El 19 de junio de 2014, el rey Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo, que desde ese momento tomó el nombre de Felipe VI y se convirtió en el nuevo monarca de España. Desde su "toma de posesión" como jefe del Estado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) solo le ha preguntado a la ciudadanía por la valoración de la institución en una ocasión, con un resultado de suspenso.

Desde julio de 2014 hasta abril de 2015 ninguno de los barómetros del organismo incluyó entre sus preguntas la posibilidad de emitir una valoración sobre la monarquía. En abril de ese año, el CIS preguntó sobre la "confianza" que los ciudadanos tenían en la institución; desde la perspectiva cuantitativa, los encuestados podían puntuar a la Corona con cualquier número entre el 0 (que significaba no tener "ninguna confianza") y el 10 (aquellos que tuvieran "mucha confianza"). La media final fue de 4,34.

Desde entonces, ninguno de los barómetros del organismo ha vuelto a preguntar por este asunto. El 19 de junio se cumplieron seis años desde la proclamación de Felipe de Borbón como Felipe VI, seis años de reinado en los que el monarca ha sido protagonista de decisiones y actuaciones que han podido generar cambios en la opinión pública. Desde los partidos políticos, al menos, sí que se ha puesto en varias ocasiones a la Corona en la agenda pública en diferentes circunstancias.

Además, un grupo de 16 medios de comunicación independientes ha enviado a José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una carta en la que solicitan que la institución pública encargada de estudios demoscópicos se plantee la posibilidad de hacer un sondeo monográfico sobre el papel actual de la monarquía

Más allá de los valores republicanos o monárquicos de cada formación, y de su defensa de una forma de Estado determinada, Felipe VI ha sido el protagonista de momentos importantes en la historia reciente. Lo fue el 3 de octubre de 2017, cuando pronunció un discurso criticando la consulta celebrada el 1-O en Catalunya, una actuación que para unos fue negativa e hizo perder legitimidad a una institución que debería de estar por encima de la batalla política, y que para otros fue acertada y contribuyó a atajar el conflicto en ese momento.

Sin embargo, a pesar de estas situaciones, el CIS no ha vuelto a recuperar la posibilidad de valorar a la monarquía en sus estudios y, barómetro tras barómetro, la institución solo aparece de forma tangencial, como respuesta entre las percepciones ciudadanas sobre los principales problemas del país. Ni siquiera un 0,5% de los encuestados consideran que la monarquía esté entre los principales problemas, en una lista en la que Felipe VI "compite" con la crisis económica, el paro, la sanidad, la educación o la corrupción, entre otros.

Ni en el estudio de junio ni en el de julio se pregunta por la valoración ciudadana de la monarquía, que representa el "principal problema" para el 0,1% de los encuestados, el "segundo problema" para el 0,2% y el "tercer problema" para el 0,1%, por detrás de preocupaciones actuales como el coronavirus, los extremismos políticos o los problemas derivados del confinamiento.

Tezanos compareció hace unas semanas en el Congreso para explicar su labor al frente del organismo. En la Comisión Constitucional también se refirió al por el que se decidió eliminar este asunto de los estudios publicados: "No bajaba solo la valoración de la monarquía, sino de todas las instituciones, también de los partidos, de los sindicatos o de los medios de comunicación. Esas oscilaciones llevaron a pensar que eran coyunturales, que el clima era volátil y que no ofrecía una información muy útil".

Tezanos: "Tenemos esa información fuera del CIS"

En este sentido, Tezanos defendió que se hacen preguntas sobre la monarquía "fuera del CIS": "Tenemos esa información", y que en los estudios del organismo también se incluye a la institución: "En todas las encuestas del CIS se pregunta cuál es el principal problema, y el que más afectan a los ciudadanos, y ahí sale la monarquía, con cifras insignificantes".

En los últimos meses han sido varias las formaciones políticas que han instado al CIS a recuperar la valoración de la monarquía, sobre todo después de algunos medios y tribunales hayan apuntado a posibles escándalos que salpican a la familia real. Los últimos hechos relevantes sobre la Corona tienen que ver con varias investigaciones judiciales que tienen por objeto conocer si Juan Carlos I fue beneficiario de comisiones irregulares vinculadas a la puesta en marcha del denominado AVE a La Meca y si es el titular de una sociedad offshore con sede en Panamá y con cuenta en un banco suizo.

En una de las informaciones publicadas se apunta a que Felipe VI, el actual jefe del Estado, podría ser el beneficiario de la sociedad offshore supuestamente creada por su padre. Tras esta publicación, el rey anunció que "renunciaba" a la herencia de Juan Carlos I.

Los tribunales suizos investigan si el rey emérito recibió una donación millonaria por parte de Arabia Saudí que posteriormente depositó en la mencionada cuenta bancaria. La pasada semana, la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió investigar a Juan Carlos I para delimitar o descartar posibles hechos de relevancia penal que tuvieran lugar después de la abdicación en su hijo, en junio de 2014.

En España no se podría investigar el periodo anterior porque se entiende que el monarca estaba entonces protegido por la inviolabilidad constitucional que recoge la Carta Magna en su artículo 56.3. Más de 70 diputados de varios grupos trataron de abrir una comisión parlamentaria para investigar, sin consecuencias jurídicas, las finanzas del emérito en el periodo posterior a su abdicación.

Sin embargo, los servicios jurídicos del Congreso elaboraron un informe en el que se argumenta que el rey emérito goza de una inviolabilidad de "efectos permanentes" que no solo cubre a os actos realizados antes de su abdicación, sino también los efectos que estos pudieran tener después, cuando dejó de ser jefe del Estado.

Tras la elaboración del informe, el PSOE, el PP y Vox sumaron sus fuerzas en la Mesa de la Cámara Baja para rechazar las dos peticiones que se habían registrado para abrir una comisión de investigación sobre las finanzas de Juan Carlos I en la etapa en la que ya había abandonado la Corona.