Agbar fue ejecutada en 2012 por la corporación entonces liderada por Xavier Trias (CiU) y motivó la investigación, y el posterior archivo de la causa, por la Oficina Antifraude de Catalunya de De Alfonso. Aquella investigación fue promovida por la plataforma Aigua és Vida al evidenciar que la concesión se había otorgado ‘a dedo’ y, a pesar del archivo del caso, en marzo de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulaba el contrato que vinculaba al AMB con Aigües de Barcelona; a raíz de una denuncia de otras empresas que también querían hacerse con la concesión. Sospechosa habitual en casos de corrupción, el ‘caso Pokémon’ ha sido la mayor expresión de esta manera de obtener contratos públicos de Agabr, con su filial Aquagest organizando toda una red de ‘conseguidores’ que se extiende a Galicia, Asturias o el Levante peninsular.

Aigua és Vida calcula que en la factura que están pagando los ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona 181 millones no corresponden a gastos asociados al agua o lo que es lo mismo, el 56% del total de la factura que no existiría si la gestión fuera pública. “Estamos pagando la publicidad de Agbar que actúa en monopolio cautivo y un canon del 2% por acceder al conocimiento de la empresa, un conocimiento que ha acumulado gestionando durante más de 100 años y que ya lo hemos pagado con el recibo”, detalla la portavoz de la plataforma Miriam Planas.

Pese a la evidencia, la portavoz reconoce la necesidad de un estudio exhaustivo porque “en el área metropolitana nunca se ha estudiado lo que supondría tener gestión directa”. Es en ese punto en el que se encuentran desde la corporación de Ada Colau, tras aprobar en pleno en noviembre de 2016 la vuelta a manos públicas del agua.

Un paso primordial, según subrayan desde el Ayuntamiento, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso presentado por Agbar en relación a la anulación del contrato que la vincula con Barcelona. En la misma línea, el Ayuntamiento de Valladolid liderado por el socialista Óscar Puente se enfrentaba en sus primeros meses de mandato a la inmediata caducidad del contrato de gestión integral del ciclo del agua con la empresa Aguas de Valladolid.

Para afrontar una decisión de tal calado, el equipo de gobierno encargó informes técnicos de cara a estudiar la mejor forma de gestión de un servicio tan básico como el agua. En abril de 2016 se daban a conocer los resultados del informe evidenciando el grave déficit de inversión que mantenía Aguas de Valladolid, 96 millones de euros que habían ido a parar a las arcas de la empresa y que no se habían reinvertido en la remodelación de la red. La decisión no hubiera tenido más trascendencia si no fuera porque la empresa adjudicataria elevaba la decisión al Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Los argumentos esgrimidos por Aguas de Valladolid, como la imposibilidad de que el Ayuntamiento incorpore a los trabajadores de la empresa privada, fueron desmontados por el juez y desestimado el recurso. En un nuevo intento, la concesionaria se personaba de nuevo en los juzgados en el mes de marzo.

Esta vez de la mano del Ministerio de Hacienda a través de la Abogacía del Estado. Decisión inédita en democracia, puesto que más de catorce ayuntamientos han recuperado la gestión directa del agua desde 2007 sin el veto del gobierno central. En opinión de María Sánchez, la decisión responde al intento del ejecutivo de Mariano Rajoy de paralizar el efecto municipalizador que se está produciendo en el conjunto del estado: “La autonomía municipal está consagrada por la Constitución y establece que los municipios tienen derecho a elegir la forma de gestión de sus servicios básicos.

Los jueces dicen que el Ayuntamiento está dando los pasos efectivos para recuperar el servicio y el gobierno central tiene que respetar las decisiones judiciales”. La vía judicial también ha sido el procedimiento elegido por los empresarios para paralizar la recuperación de servicios por parte de los ayuntamientos.

En este caso, la empresa Pyrenalia acudía a la poderosa maquinaria de la CEOE para denunciar en los juzgados la remunicipalización del servicio de atención telefónica 010 anunciada por el equipo de Zaragoza En Común y que afecta únicamente a 14 trabajadores. Esto demuestra, según Alberto Cubero -consejero de Servicios Públicos de Zaragoza-, que los gobiernos del cambio están poniendo nerviosos a los empresarios: “Se está viendo un ataque por tierra, mar y aire porque vamos en contra de la línea de flotación del capitalismo en España.

Grandes empresas de construcción que han encontrado un gran nicho de negocio en torno a la administración pública y la prestación de servicios que tendrían que ser públicos”. Al contrario que los dos ayuntamientos más importantes de España, en Zaragoza nadie tiene dudas de la voluntad del equipo de gobierno de cumplir su programa electoral. Frente a los pobres argumentos defendidos por Ahora Madrid acerca de la imposibilidad de subrogar a los trabajadores, en conflictos laborales como los acaecidos con el servicio Línea Madrid o el Polideportivo de Moscardó, Zaragoza En Común ha defendido en todo momento esa posibilidad: “Estamos obligados por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que afirma que sería obligatorio hacerlo en las mismas condiciones que los trabajadores tienen en las contratas”, asegura Cubero.Esa es la vía por la que el ejecutivo de Mariano Rajoy ha intentado cerrar el paso a estos procesos.

En los Presupuestos Generales del Estado recientemente aprobados, el gobierno por la puerta de atrás introducía en su proyecto de presupuestos la disposición adicional 27. Con ello, el gobierno intentaba que los ayuntamientos no pudieran incorporar a los trabajadores de servicios externalizados “cuando los contratos [de estas] se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio”.

Finalmente, el PP aceptaba una enmienda del Partido Socialista esta misma semana para que los trabajadores incorporados de las empresas externas no cuenten en la tasa de reposición de efectivos de los ayuntamientos, en contra del proyecto ideado por el Ejecutivo. Para José Manuel Martínez, doctor en Derecho y Secretario de Administración Local, el gobierno únicamente trataba de ralentizar el proceso de la subrogación de los trabajadores, dado que es un derecho reconocido en la directiva 2001/23 a nivel comunitario y en el que el legislador español no puede actuar: “El gobierno está cerrando una puerta que ellos mismos abrieron con la modificación de Ley de Bases del Régimen Local en 2013 y en la que señalaban que el servicio será prestado de la manera más eficiente y sostenible posible. Pero ya en 2010, cuando hicieron los planes de ajuste, una de las medidas contempladas era precisamente recuperar servicios que estuvieran externalizados”.

El PP, añade José Manuel, contradice no solo la ley, sino también sus políticas llevadas a cabo en la administración local: “El Tribunal de Cuentas calcula que la gestión privada de la limpieza viaria resulta un 71% más cara y el PP ha devuelto a manos públicas la limpieza en León o en Valladolid, donde en sus 20 años de gobierno se gestionó directamente”.