La polémica generada después de que se publicara que Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y diputado más rico de la Asamblea madrileña –con un patrimonio que supera los 1,4 millones de euros–, percibe el bono social térmico, una ayuda para pagar la calefacción y el agua caliente que concede el Ministerio para la Transición Ecológica y cuyos pagos gestionan las comunidades autónomas, ha terminado salpicando a toda la clase política e incluso al propio Gobierno.

El nombre de Ossorio ha sido el primero en saltar a los titulares, pero no el único. El marido de Mónica García, líder de Más Madrid, también aparece como perceptor de ese bono social térmico. Tanto Ossorio como García percibieron a finales del año pasado una ayuda de 195,82 euros al año por este concepto.

Ossorio y García no son los únicos políticos que han recibido esta prestación. La lista es amplia y afecta a miembros de todos los partidos. Cuenta el digital Infolibre que Alfonso Serrano, número dos del PP de Madrid y declarado ultraliberal, percibe la ayuda pero en su caso para "consumidores vulnerables severos", prestación que puede llegar hasta los 313,30 euros anuales, además de beneficiarse de un 40% de descuento en la factura de la luz, porcentaje que sube un 80% en 2023. También ha trascendido en las últimas horas el nombre de Rocío Monasterio, líder de Vox en la Comunidad de Madrid.

Público, por su parte, ha podido comprobar y certificar que otro dirigente de Vox también percibe el bono social térmico. Se trata de Javier Viviente, coordinador del partido ultraderechista en Madrid capital y vocal de su ejecutiva provincial.

Las diferencias entre el bono social eléctrico y el térmico

Estos cargos políticos forman parte de las 137.346 personas que se beneficiaron en la Comunidad de Madrid del bono social térmico durante 2022. El coste total es de 70 millones de euros al año. La polémica no viene provocada sólo por el hecho de que políticos cobren estas ayudas: la cuestión radica en que este bono social térmico lo reciben de manera automática todas aquellas personas que ya tienen concedido previamente el bono social eléctrico.

El debate se ha focalizado en torno a las condiciones de acceso al bono social de la luz por parte de las familias numerosas, para las cuales, por lo general, no existe hasta ahora un criterio de renta. Esta circunstancia ha obligado al Gobierno a trabajar a contrarreloj para reformar su diseño a fin de primar el apoyo a las familias más vulnerables y a quienes realmente lo necesiten.

El bono social eléctrico es un mecanismo puesto en marcha por el Gobierno el 1 de julio de 2009 para proteger a los consumidores vulnerables. Tienen derecho a él las personas que tengan contratada con su comercializadora de referencia una tarifa regulada o PVPC, es decir, con una potencia igual o inferior a 10 kilovatios (kW), y cumplan con varios requisitos personales, familiares y de renta.

Sin embargo, al margen del bono social eléctrico se encuentra el bono social térmico, un programa de ayudas creado en 2018 para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina.

Son beneficiarios, sin necesidad de realizar ningún trámite ni solicitud, quienes ya percibían el bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior o hubiesen obtenido una resolución favorable a su solicitud antes de esa fecha.

De acuerdo con la última estadística del Ministerio de Derechos Sociales, en España hay 757.410 títulos de familias numerosas en vigor. De ellas, más de 396.000 serían potenciales beneficiarias del bono social en este 2023, según las previsiones de coste realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Sin embargo, sólo un 47% de las familias numerosas tendrían consideración de consumidores vulnerables severos, única categoría para la que sí se tienen en cuenta los niveles de renta, al recibir un mayor descuento en la factura eléctrica.

Esta mismo jueves por la mañana, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha admitido que el Ejecutivo estudia establecer límites máximos de rentas para el acceso de familias numerosas al bono social de la luz, para evitar que lo tengan "personas que no lo precisen y con ausencia de ética". En ese sentido, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, podría estar en los 26.000 euros por familia.