72 horas antes del referéndum en Cataluña del 1 de octubre, el Parlamento de Andalucía va a sumergirse en un tenso debate sobre el conflicto secesionista y el papel que están haciendo los jueces y el Gobierno central. El debate es una réplica al que se vivió en el Congreso hace una semana, de hecho, parte de la misma iniciativa de Ciudadanos de rechazo al independentismo y respaldo al Ejecutivo de Mariano Rajoy. De las Cortes Generales no salió el voto unánime de las fuerzas que apoyan el orden constitucional, en cambio sí evidenció la guerra fría que libra el PSOE de Pedro Sánchez y la formación de Albert Rivera a cuenta del problema catalán.

Los socialistas votaron en contra de la iniciativa de Ciudadanos, no porque rechacen el texto, sino por la “guerra sucia” de los naranjas en la tramitación, a quienes acusan de querer llevarles a rebufo. Esa tensión entre ambos se ha trasladado a Andalucía, donde sus partidos son socios de legislatura y conviven con comodidad. El misil que puede poner en riesgo la estabilidad andaluza es la circular interna que Ferraz envió el lunes a Susana Díaz, prohibiéndole apoyar la iniciativa de Ciudadanos sobre el tema catalán sin consultarlo antes con la ejecutiva federal.

La carta, que ha sentado “fatal” a la presidenta de la Junta, enfrenta a los socialistas andaluces a una disyuntiva compleja. Díaz sopesa entre desobedecer a Sánchez para mantener un discurso coherente sobre Cataluña (además de no poner en riesgo la estabilidad con sus socios) o negociar con Ferraz una alternativa que le evite entrar en contradicciones en Andalucía. Ante esta situación se ha pronunciado el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, que al margen del debate del jueves en el Parlamento ha asegurado: “Hay que evitar que cualquier problema orgánico pueda desviar la atención sobre el grave desafío institucional que estamos viviendo”.

En la vida parlamentaria, las proposiciones de ley (PNL) suelen pasar desapercibidas, porque no representan ninguna función ejecutiva. No obligan al Gobierno autonómico a activar políticas, pero sí sirven de posicionamiento respecto a asuntos que exceden de su competencia, véase, el referéndum de autodeterminación en el Kurdistán, que se debatió en el Parlament catalán en 2014, o la consulta secesionista en Cataluña del 1 de octubre.

Ciudadanos ha presentado en todos las cámaras autonómicas y municipios importantes la misma PNL que registró la semana pasada en Madrid. La iniciativa brinda su “apoyo al Gobierno, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal y el resto de representantes del Poder Judicial y de Autoridades Públicas” para defender la “legalidad” y para que se pongan en marcha todas las medidas “necesarias” y “de manera proporcional” para impedir el 1-O.

El PSOE-A comparte el fondo del asunto, es más, el discurso de Susana Díaz los últimos días no difiere nada de este planteamiento. Díaz cree que los independentistas se han saltado la legalidad y el marco constitucional para forzar el 1-O, y llegados a este punto no tiene dudas en que debe alinearse con el Gobierno (aunque ella prefiere decir “el Estado” para subrayar que el órdago catalanista no es contra Rajoy, sino contra el orden constitucional). “El Estado somos todos”, dice.

En este contexto, no es de extrañar que el Ejecutivo andaluz, a través de su portavoz, haya lanzado este martes una consideración general que induce a pensar en lo que debería ocurrir el jueves en el Parlamento: “El grave desafío institucional que estamos viviendo en España nos obliga a todos a estar unidos en la defensa del Estado de Derecho y el cumplimiento de la legalidad”, dice Blanco, al ser preguntado sobre la iniciativa de C’s.

Riesgo a la estabilidad andaluza

Con todo lo dicho, cabría pensar que el PSOE andaluz y sus 47 parlamentarios no tendrán ningún problema en respaldar la iniciativa de Ciudadanos, a la sazón socios de investidura, con los que además acaban de firmar el pacto presupuestario para 2018, consolidando su alianza hasta final del mandato. Susana Díaz y el partido de Albert Rivera mantienen excelentes relaciones en Andalucía, la primera y única comunidad que ya tiene amarradas las cuentas del año que viene, y que disfruta de una estabilidad política que no existe en otras partes del país.

La buena salud de esta alianza tiene mucho que ver con que Ciudadanos en Andalucía da la espalda al PP, el otro partido que se disputa el electorado conservador, y el PSOE ningunea a Podemos e IU, las otras dos fuerzas del flanco izquierdo. La aritmética parlamentaria está a su favor, no necesitan los votos del resto para sacar adelante sus políticas. Este escenario es distinto en Madrid, donde el reparto de poder es diferente, y de ahí surge la dificultad de extrapolar a Andalucía las votaciones que se producen en el Congreso, y viceversa.

El PSOE iba a abstenerse ante la iniciativa de C’s, pero al final Sánchez ordenó votar que no. En parte porque le interesa mantener la iniciativa política en el tema catalán, plasmada en la comisión por el diálogo que se ha creado a propuesta suya en el Congreso (y a la que se han sumado todos los grupos, incluido el PP, y a última hora también C’s). En ese impasse entre el sí y el no, cuatro diputados socialistas vinculados a Susana Díaz -tres de ellos andaluces- rompieron la disciplina de voto y se abstuvieron, dicen, que por “error”. Pudo ser, aunque coincide con que justo en ese momento, 500 kilómetros al sur, PSOE-A y C’s estaban firmando el pacto presupuestario para 2018, con un volumen superior a 33.000 millones de euros.

