El PP ha visto volverse en su contra el polémico informe pericial que presentó a última hora en el juicio por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas. La cuarta sesión, celebrada este jueves en el juzgado de lo penal 31 de Madrid, acogió las explicaciones de dos policías, los ingenieros técnicos informáticos que analizaron los equipos del extesorero del partido conservador, y que chocan con algunos de los argumentos de los dos peritos llamados por el Partido Popular.

El partido de Pablo Casado se sienta en el banquillo por un supuesto delito de daños informáticos, ya que los dos discos duros que destruyó contenían, según Bárcenas, información sobre la contabilidad B de la formación, cuya existencia ha sido acreditada por la Audiencia Nacional.

La planificación de la sesión contemplaba la exposición de tres informes periciales, y el PP contaba con contrarrestar las conclusiones de los policías sobre el único disco duro que entregaron a la justicia, y sobre el pendrive de Bárcenas, que contenía una copia de la contabilidad opaca teóricamente almacenada en uno de los discos duros, con el informe de los peritos de Grant Thornton.

No obstante, las tres acusaciones populares, Izquierda Unida-Los Verdes, Observatori Drets Humans (DESC) y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), se han esmerado en su turno de interrogatorio a los peritos, para desmontar parte del relato de los abogados del Partido Popular y de los tres empleados de la formación que se sientan en el banquillo -Carmen Navarro, Alberto Durán y José Manuel Moreno-, acusados de daños informáticos y encubrimiento.

El carácter de la sesión ha sido muy técnico. Ana Cortés, abogada de la acusación de Izquierda Unida, inquiría a los peritos si sería posible que los archivos estudiados hubieran sido creados en un dispositivo distinto al que analizaron, y lograba que distinguieran entre la fecha de creación y la de última modificación de los archivos, para desmontar su argumento sobre las incongruencias de las fechas extraídas del análisis de los metadatos de estos documentos.

La letrada también les ha reprochado que no incluyeran en su informe que Bárcenas sí dijo que el segundo disco duro, el que albergaba el ordenador MacBook, y que ha quedado demostrado que compro él mismo, sí tenía información, si bien no pudo detallarla. Los peritos del PP habían afirmado que declaró lo contrario. También les afeó que no tuvieran en cuenta que dos instancias judiciales distintas no dudaron de la credibilidad de Bárcenas, como sí hace el PP: “¿No es reseñable que el juzgado de instrucción y la Audiencia de Madrid indicaran que, con carácter indiciario, no podía privarse de credibilidad al señor Bárcenas?”, preguntaba. Uno de los peritos, Alfonso Bravo, señaló que esta cuestión tenía un componente “más jurídico”, y por eso no habían entrado en ello.

Los peritos no conocían las fechas en las que el PP implementó -o siquiera formalizó, lo que no significa que se aplicasen- los protocolos indicados por una empresa auditora en esta materia y otras cuestiones; quitaron importancia a la ausencia de familiaridad en el PP con el protocolo de borrado –lo tienen que conocer “las personas encargadas de aplicarlo”, afirmaba Cristina Muñoz -Aycuens-, y dijeron desconocer las declaraciones del anterior jefe de informática, Javier Barrero, que antes de la entrada de Moreno estaba al mando del departamento, y negó haber conocido la existencia de estos supuestos protocolos.

Al cierre de su intervención, la letrada les cuestionó si, de no haber destruido el PP los discos, habría resultado "determinante" comparar los documentos originales con los almacenados en el pendrive de Bárcenas. Los peritos daban largas, y Cortés repetía y reversionaba la pregunta. “¿Podríamos comprobar [de no haberlos destruido] cuál era el contenido original de los archivos?”, preguntaba. “¿Y cuáles son los discos duros donde estaba esa información?”, respondía Bravo. “No lo sabemos, porque son los que el PP había destruido”, zanjó la abogada.

