Corría el año 1986, los asesinatos de ETA se sucedían sin cuartel, así como la guerra sucia contra la banda armada por parte de los cuerpos de Seguridad del Estado. En la Policía, Agustín Linares era el número 2, el mando operativo a quien obedecía el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres. Y en su órbita, un joven José Manuel Villarejo al que todos recurrían a pesar de estar en excedencia, algo que cada día se sustenta menos a la vista de las incongruencias entre casos policiales y dicha excedencia.

Este es el marco en el que ese joven Villarejo habría conseguido venderle a ETA dos misiles tierra-aire que contenían un chip para su localización en una operación de contraespionaje, tal y como debió de declarar él mismo al juez de la 'causa Tándem', Manuel García Castellón, porque ningún otro implicado ha aseverado nada semejante.

¿Pero fue realmente así?

Según el interrogatorio que el magistrado de la Audiencia Nacional mantuvo el pasado lunes con el ya jubilado Agustín Linares, es completamente falsa la 'leyenda' que Villarejo ha mantenido sobre su biografía durante los seis años transcurridos desde que su nombre apareció en la causa del pequeño Nicolás. 

Ni agente encubierto, ni misiones contra ETA, ni nada que ver con el GAL. Para el ex subdirector de la Policía cesado por Margarita Robles en 1995 y ex director de Seguridad del Banco Santander, el ahora comisario encarcelado nunca prestó servicios especiales en la Policía, ni esta utilizó sus empresas para nada; no tenía la compatibilidad concedida ni ningún atributo que le hiciera diferente a los otros miles de agentes. ¿O sí?

Paesa y Al Kassar, traficantes conectados con la Policía

La venta de los misiles a ETA fue bien conocida. Se llamó 'Operación Sokoa' y, según cuenta la historia, fue Paesa quien dio el chivatazo de que ETA buscaba comprar armamento pesado. Junto con el entonces comisario de Información, Jesús Martínez Torres, y el subdirector de la Policía, Agustín Linares, los tres idearon ser ellos quienes les vendieran los misiles tierra-aire de origen ruso, cargados con una baliza que les ayudó a meterse en las tripas de la organización terrorista. 

Se estima que el fugitivo Paesa cobró cinco millones de dólares por este trabajo, en el que también participaron los servicios secretos estadounidenses y los israelíes. La historia está relatada en primera persona por el entonces secretario de Estado de Interior y condenado por los GAL, Rafael Vera, en el libro Operación Sokoa, y Villarejo no aparece en ninguna de sus páginas; sí lo hace Francisco Paesa.  

A preguntas del juez, Linares aseguró que Villarejo no participó en aquella misión. El único servicio especial que hizo para él estando en excedencia, explicó Linares a los fiscales, fue ponerle en contacto con el traficante de armas Monzer Al Kassar, que en aquel momento era cliente del entonces inspector José Manuel Villarejo. Y hasta ahí llegó la declaración del número dos de la Policía en tiempos del GAL, porque se acogió al secreto de Estado al que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sometido esta parte de la investigación.

Lo que sí desveló es que años más tarde, y gracias a la relación que el ahora comisario en prisión mantenía con el traficante de armas por haber sido su cliente, Linares viajó a Siria en compañía de Villarejo y Monzer Al Kassar, invitado por el traficante de armas que había sido procesado por el juez Baltasar Garzón. Allí les recibió, ni más ni menos, el primer ministro. 

Si García Castellón no salía de su asombro -"¿Viajó usted invitado por un traficante de armas?". "Sí, señoría, ya había sido sobreseída la causa por Garzón y no le di mayor importancia"-, peor fue cuando Linares le explicó cómo había vuelto Villarejo a la Policía en 1992.  

Todo se fraguó en el restaurante La Trainera, en una reunión a la que asistieron los entonces ministro de Interior, José Luis Corcuera; secretario de Estado, Rafael Vera; director general de la Policía, Carlos Conde Duque; comisario general de Información, Martínez Torres, y el propio Linares. "¿Pero qué hace un ministro bajando a hablar con un  mero inspector, de los miles que hay en la Policía? No lo sé, señoría, pero así pasó". 

