A Pedro Díaz Pintado le costó explicar el pasado 23 de enero ante el juez Manuel García Castellón si durante su etapa como número dos de la Policía -entre julio de 1996 y junio de 2004- era conocedor de la situación irregular de José Manuel Villarejo, empresario y policía a partes iguales. Primero aseguró, como su antecesor Agustín Linares, y su sucesor y mando de mayor grado imputado hasta el momento, Eugenio Pino, que aunque la compatibilidad no la tenía concedida, era sabido que estaba autorizado por los ministros y directores generales para tener su emporio privado. 

Hasta el momento, esta 'autorización gubernamental' se circunscribía a importantes misiones del Estado, como las relatadas por Agustín Linares: Villarejo lo mismo servía para hacer de contacto con Al Kassar que para crearles unas empresas al servicio de la patria o venderles unos misiles rusos a ETA. 

Sin embargo, Díaz Pintado acabó reconociendo que se le hacían encargos desde las grandes empresas de este país. Y que tanto sus antiguos jefes -el mismo Díaz Pintado, por ejemplo-, como los directores de Seguridad de Iberdrola (Antonio Asenjo), el BBVA (Julio Corrochano) o el Banco Santander (el propio Linares), han recurrido a Villarejo a lo largo de 30 años, pagando a su entramado empresarial a sabiendas de que no estaban contratando ningún servicio relacionado con la seguridad de España. Salvo que trabajar para una de estas compañías sea considerado un servicio a España, como le insinuó Villarejo al juez de 'Tándem' que le mantiene en prisión, cuando le dijo aquello de "Allá donde esté Repsol está España".

'De Cenyt a Dico', el sobre que delata a Díaz Pintado 

Como acusación popular en las 25 piezas que ya existen de la 'causa Tándem', Podemos ha presentado un escrito ante el juez García Castellón donde recopila toda la información desperdigada por las diferentes causas del sumario y que, sumada a la declaración de Díaz Pintado en el juzgado, podría dar lugar a la apertura de otra pieza por el encargo de Grupo Dico a la sociedad propiedad del comisario encarcelado Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt). 

Díaz Pintado se incorporó, por tanto, en 2004 a la que era entonces la novena inmobiliaria del país, tan solo tres meses después de abandonar su puesto como número dos de la Policía y cuando Villarejo estaba destinado en la Comisaría General de Policía Judicial, junto al comisario de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera. Ante el juez y con obligación de decir la verdad, Díaz Pintado explicó que, tras un apuro, "contactó con el Sr. Villarejo Pérez en el año 2005 a fin de que éste le recomendara un "detective privado" o  "experto en seguridad" que pudiera investigar una serie de notas amenazantes que el presidente del consejo de administración de este grupo mercantil estaba recibiendo en aquel momento".

Villarejo, según recoge el informe de Podemos, "le recomendó [a Díaz Pintado] contactar con la empresa Cenyt y su administrador, el Sr. Rafael Redondo, sin mencionarle el hecho de que él era el propietario de dicha empresa". Una afirmación sorprendente, puesto que el propio Díaz Pintado había explicado anteriormente la supuesta relevancia de Villarejo para ministros, directores generales y para su antecesor Agustín Linares, por lo que él mismo era consciente de esta situación extraordinaria de policía-empresario. 

El ex número dos de la Policía con el presidente José María Aznar quiso desentenderse más aun si cabe del asunto y volvió a asegurar al juez, en calidad de testigo, que "pese a no volver a tener ninguna participación, el Sr. Díaz Pintado tuvo conocimiento posterior de que el Grupo Dico había contratado al Sr. Redondo para tal encargo, plasmándose éste en un informe por el que la mercantil Cenyt facturó unos 150.000 euros", según explica el escrito de Podemos.

Sin embargo, en el registro de uno de los inmuebles del comisario Villarejo se encontró un documento que es bastante explícito sobre el conocimiento de Díaz Pintado de la relación de Cenyt y Dico, ya que es él mismo a quien va dirigido. En el encabezado se puede leer, manuscrito: "Pedro Díaz Pintado. De Cenyt para Dico" . Este documento consta en la pieza principal del sumario de la 'causa Tándem' y sorprende que ni juez ni fiscalía le preguntaran por él al testigo a finales de enero. 

Otro documento que cita Podemos en su escrito, y que Público ofrece ahora en exclusiva, es un email en el que el comisario José Luis Olivera deja claro que Villarejo nunca fue un agente encubierto ni hacía misiones para el Estado. Olivera, que ahora trabaja para Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol, ha sido acusado por varios compañeros de ser el encargado de tapar las investigaciones contra el PP mientras fue jefe de la UDEF y de iniciar la época de informes falsos cuando ascendió a Comisario General de Policía Judicial. Sin embargo el juez aún no le ha llamado a declarar. 