Por su parte, la letrada de DESC, Isabel Elbal, incidió ante los agentes en la diferencia entre los conceptos de formateo y borrado seguro -que supone la sobreescritura de los archivos, impidiendo su recuperación-. Después, ante los peritos, rescataba dos correos de las secretarias del presidente del partido -Mariano Rajoy- y la secretaria general -María Dolores de Cospedal-, indicando al entonces jefe de informática, Barrero, que ya se podía proceder “a formatear” los ordenadores de ambos, entonces número uno y dos del PP, respectivamente. Elbal quería constatar que en este caso sólo se hablaba de formatear los equipos, no de destruir los discos duros, y los peritos afirmaban que el uso de la palabra “formatear” no necesariamente significaba que sólo fueran a formatear estos equipos, y no a proceder al “protocolo” que se usó con los dos portátiles de Bárcenas.

En la misma línea de lo manifestado ante las preguntas de la letrada de IU, cuando Elbal les preguntó si tuvieron en cuenta que, en el momento del borrado, había dos investigaciones abiertas sobre la contabilidad del partido, los expertos volvieron a afirmar que su trabajo se enfocaba en los aspectos técnicos, aunque no fueran ajenos a un asunto dado a conocer por los medios de comunicación.

Y, sobre los accesos a los discos duros, entregados por Bárcenas al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, entre los que detectaron accesos que tildaron como irregularidades en su informe, Elbal les planteó si las ocasiones en las que el pendrive se usó antes de su custodia judicial podrían corresponder con la revisión que el abogado del extesorero hiciera de los archivos contenidos en el dispositivo. Entonces, Bárcenas ya estaba en prisión provisional: “Lo desconocemos”, respondieron.

No recordaban que el extesorero señalara al juez que había información personal en el dispositivo, y que Ruz accediera a revisarlo para retirar archivos que no fueran relevantes para la causa, y sólo incidieron en que no había registro de que se hubieran eliminado imágenes: "No hay fotografías ni las ha habido". La letrada les cuestionaba entonces si podría haberse eliminado “música u otras cuestiones”, y Bravo esbozaba una respuesta similar a la que ya había usado ante otras cuestiones: “Es tan posible como puede ser lo contrario, si tuviéramos en consideración otras cuestiones que no estamos teniendo”.

Cerrando el turno de las acusaciones, Juan de Justo, de Adade, preguntó quién les contrató para hacer la pericial –“El PP”-, y si los conservadores les dieron “alguna directriz”. La respuesta fue un “no”.

Por su parte, las defensas formularon preguntas del tipo “¿Qué ocurre si se desecha un disco duro sin el borrado seguro?; ¿Puede dar lugar a sanciones de la Agencia de Protección de Datos?”, para escuchar el asentimiento de los peritos. Les cuestionaron incluso si la “destrucción física” de dispositivos como los discos duros es “habitual”. “Así es, existen compañías que se dedican a esto”, apuntaba Muñoz-Aycuens.

El “llamativo” método de destrucción de los discos duros

Como ha reconocido el jefe de informática del partido, Moreno, y como expuso la instructora de la causa, Rosa María Freire, el PP destruyó los discos duros mediante el método de borrado “más drástico existente”: hasta 35 sobreescrituras con ralladura física, para después tirar los dos discos a la basura.

El único disco entregado no contenía nada, según los agentes, si bien estos han calificado de “llamativo” y “raro” el método empleado por el PP. “Con una única pasada” de sobreescritura habría bastado para impedir recuperar ningún archivo, sostenían, en contra de lo afirmado por los peritos llamados por el Partido Popular.

Los agentes afirmaban que este sistema es “un estándar” en Estados Unidos, en lo que respecta a “ciertos niveles de seguridad”, mientras que los peritos de la defensa insistían en que el PP sólo quería cumplir con la normativa de protección de datos, y en que la destrucción de los discos se corresponde “con las mejores prácticas, tanto a nivel nacional como internacional”.

Además, como apuntaban las defensas, los policías han corroborado que los cambios en las fechas de creación o modificación de los archivos analizados podían deberse a muchos motivos, entre otros a los accesos del juez. Los peritos del PP rechazaron pronunciarse sobre su integridad, por la “alteración del contenido” que detectaron.

La causa se reanudará este viernes, con una última pericial, y seguirá con las conclusiones de las partes, para después quedar visto para sentencia.