La desclasificación de los papeles de la muerte de Caparrós enfrenta a PSOE y Sumar en el Congreso
La Mesa de la Cámara Baja, con los votos de PP y PSOE respaldados por un informe de los letrados, ha aceptado la petición de Sumar para que se puedan consultar los documentos clasificados sobre el caso, pero "anonimizando" la información.
Sumar solicitaba que se pudieran desclasificar todos ellos sin cortapisas y con nombres y apellidos. Los de Yolanda Díaz sostienen una interpretación de la ley que lo avala.

Madrid-
La Mesa del Congreso ha decidido, la mañana de este martes, admitir solo a medias una petición de Sumar acerca de la desclasificación de los documentos sobre la muerte de Manuel José García Caparrós. Según ha podido saber Público a través de fuentes parlamentarias, ha dado luz verde, pero "anonimizando la información". Sumar pedía que se desclasificaran los papeles por entero para conocer la identidad de las personas implicadas en el asesinato del andaluz, pero el PSOE, amparado en una nota de los letrados, se ha mantenido firme en su posición.
Símbolo del autonomismo andaluz y militante de Comisiones Obreras, Caparrós (Málaga, 1958 - Málaga, 1977) fue asesinado de un disparo de la Policía Armada precisamente durante una manifestación por la autonomía andaluza, en plena Transición.
En diciembre de 2024, Sumar instó a la Mesa del Congreso a desclasificar los documentos sobre su muerte con tal de esclarecer las circunstancias en las que se produjo. Este martes, finalmente, han obtenido la respuesta.
Tal y como ha podido saber Público, los diputados del Grupo Plurinacional firmantes de la PNL podrán consultar los documentos, pero en una versión anonimizada, es decir, sin los datos personales de las personas que figuran en dichos documentos. En concreto, quienes podrán hacerlo son Verónica Martínez Barbero, Esther Gil de Reboleño, Enrique Santiago, Toni Valero, Engracia Rivera y Francisco Sierra.
En Sumar ha sentado mal que el PSOE haya hecho una especie de pinza con el PP para limitar la desclasificación de los papeles, aunque los socialistas se defienden insistiendo en que la ley no da margen. La votación, tal y como se ha confirmado a Público, se ha decidido con los votos favorables de PSOE y PP y los votos en contra de Sumar, que ha mostrado así su desacuerdo con que no se haya accedido a la desclasificación "sin anonimizar nombres propios", tal y como solicitaban en la PNL.
"Es una terrible noticia. No cumple con la Ley de Memoria Democrática. Se deniega el acceso a la verdad en uno de los crímenes de la transición más execrables. Seguiremos buscando a los culpables", ha aseverado Txema Guijarro, secretario general del Grupo Plurinacional, en una rueda de prensa.
Las razones del PSOE
Fuentes socialistas del Congreso resumen que "la cuestión es que no podemos, aunque queramos, ir en contra de la ley y los informes jurídicos". Dejan claro, así, que también ellos están por la labor de que se conozca la verdad sobre el caso, pero señalan que si hubieran votado a favor se correría el riesgo de incurrir en una acción denunciable.
El informe de los letrados, al que ha tenido acceso Público, respalda, efectivamente, la postura del PSOE. En concreto, propone "someter a la aprobación de la Mesa de la Cámara conceder el acceso anonimizado", sin dar lugar a ninguna otra opción ni votación. Aunque la opinión de los letrados no es vinculante, la Mesa suele aplicarla prácticamente siempre.
En las conclusiones, la secretaría general especifica que la documentación "cuya consulta [Sumar] solicita sin anonimizar tiene carácter secreto" y mantiene, entre otras cosas, que, incluso si Mesa decide que los papeles puedan consultarse, tendrán que ser anonimizados al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico Español y del Real Decreto de 2011 que regula el Sistema Español de Archivos, que aclara que "los documentos de antigüedad inferior a los 50 años" —como es el caso— podrán ser consultados "cuando se proceda previamente a la oportuna disociación de los datos de manera que se impida la identificación de las personas afectadas".
Sumar exige más voluntad
En Sumar hacen otra lectura. Consideran que lo que se persigue con la legislación a la que se refieren los letrados de la Cámara es que no se conculquen los derechos de las personas que aparecen en la documentación. "Por el tiempo transcurrido", explica un diputado a Público, "los protagonistas o están muertos o fuera de servicio", por lo que no se violentarían sus derechos.
Consideran, por otra parte, que la Mesa tiene potestad para habilitar la desclasificación sin cortapisas de los archivos y que, si el PSOE hubiera tenido la suficiente voluntad, podrían haber elevado la cuestión incluso al Ministerio del Interior. Se trata de una cuestión, por lo tanto, que divide a los dos socios del Gobierno —cuando menos, en lo que refiere a la actividad parlamentaria— y que los de Díaz se niegan a dejar aparcada.
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