Vista una, vistas todas. Cada vez que llega una pregunta escrita desde el Congreso sobre la venta de armamento a Arabia Saudí, el Gobierno se limita a copiar y pegar la misma respuesta. Así lo acaba de comprobar la diputada de ERC Marta Rosique, quien intentó, sin éxito, conocer cuáles son los fundamentos concretos del Ejecutivo para autorizar este tipo de negocios con la dictadura de Salmán bin Abdulaziz.

La consulta enviada por la representante de la formación catalana aludía a la última visita a España de uno de los barcos de la muerte saudíes. Rosique preguntó al Gobierno sobre la llegada el pasado 4 de febrero al puerto de Sagunto del buque Bahri Abha, uno de los empleados por el régimen para el transporte de armamento.

En su iniciativa, la diputada advertía sobre "el uso reiterado del armamento importado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes en la guerra de Yemen", al tiempo que citaba las resoluciones del Grupo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que solicitó en reiteradas ocasiones la suspensión de las transferencias de armas a las partes en conflicto.

Rosique pidió información sobre las actividades del barco en Sagunto, al tiempo que recordó al Gobierno la vulneración al Tratado de Comercio de Armas que supone la exportación de material bélico a Arabia Saudí y Emiratos, responsables de crímenes contra civiles en suelo yemení.

"¿No resulta suficiente el conocimiento que tiene el Gobierno sobre el uso de armamento exportado en la guerra del Yemen? De no ser así, ¿qué evidencia más necesita?", cuestionaba la diputada de ERC en la consulta remitida al Ejecutivo.

"No hay embargo"

La respuesta del Gobierno contiene los mismos argumentos ofrecidos en ocasiones anteriores. Sin despegarse ni un milímetro de su discurso habitual, vuelve a alegar que "los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen no están sometidos a embargo alguno por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Unión Europea en la exportación de armamento o de material policial y antidisturbios".

Señala, además, que "el Gobierno no tiene constancia del uso ilícito de material militar español en Yemen" y reivindica que "las autoridades españolas están firmemente comprometidas con la normativa nacional e internacional que tiene por objeto el control efectivo del comercio exterior de material de defensa, cumplen estrictamente esta legislación, siguen las recomendaciones de la ONU y anteponen el respeto y la preservación de los derechos humanos por encima de cualquier otro interés". 

El argumentario habitual solo se rompe en el último párrafo de la respuesta enviada a Rosique: en alusión al barco de muerte saudí que llegó a España el pasado 4 de febrero, el Ejecutivo se limita a indicar que "la documentación presentada por el consignatario del buque va referida a carga en tránsito y no existe previsión de operaciones de carga en Sagunto para el tipo de material por el que se pregunta". 

Respuesta habitual

Según ha podido verificar Público, el Gobierno ha recibido desde 2019 cerca de una veintena de preguntas que aluden precisamente a las actividades de este tipo de barcos en puertos españoles y a los negocios de armamento con Arabia Saudí.

Las respuestas del Ejecutivo contienen prácticamente los mismos párrafos justificativos, sin proporcionar los datos exactos que Marta Rosique (ERC), Miriam Nogueras (Junts) y Jon Iñarritu (EH Bildu) han solicitado en reiteradas ocasiones.