El año 2005: los concejales de Majadahonda, la inmobiliaria Dico y la protección al PP de Madrid

Asentadas las bases de que el ex alto mando policial le mintió al juez, Podemos expone los indicios que se reparten en las diferentes piezas del sumario y que hemos ido desvelando en Público, entre otros medios de comunicación, sobre lo que podría denominarse la primera fase de la 'Operación Kitchen': el intento de desprestigio de los denunciantes de corrupción José Luis Peñas y Juan José Moreno, que en 2005 era concejales del PP de Majadahonda y comenzaron a grabar a los empresarios que pagaban mordidas al Partido Popular en municipios de Madrid, Valencia, Galicia o Castilla y León, o incluso en el mismo despacho de Luis Bárcenas.  

A José Luis Peñas se le conoce por destapar la trama Gürtel tras haber grabado y llevado a la UDEF horas de conversaciones de Francisco Correa. Pero, como destapó Público en agosto de 2015, su compañero Juan José Moreno grababa a la par a Raúl Calvo, ejecutivo de Dico y jefe de Díaz Pintado, y este confesaba en dichas grabaciones las claves de lo que hoy conocemos como Operación Púnica: "Marjaliza es el tapado de Paco [Granados]" o "Esperanza Aguirre lo sabe". 

Estas grabaciones de Moreno ocurrían en octubre de 2005 y tanto detalle había en ellas que incluso se habla de unas jornadas de caza que organizaba Dico y a las que el ejecutivo quería invitar al concejal. Los concejales, según ha sabido Público del propio José Luis Peñas, pecaron de ingenuos y pusieron en conocimiento de Esperanza Aguirre lo que estaba ocurriendo en el PP de Madrid. Ella les dijo que tomaría cartas en el asunto.  

Peñas, Moreno y sus familias comenzaron entonces a sufrir amenazas -unos coches les intentaron sacar de la carretera, por ejemplo-, pero finalmente, pasado más de un año, acudieron finalmente a la UDEF a denunciar. Curiosamente, las diligencias que abrieron los hombres de José Luis Olivera no incluían ninguna de las grabaciones del ejecutivo de Dico y sólo figuraban las de Francisco Correa, con las que quedó bautizada la 'Operación Gürtel'.

En noviembre de 2018, cuando Villarejo llevaba ya un año en la cárcel, el juzgado levantó parte del secreto de sumario, incluidas unas grabaciones del año 2005. En concreto, hay una de noviembre de 2005 (un mes después de que Moreno grabara al ejecutivo de Dico) en la que Villarejo y el comisario Enrique García Castaño citan un encargo realizado para la constructora Dico: "rastrear los teléfonos de los concejales de Majadahonda" –José Luis Peñas y Juan José Moreno–, justo después de que estos últimos denunciaran a Esperanza Aguirre la corrupción del PP, tal y como desveló Público en el artículo Los denunciantes de Gürtel fueron rastreados por Villarejo y Castaño tras alertar a Aguirre y en el que se pueden escuchar los audios de dicha conversación. 

En esa tanda de audios de las que el juzgado levantó el secreto, quedaba perfectamente establecida la estrecha relación de negocios que había entre los comisarios Olivera, García Castaño y Carlos Salamanca, quienes a su vez mantenían estrechas relaciones con personas del Partido Popular.

Si Esperanza Aguirre ha sido la única política en reconocer que se reunió con Villarejo sin necesidad de que este haga aflorar ningún audio de una reunión con ella, Carlos Salamanca es el "compadre" de Francisco Granados -como se refleja en el sumario de Púnica, aunque también mantiene una estrecha relación con Villarejo- y Enrique García Castaño lo es a su vez de otro ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. 

No es la única referencia que Villarejo deja grabada haciendo alusión al Partido Popular en el año 2005. Por ejemplo, en la pieza Pintor, que investiga el encargo que le hacen el empresario Juan Muñoz y su hermano Fernando -marido y cuñado, respectivamente, de la presentadora Ana Rosa Quintana- Villarejo les cuenta que ya alertó al PP del 'Peñitas', al igual que a María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro. 

Tanto es así que en la pieza del BBVA de la que se acaba de levantar el secreto de sumario se encuentra otra clave de esta posible nueva causa: "Una carpeta denominada "G" que a su vez contiene 100 archivos de audio con diferentes personas, principalmente mandos del CNP [Cuerpo Nacional de Policía], empresarios y periodistas (entre otros, Enrique GARCÍA CASTAÑO,
José Luis OLIVERA SERRANO -Comisario Principal con carné profesional 17.561 2, en aquel momento con destino en la Comisaría General de Policía Judicial-, Carlos SALAMANCA VILCHES, Julio CORROCHANO PEÑA, Ignacio LÓPEZ DE HIERRO), cuyo contenido está pendiente de analizar en su totalidad". Todos esos archivos de audio están datados en el año 2005. 

Y, por último, una curiosidad. Si alguna vez no debieran haber existido las causas Púnica y Lezo, porque con los audios de José Luis Peñas y Juan José Moreno hubiera sido suficiente para investigar a todo el PP de Madrid (y a todo el PP) bajo el paraguas de Gürtel, nadie mejor que el juez Manuel García Castellón para decidirlo. En el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional del que es titular se instruyen, por un lado, las dos causas citadas anteriormente y que llevaron a Granados e Ignacio González provisionalmente a prisión, y por otro, Tándem, por la que Villarejo lleva más de dos años en la cárcel.