El Gobierno prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros un paquete de créditos a las comunidades autónomas por valor de 100 millones de euros, dirigidos a financiar el Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil para 2020.

En concreto, y según trasladan fuentes del Ejecutivo a Público, el 60% de estos créditos no conllevarán obligaciones de cofinanciación para las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, que sí estarán obligadas a invertir la misma cantidad que reciban de la Administración central en dos de los cuatro programas, por valor de algo más de 40 millones.

Se trata de una iniciativa ya puesta en marcha por anteriores Ejecutivos -en 2019, con idénticas cuantías y criterios-, si bien este año la interlocución con las comunidades y la supervisión del desarrollo de estos programas correrá a cargo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en manos del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Además, el Consejo de Ministros ordinario prevé aprobar el informe Reconstruir lo común, la implementación de la Agenda 2030 en España, un balance del cumplimiento de los compromisos recogidos en la Agenda 2030, que en sus conclusiones aboga por aumentar los impuestos a las clases más altas. Estas conclusiones no son vinculantes, pero teóricamente marcan el camino a seguir para el Ejecutivo, con mención al esfuerzo por universalizar el acceso a la educación de 0 a 3 años a través de una red pública, o al llamamiento a "reconstruir un nuevo modelo productivo, apoyado en una reindustrialización verde, sostenible y conectada".

45 millones para familias con hijos y en riesgo de pobreza

Un primer programa, centrado en la protección de las familias y atención a la pobreza infantil, por importe de 45 millones de euros, se distribuirá entre proyectos de intervención social y prestaciones, sean económicas o en especie, que sirvan para mejorar la situación de familias vulnerables con menores a cargo, en riesgo de pobreza o exclusión.

Aquí caben tanto los proyectos pensados para cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, vivienda, y empleo, como los de apoyo a la conciliación familiar y laboral, y los servicios de intervención y apoyo familiar referidos en el abanico del Catálogo de referencia de Servicios Sociales (de la mediación familiar a la atención socioeducativa de menores).

Un segundo programa, centrado en el derecho de alimentación, ocio y cultura de niños y adolescentes durante las vacaciones escolares, así como en la conciliación de la vida familiar y laboral, está dotado con 15 millones de euros.

Reforzará iniciativas puestas en marcha por comunidades autónomas y ayuntamientos, en todo lo que respecta a la alimentación básica de estos menores, al fomento de actividades de ocio y tiempo libre, culturales y educativas, y a la conciliación de la vida familiar y laboral para familias con hijos a cargo y en situación de vulnerabilidad social.

Un tercero, dotado con 40 millones, si obligará a las comunidades que quieran acogerse a estos préstamos a invertir, al menos, la misma cantidad que reciban del Ejecutivo, y dejará en su mano establecer las aportaciones de las corporaciones locales. El objetivo de esta partida es mantener la red de servicios sociales de atención primaria, en manos de los ayuntamientos, y para ello se cofinanciarán proyectos en diversas áreas: "Información y orientación"; "Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia"; "Alojamiento alternativo" y "prevención e inserción social".

En última instancia, un cuarto proyecto, por valor de 412.500 euros, irá destinado a la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano, enfocado en "las personas gitanas más desfavorecidas", en el marco de la Estrategia Nacional para la Inclusión de la población gitana en España 2012-2020. En este caso, las comunidades y las ciudades autónomas deberán aportar "al menos, dos tercios" de la cantidad desembolsada por el Ministerio, que elegirá estos proyectos junto con las CCAA.

Las medidas para luchar contra la pobreza infantil estaban ya recogidas en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para formar el Gobierno de coalición, y han sido desde el primer momento una prioridad para el Ejecutivo.

De hecho, Pedro Sánchez, una de las primeras decisiones que tomó nada más llegar a La Moncloa fue la creación de un alto comisionado para luchar contra la pobreza infantil que, además, dependía directamente de la Presidencia del Gobierno.