Bruselas no impide la reforma laboral de Yolanda Díaz

El quién y el qué. La derogación del marco laboral vigente impulsado por el Partido Popular en 2012 ha provocado una de las mayores cicatrices y choques del Gobierno de coalición. Las divisiones y las tensiones amenazan con dilapidar la imagen de Madrid en Bruselas, pero, de momento, el efecto en la capital comunitaria es contenido. La Comisión Europea no entra en quién debe liderar esta crucial reforma ni en cómo debe articularse. Quiere resultados concretos y los necesita antes de que concluya este año: la llegada de la segunda remesa, prevista para la próxima primavera, de los fondos del Plan Europeo de Recuperación está condicionada a que España tenga muy avanzado un nuevo marco en términos de empleo.

La estrategia que plantea Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, para derogar la reforma de Rajoy no contradicen a priori las demandas de Bruselas para el desembolso de las ayudas europeas. La Comisión Europea exige mejoras y el plan de resiliencia y recuperación español se compromete a llevarlas a cabo. Pero ni uno ni otro detallan el contenido ni el modus operandi. Es decir, la UE no se opone a que Díaz encabece esta misión ni pone cotos a las negociaciones. Se limita a señalar que estas deben consensuarse con los agentes sociales.

"Le corresponde a los Estados miembros determinar las reformas y las inversiones incluidas en sus planes nacionales. El papel de la Comisión es evaluar si estas son compatibles con los criterios del plan de recuperación y del semestre europeo", se limita a afirmar un portavoz del Ejecutivo comunitario preguntado por Público. El equipo que lidera Ursula von der Leyen aprobó el plan nacional español en junio. Dos meses después aterrizaron los primeros 9.000 millones de euros del mecanismo de prefinanciación. Para recibir la segunda remesa y para cumplir con los hitos pactados, España deberá tener la reforma del mercado laboral muy avanzada en diciembre.

Las demandas europeas en el ámbito del trabajo no son nuevas y abogan por ajustes estructurales para: reducir el desempleo, especialmente entre los más jóvenes; disminuir el uso de contratos temporales; corregir la dualidad del mercado de trabajo; aumentar la inversión en capital humano; modernizar los instrumentos de negociación colectiva; y aumentar la eficacia de las políticas de empleo.

Los 140.000 millones de euros, en transferencia y a fondo perdido, que el país puede recibir en los próximos cinco años del histórico instrumento Next Generation EU están llamados a ser una lanzadera para la transición ecológica y digital del país, pero también una oportunidad para desencallar reformas paralizadas como la laboral, la de las pensiones o la fiscal. Y todo ello no es una elección, es una condición sine qua non para recibir las ayudas.

Bruselas dictamina los objetivos, pero deja en manos de cada Gobierno nacional el cómo llegar a ellos. No se posiciona sobre el procedimiento o la negociación y mucho menos lo hace sobre qué persona está mejor capacitada para liderarla, pese a los relatos que han surgido durante los últimos días utilizando a la UE como pretexto para debilitar la postura de Díaz frente a Nadia Calviño, vicepresidenta primera. El propio líder de la oposición, Pablo Casado, aseguró recientemente que "llegaría hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral [de Rajoy] se mantenga".

El Ejecutivo comunitario lleva años pidiendo a España una mejora de las condiciones de un mercado de trabajo marcado por la temporalidad y la precariedad. España fue en 2020 el país de la UE con más contratos temporales y el que mayor tasa de desempleo juvenil registró.

"Las medidas [del plan de recuperación español] tienen por objeto abordar retos que afectan desde hace mucho tiempo al mercado laboral español y presentar un conjunto de reformas ambiciosas y coherentes, la mayoría de las cuales debe llevarse a cabo antes de que finalice 2021. Algunas de las reformas propuestas se están debatiendo actualmente con los interlocutores sociales a través de un proceso de diálogo social. Por lo tanto, algunos detalles se han dejado explícitamente abiertos con el fin de dejar margen suficiente para el acuerdo y la aprobación de los interlocutores sociales", se desprende de la decisión de implementación del Consejo sobre el plan nacional. Algunas de los objetivos adicionales que recoge el documento es la reducción de la brecha de género, la simplificación del nivel de asistencia al desempleo o la regulación del trabajo a distancia o el de repartidores a domicilio.

¿Qué dice el análisis de Bruselas?

En las últimas recomendaciones del semestre europeo, Bruselas no dibuja un escenario muy alentador en el mercado laboral español, golpeado ferozmente por la crisis sanitaria de la covid-19, pero con cicatrices de los años anteriores. "Los datos preliminares apuntan a un aumento muy significativo del nivel de desempleo en España como resultado de la crisis, lo cual tendrá repercusiones en la ya limitada capacidad de los servicios de empleo para ayudar a los trabajadores y a los empresarios y en los servicios sociales", reza el último análisis de Bruselas.

La Comisión Europea cree que el camino a la recuperación deberá fundamentarse en medidas de apoyo al empleo –consultadas con los actores sociales-. La flexibilización de las condiciones laborales o el acceso de los trabajadores a una protección social adecuada son algunas de las que menciona de forma explícita. Sus recomendaciones a España pasan por impulsar medidas que respalden el empleo y encaminadas a preservar los puestos de trabajo; incentivar la contratación y el desarrollo de las cualificaciones; o mejorar la cobertura para las familias de renta mínima.

¿Cuál es el calendario de las ayudas?

La urgencia del debate la ha precipitado el cronómetro. Muchas de las medidas recogidas en el plan español en clave laboral deben estar acordadas antes del 31 de diciembre de 2021. Ante el gélido entusiasmo del PSOE de derogar de forma completa la actual legislación del PP, Unidas Podemos ha reaccionado con vehemencia.

Los fondos europeos no son una carta blanca. El cumplimiento de las medidas es revisado cada seis meses. Si los hitos no se alcanzan en los tiempos pactados, las remesas se congelan durante un tiempo. Bruselas espera que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez cuente con avances concretos en este ámbito para finales de este año.

El calendario previsto marca un primer desembolso de 10.000 millones de euros para finales de este año siempre y cuando Bruselas avale los 50 hitos pactados por Madrid. El siguiente estaría previsto para finales de la primavera del próximo año y cuenta con un valor de 12.000 millones de euros. Una de las metas fijadas para este tramo es, precisamente, tener los primeros flecos atados de la reforma laboral.