La reacción del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, tras conocerse la presencia en el Ejecutivo de al menos dos personas que se manifiestan como profranquistas y filofascistas en sendos puestos del segundo nivel de mando de su equipo dice casi más de lo que viene que de lo que ha venido.

El conservador achaca a la "bisoñez" de Esmeralda Pastor y de Jorge Valero, directores generales de Justicia y de Caza, ambos en consejerías de Vox, los post de ensalzamiento de los generales Franco y Millán Astray que estos difundieron tiempo atrás en sus redes y rechazó la posibilidad de aplicarles la Ley de Memoria Democrática aragonesa.

"Vamos a juzgar a la gente por las decisiones que vayan a tomar en el futuro", dijo en una entrevista en Radio Zaragoza, en la que redujo al rango de "equivocadas" y "desafortunadas" esas manifestaciones al tiempo que ratificaba en sus cargos a Pastor y Valero.

Eso es lo que ha venido; quien ha venido, más bien. Lo que viene, tal y como recoge el pacto de coalición entre PP y Vox en Aragón, es la demolición de las incipientes políticas memorialistas que el Gobierno de Aragón ha venido desarrollando en los últimos años, especialmente desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2018.

Escuetas estructuras

"Derogar la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón", indica, escuetamente, uno de los 80 puntos de ese acuerdo, en el que en ningún momento se incluye la posibilidad de sustituirla por una "ley de concordia" como había planteado en algunas ocasiones a partir de 2019 el PP local, que llegó a mostrarse contrario a la derogación en sede parlamentaria.

Fuentes del ejecutivo autonómico confirmaron que entre los jalones de la hoja de ruta del Gobierno PP-Vox se encuentra la demolición de esas políticas, con la derogación de la ley y el desmantelamiento del escueto aparato administrativo encargado de desarrollarlas.

La eventual derogación no ofrece a priori mayores complicaciones para los socios de gobierno, que disponen de mayoría absoluta y que pueden tramitar esa iniciativa como proyecto de ley del ejecutivo o como proposición de ley de los grupos que lo sustentan, mientras que el desmantelamiento de la faceta administrativa solo requiere la supresión de un servicio dotado con tres funcionarios y adscrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural, hoy asignada a la Consejería de Presidencia, Interior y Cultura que dirige Tomasa Hernández (PP), y la recolocación de su escueta plantilla.

"Se podían haber hecho muchas más cosas en estos años", señala Enrique Gómez, presidente de ARMHA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón), "pero la cuestión es que hay una ley vigente y hay que cumplirla".

"Apología del régimen franquista"

Las asociaciones memorialistas de Aragón reclamaron el lunes a través de la plataforma PAMA el cese de Pastor y Valero por sus "claros ejemplos públicos de exaltación y apología del régimen franquista". Supone, en su opinión, "un manifiesto incumplimiento" de las leyes de Memoria Democrática estatal y autonómica, consideran que mantenerles en sus cargos "es alinearse con las tesis de la extrema derecha y demostrar que lo que hay en Aragón es un Gobierno sectario, que toma claramente partido por quienes legitiman el franquismo y que agrede a las miles de víctimas aragonesas del régimen genocida y a sus familiares".

Esas entidades van a solicitar una reunión al ejecutivo con un doble objetivo: chequear la vigencia de los acuerdos con el Gobierno autonómico y pedir la convocatoria de una reunión de la Comisión Técnica de Memoria.

Este órgano, que reúne a la Administración, los memorialistas, la universidad y los "profesionales expertos en el ámbito de la historia, la arqueología, la archivística y la medicina forense" que trabajan la materia, tiene como cometido coordinar e impulsar los trabajos de retirada de vestigios, exhumación de fosas y recopilación de documentación.

"Vamos a exigir que ese órgano se reúna, porque hay una ley vigente que lo contempla y que le encomienda el desarrollo de la Ley de Memoria", anota Gómez, quien recuerda que "tenemos acuerdos con el Gobierno de Aragón, sea del color que sea".

"Que hayan cambiado los partidos no quiere decir que no existan los compromisos del Gobierno de Aragón con nosotros. Y si ya no existen, tendrán que decírnoslo y tendrán que dar explicaciones a la opinión pública", añade.

PP y Vox estrenan 'rodillo'

PP y Vox estrenan el rodillo para evitar el debate en las Cortes
El episodio iniciado con la difusión de los post profranquistas y filofascistas de los directores generales del Gobierno de Aragón ha incluido dos pasajes que, a falta de confirmación por repetición, parecen indiciarios de cómo van a ser las relaciones políticas en esta legislatura tanto a escala aragonesa como en el plano estatal.

En el primero, la petición de comparecencia registrada por el PSOE para que Azcón compareciera de manera urgente ante las Cortes para explicar el nombramiento de Pastor y Valero ha dado pie a que PP y Vox estrenaran el lunes en la Mesa el rodillo de su mayoría parlamentaria y optaran por excluir esa propuesta de los dos plenos de este viernes y dejarla sin fecha.

Alegaron que ambos plenos son de trámite, uno para recomponer la Mesa de la cámara y los grupos parlamentarios tras los movimientos provocados por la formación del Gobierno y el corrimiento de listas por el 23J y otro para elegir a los dos senadores autonómicos (Eloy Suárez por el PP y Javier Lambán por el PSOE), por lo que esa comparecencia no se producirá antes del día 21, tres semanas después de haber arrancado la polémica.

El aplazamiento, por otra parte, ofrece a Azcón la posibilidad de solicitar una comparecencia que plantee otros asuntos, como una genérica explicación sobre la elección de altos cargos, sin olvidar que siempre tiene la posibilidad de delegar la representación del Gobierno en otros consejeros, en este caso el vicepresidente Alejandro Nolasco, de Vox.

IU ha presentado otra solicitud de comparecencia que todavía no ha sido calificada por la Mesa, explicaron fuentes de la formación.
Presidencia rompe las hostilidades con un patinazo
En el ámbito estatal, ha sido el Gobierno central quien ha escenificado un inicio de hostilidades no exento de cierta exposición al ridículo, más atenuada por la sordina con la que el Gobierno PP-Vox intenta aplicar la polémica que por los evidentes rasgos de ‘calentón’ que presenta el movimiento.

Así, el Ministerio de Presidencia anunció la apertura de expedientes a Pastor y Valero por las presuntas infracciones de la Ley de Memoria Democrática estatal cometidas con sus post sin reparar en que la norma entró en vigor el 21 de octubre del año pasado, por lo que la difusión de esos textos e imágenes, fechada entre 2018 y 2021, queda en cualquier caso fuera del alcance de su régimen sancionador.

Primer choque fallido

La ley castiga con multas de 10.001 a 150.000 euros la difusión de contenidos que "inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares", aunque solo para manifestaciones realizadas a partir del 21 de octubre del año pasado.

"Una norma sancionadora no se puede aplicar con carácter retroactivo" en el ámbito penal ni en el administrativo, explicaron fuentes jurídicas.
El movimiento de Presidencia se confirma así como una de las primeras escaramuzas, en este caso fallida, de la etapa de choques institucionales entre el Gobierno central progresista, ahora en funciones y quizás de pleno derecho en unos meses, y los autonómicos de PP y Vox que ya plantean los propios acuerdos de coalición de estos últimos.