El abogado de Villarejo intentó enfadar a Linares durante la declaración ante el juez y aseguró que otro comisario general de Información, Manuel Ballesteros, le encargó misiones especiales contra ETA en Cuba y Uruguay. Linares dijo desconocer estos hechos y, además, no creérselos. Afirmó que tampoco encargó nada a Villarejo sobre el GAL. Sólo una vez, declaró, se le presentó el policía ahora encarcelado con una grabación entre él y José Amedo, condenado por los GAL; tras escucharla no le pareció nada interesante y lo dejó pasar, afirmó Linares.

Los negocios de Villarejo y las mentiras al juez

Resulta sorprendente lo tajante que fue Linares afirmando que las actividades públicas y privadas de Villarejo estaban completamente desligadas. Sobre todo porque siendo Linares director de Seguridad del Santander, le solicitó un informe sobre uno de los hombres más fuertes entonces del Banco Santander, Julián Martínez-Simancas, un ejecutivo a la altura de Amusátegui.

Cuando fue a enseñarle a Martínez-Simancas el informe con el que quería amedrentarle, Linares se llevó la sorpresa de que el ejecutivo ya lo tenía en sus manos. En aquel entonces, Villarejo ya se había reincorporado de su excedencia y trabajaba de nuevo en la Policía.

Es decir, que sabiendo que estaba en activo en el Cuerpo, Linares le encargó un trabajo que era incompatible con sus obligaciones policiales, aun siendo consciente de que era un delito. Y esto dejó a la treintena de abogados que había en la sala con cara de incomprensión absoluta.

A finales de 2017, con Villarejo ya en prisión, Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado y Eugenio Pino enviaron una carta al juzgado diciendo que las actividades del comisario jubilado eran compatibles con su actuación como policía y que le habían dado permiso todos los superiores que habían estado al frente.

La carta había sido escrita por el entonces abogado de Villarejo, Ernesto Díaz Bastién -que fue abogado también de Monzer Al Kassar y, que lo es en la actualidad del amigo-socio del policía Adrián de la Joya-, y Linares sólo se limitó a firmarla. Pero su declaración ante el juez y la prueba introducida en el sumario tienen un contenido contradictorio; es decir, que en una de las dos ocasiones Linares miente. Y no puede hacerlo, ya que declara como testigo. 

Con Villarejo y uno de los hermanos de Ernesto Díaz Bastién, Héctor (fugado tras ser condenado por blanqueo de capitales), tuvo Linares otro encuentro. Según Linares, tanto el policía encarcelado como el abogado huido le propusieron hacer un negocio en Rumanía junto a un constructor, a lo que él no accedió.

Sin embargo, en el sumario de Tándem consta un conversación entre los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo en la que dejan claro que es Linares, junto a la que fue su secretaria y la de Eugenio Pino y que tiene buenos contactos en Rumanía, quien les solicita el censo de ciudadanos rumanos para facilitárselo a otro constructor. 

A pesar de su escasa relación "sólo hablábamos una vez al año"-, cuando Linares tuvo la idea de montar una empresa, acudió según él una vez a Cenyt, la matriz empresarial propiedad del comisario encarcelado. Allí Villarejo le invitó a pasar y le ofreció gestionarle un domino web y hacerle tarjetas, pero Linares declinó la oferta. Quien sí trabajó un par de meses en otra sociedad creada por Villarejo, Medialink, fue la hija de Linares. 

La última perla que dejó Agustín Linares en sus dos horas de declaración está relacionada con la 'Operación Cataluña'. Aseguró al juez que Villarejo no había hecho nunca investigaciones sobre ETA, ni sobre Filesa, ni sobre Piqué Vidal, ni sobre Jordi Pujol, y que tampoco le ofreció ningún trabajo relacionado con la 'Operación Cataluña'. Pero esto ya es otra película... 

... CONTINUARÁ