El Congreso aplaza la decisión sobre la admisión a trámite de la cuestión de confianza de Junts

La Mesa del Congreso de los Diputados aplaza su decisión sobre la PNL que registró Junts per Catalunya en la Cámara Baja para instar al presidente del Gobierno a que se someta a una cuestión de confianza. A la vista de que el informe de los letrados no aclara si el órgano rector del Congreso debe o no admitir a trámite la iniciativa, la mayoría progresista de la Mesa (compuesta por el PSOE y Sumar) ha decidido continuar debatiendo en las próximas semanas.

Este martes a primera hora todo estaba abierto. En este caso, el informe de los letrados ―nunca vinculante― no ha servido para aliviar la presión de la Mesa, el órgano que tiene que tomar siempre la decisión de admitir o no a trámite una iniciativa.

Habitualmente, la opinión de los letrados guía a los diputados que conforman la Mesa en sus decisiones, pero, al no existir ningún precedente idéntico a la PNL de Junts, este lunes se limitaron a exponer todas las opciones existentes y a encomendar a la Mesa que "fije criterio".

Es justo ese punto el que otorga a la decisión de la Mesa una especial trascendencia, toda vez que la postura que termine adoptando no tendrá efecto solo en la PNL que ha auspiciado Carles Puigdemont, sino que sentará un precedente que marcará la actuación que deberá adoptar la Mesa en iniciativas similares futuras. Por eso, entre otras cosas, se ha decidido ampliar el tiempo de estudio del informe de los letrados.

Fuentes parlamentarias informan de que ,"jurídicamente, hay diferentes opciones". Una, frenar la PNL antes de que se empiece la tramitación porque la iniciativa de Junts podría considerarse algo así como una "cuestión de confianza encubierta". Hay que partir de la base de que solo el presidente del Gobierno ―y no el Congreso― tiene la potestad constitucional de someterse a una cuestión de confianza.

Otra, admitirla a trámite porque, con su PNL, no se lleva a cabo una cuestión de confianza, sino simplemente se propone un debate en la Cámara Baja sobre si el presidente debería someterse a la cuestión. La tercera es la reformulación de la PNL. Teniendo en cuenta que el término "cuestión de confianza" está recogido en la Constitución y, por lo tanto, su uso y efecto son rígidos, podría plantearse al grupo parlamentario de Junts que reformulen el texto de su iniciativa para evitar choques entre potestades institucionales.

Enero de 2025

Desde el entorno de la presidenta Armengol, alegan que, al tratarse de un asunto no urgente, pero trascendente, es prioritario hilar fino en la decisión final. No es urgente, sobre todo, porque, en el caso de admitirse a trámite, terminaría calendarizándose el debate en la segunda quincena de febrero. Por lo tanto, la previsión es aplazar la decisión de la Mesa hasta enero, toda vez que, si no hay giros de guion, la de este martes ha sido su última reunión hasta 2025.

De todos modos, tanto los letrados, como las fuentes de la Mesa consultadas tratan de calmar las aguas. Son conscientes, explican, de la trascendencia política de la PNL ―el PP, de hecho, habría estado dispuesto a admitirla a trámite―, pero insisten en que, por mucho que se debatiera e, incluso, se aprobara, no comportaría ningún tipo de responsabilidad jurídica para el presidente del Gobierno.