Si hay o no un nuevo conflicto entre la posición del PSOE de Sánchez y el de Díaz respecto a Cataluña es algo que se resolverá este jueves en el Parlamento. Hace tres días los socialistas andaluces estaban dispuestos a apoyarla íntegramente, pero el lunes les llegó la orden desde Ferraz alentándoles a que lo lo hicieran. Sánchez no quiere fisuras en su grupo respecto al conflicto catalán, cree que Rivera juega a dividir el partido para ganarle terreno, y no le gusta que nadie en su equipo se preste a eso. Especialmente Susana Díaz. El PSOE andaluz tendrá que consultar a la dirección federal incluso para introducir una enmienda a la propuesta de C’s, según reza en la directriz remitida a todas las federaciones y grupos municipales.

Con Sánchez o con Rivera

La situación de Díaz es complicada, porque es la única líder autonómica con un Gobierno que depende exclusivamente de Ciudadanos. Si vota contra su iniciativa, como hizo el PSOE en el Congreso, podría abrir una grieta en el pacto con sus socios. Si vota a favor, podría agrandar el cisma con Ferraz y avivar las críticas que la señalan como la una persona díscola, incapaz de asumir su derrota en las primarias contra Sánchez. Es un dilema complicado, lleno de matices, que algunos en el partido simplifican con esta disyuntiva: ¿Con quién se alineará Susana Díaz, con Pedro Sánchez o con Albert Rivera?

En realidad todo es más complejo, porque la cuestión de fondo es el debate territorial, algo que preocupa especialmente en Andalucía y que se sale de los márgenes del conflicto de Cataluña. Díaz cree que tras el 1-O esta crisis de Estado debe derivar en un debate profundo sobre la financiación autonómica y el reparto de competencias, y ahí quiere estar muy vigilante para que ningún acuerdo bilateral entre el Gobierno y Cataluña termine perjudicando a su comunidad.

En este sentido, si Susana Díaz cumple la orden de Ferraz y vota contra la iniciativa de Ciudadanos, ella misma entraría en contradicciones con su propio discurso, porque el resultado de la votación reflejaría que el Parlamento de Andalucía no está alineado con el Estado en el conflicto catalán. La misma imagen de desunión que proyectó el Congreso la semana pasada y que Díaz rechaza, porque sabe que los observadores internacionales no entienden que los partidos constitucionalistas no sepan aparcar sus diferencias ideológicas para cerrar filas en algo tan básico como la defensa de la legalidad vigente.

Entre el 28F y el 1-O

Esta votación reflejaría además una imagen insólita en el Parlamento andaluz: PSOE, Podemos e IU alineados a la izquierda, y PP y Ciudadanos a la derecha. No es que sea poco habitual esta foto -y menos cuando se vota una PNL-, pero sí lo es en todo lo que tiene que ver con el referéndum de Cataluña y el debate territorial. La formación morada y los comunistas defienden esta consulta, con más o menos matices, y los socialistas no. Pueden reprocharle muchas cosas a Rajoy -falta de diálogo, incapacidad para negociar, inmovilismo-, pero ahora mismo, a pocas horas del referéndum, respaldan sin fisuras el cumplimiento de la legalidad. Además, la posición de PSOE y Podemos al respecto están en las antípodas, sobre todo ahora que el grupo de Teresa Rodríguez equipara el referéndum del 28F (consulta legal por el Estatuto andaluz de 1980) con el 1-O, una convocatoria ilegal y promovida al margen de la Constitución y del Estatut catalán.

Dicho todo esto, nunca una iniciativa parlamentaria de segundo orden como es una PNL ha exigido tanta reflexión y cautela, tanta estrategia partidista y tanta negociación a tres bandas como ésta. El PSOE andaluz quiere resolver el sudoku sin hacer daño a nadie, pero está por ver cuán flexibles son en Ferraz y en el despacho de Rivera. Los socialistas quieren convencer a sus socios de que acepten algunas enmiendas a su propuesta, similares a las que se presentaron en el Congreso. El PSOE aceptó tres de cuatro, aunque al final rompió la baraja porque intuyó que Rivera estaba más interesado en desestabilizar a su grupo que en lograr la unidad de la Cámara.

El secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, resume este lío político en un solo axioma que lo explica todo: “No es lo mismo el contenido de una propuesta que el trámite parlamentario”. Quiere esto decir que los socialistas andaluces no ven en el texto de la iniciativa de Ciudadanos ninguna razón para votar en contra, ni ellos ni Ferraz. Pero Cornejo, que ha estado en mil negociaciones (con los suyos y con los otros), entiende que el trámite parlamentario de la PNL en el Congreso pudo no ser limpio, y que ahí puede estar la razón oculta de por qué el PSOE rechazó una propuesta cuyo contenido no difiere mucho de lo que ellos defienden. Ahora bien, ¿existen esas mismas circunstancias entre socialistas y naranjas en Andalucía? A todas luces no.

El PSOE andaluz y Ciudadanos tienen un diálogo permanente abierto y gran capacidad para negociar asuntos complejos (véase la polémica rebaja fiscal para familias ricas que ha desatascado el acuerdo presupuestario). El partido naranja está abierto a oír las enmiendas de sus socios. Pero el debate del jueves en el Parlamento andaluz va a depender mucho de la distorsión que llegue desde Madrid, tanto por parte de la dirección federal del PSOE como del puesto de mandos de Albert Rivera. Los socialistas y los naranjas libran una batalla política en el conjunto del país, y ahora el escenario de su próxima escaramuza es Andalucía, donde se arriesgan a zarandear la estabilidad política que no existe en ninguna otra región. Y ese riesgo es algo que Susana Díaz no está dispuesta a asumir.